El 3 de junio pasado Loncopué entraba en la historia. Se convertía en el primer pueblo argentino que prohibía la megaminería en una votación de obligado cumplimiento. Una lucha que comenzó en 2007.

Loncopué es un pueblo de poco más de 7.000 habitantes en la provincia patagónica de Neuquén, en el sur argentino. Nadie hubiera sospechado de su existencia de no ser porque sus habitantes, aliados con las poblaciones y las comunidades mapuches cercanas, consiguieron expulsar no a una sino a dos multinacionales mineras de sus alrededores.

Pero algo distingue a Loncopué de otras experiencias semejantes de lucha contra la minería metálica a cielo abierto en Argentina. Después del 3 de junio de 2012 se ha convertido en el primer pueblo argentino que ha conseguido prohibir la megaminería a través de un referendum vinculante. El plebiscito de Esquel, en febrero de 2003, abrió el debate en el país sobre qué significa la minería a cielo abierto. El de Loncopué es el primero de obligado cumplimiento.

Para que la votación fuera válida tenía que votar más del 50% de padrón. Ni los carteles de “No te dejes engañar, no vayas a votar” o las ’patotas’ amenazantes del partido gobernante en la provincia, impidieron que la jornada fuera una fiesta. Acudió a votar el 72%. Y el 82% votó a favor de la ordenanza que prohibe la megaminería en el municipio.

Pero ésta no es la primera victoria de Loncopué contra la megaminería, sino la tercera.

Adriana Millán trabaja en el hospital de Loncopué. Cuando en 2007 empezó a ver por el pueblo los camiones de la empresa minera canadiense Golden Peaks no pudo “quedarse al margen”. El oro de uno de los cerros próximos había despertado el interés de esta multinacional.

Los vecinos de Loncopué se organizaron, inspirados por la experiencia de Esquel, en una Asamblea de Autoconvocados. De la misma forma que los vecinos de Campana Mahuida, a 17 kilómetros de Loncopué, y la comunidad mapuche de Mellao Morales.

La campaña en contra de la minera que iniciaron tuvo repercusión internacional. “Al poco tiempo, la empresa canadiense decidió retirarse porque sus acciones en bolsa había empezado a bajar por la protesta. Ésa fue la primera victoria”, dice Millán. Había sido relativamente fácil. Sobre todo en comparación con la amenaza que se avecinaba.

Y ahora... más difícil todavía

La segunda vez, en 2009, la empresa ya no era canadiense, sino china. Con el nombre de Emprendimientos Mineros SA, la compañía compró una mina en el cerro Tres Puntas “a un precio irrisorio”. Según cuenta Millán, no hubo licitación ni se respetó ninguno de los mecanismos legales previstos para este tipo de inversiones. “La estructura de la asamblea ya estaba creada, pero nos encontramos con una diferencia. Al tratarse de una empresa china, que no depende de la cotización en bolsa, no le temen en lo más mínimo a su imagen pública”.

En esta ocasión, se trataba de una explotación de cobre a cielo abierto. El emprendimiento implicaba, explica Adriana Millán, la construcción junto al cerro de una planta de producción de ácido sulfúrico, utilizado para la extracción de cobre. “Al conocer el proyecto, sabíamos lo que implicaban las voladuras, muy cercanas a tierras mapuches y a los campesinos. El río que pasa por ahí es un afluente del río Neuquén, y también sería contaminado. La comunidad mapuche iba a ser seriamente agredida y desplazada por esa megainstalación. El lonko [líder] de la comunidad siempre mantuvo muy fuerte su posición, representando a la comunidad, que además considera al cerro Tres Puntas como sagrado”.

Como profesional de la salud, Millán explicaba a los pobladores los efectos nocivos de las minas a cielo abierto en el cuerpo humano. “Los metales pesados van a parar al agua y provocan multitud de enfermedades: anemias crónicas, distintos tipos de cáncer, problemas de fertilidad... El polvo de las voladuras genera alergias, enfermedades respiratorias y problemas de piel. Por no hablar de los posibles incidentes derivados de la manipulación de ácido sulfúrico. Para esas tragedias no había infraestructura en el pueblo. Nosotros dijimos que no estábamos preparados para la epidemia minera”.

A las dificultades se le sumaba la complicidad del Gobierno de la provincia, presidido por Jorge Sapag. “La familia Sapag es de tradición minera. Tienen empresas mineras varios familiares. El sobrino del actual gobernador es el presidente de la Unión de Productores Mineros del Neuquén. Y uno de los hermanos de Jorge Sapag es propietario de una empresa de infraestructura logística que provee a mineras”.

Sin embargo, la coordinación de las asambleas de todos los pueblos y comunidades afectadas, y, sobre todo, la unión entre vecinos y mapuches frustró los planes de la minera. Por la vía legal consiguieron anular las dos primeras audiencias públicas, paso previo para aprobar cualquier emprendimiento minero. En marzo de 2009, el mismo día que la jueza canceló la segunda audiencia, “por si acaso”, los vecinos convocaron la primera gran marcha. “Creíamos que íbamos a ser un puñado y fuimos 3.000, de un pueblo de 6.000. Vino gente de las otras comunidades mapuches y gente que no sabíamos que iba a venir. Ahí el pueblo se empoderó mucho”, recuerda.

“Como si Argentina hubiera ganado el mundial”

Ante el aumento de la oposición al proyecto, la empresa aumentó a su vez los actos de propaganda. Convocó una fiesta de la minería, con elección de reina incluida, incluso el mismo intendente “repartió pollos” en la comunidad mapuche de Mellao Morales. “Siempre buscaron apoyos entre los desocupados y la comunidad mapuche, creyendo falsamente que eran los más débiles”. Al mismo tiempo, comenzaban las amenazas, como las que recibió la radio Arcoiris, una de las emisoras más críticas con el proyecto.

La tercera audiencia estaba convocada para septiembre de 2009. Una semana antes la asamblea instaló un corte de ruta: los conocidos pasaban, no así “los funcionarios mineros y los lobbistas locales, la mayor parte terratenientes que colaboraban con la minera”. Por el otro camino a la mina, la comunidad mapuche bloqueaba el acceso.

Mientras cientos de personas continuaban con los cortes de ruta, un grupo de asambleístas, acompañados de organismos de derechos humanos, acudieron a la ciudad de Neuquén, para hablar con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia. La causa por la supuesta venta ilegal de la mina estaba “cajoneada” desde hacía más de un año. “Se le informó al Tribunal de la situación que se estaba viviendo, que no íbamos a permitir que se hiciera la audiencia pública, que el clima era muy tenso. En ese momento estábamos recibiendo rumores de que iban a venir con patotas de la construcción y mineros. ’Les hacemos responsables de lo que pueda pasar’, les dijimos. Y todo esto se hizo público”.

El día 28 de septiembre el Tribunal se iba a pronunciar sobre el reclamo. Un grupo de asambleístas se había congregado para esperar el fallo. “Ahí vivimos los momentos de mayor angustia. Nos enteramos porque nos comenzaron a llamar, y de golpe se empezaron a escuchar bocinazos en todo el pueblo”.

Ante la evidencia de irregularidades, el Tribunal había decidido paralizar el proyecto hasta que un nuevo juicio dictamine si esa venta fue legal. “Fue como si Argentina hubiera ganado el Mundial de fútbol, todo el mundo salió a la calle, en horario laboral, a abrazarnos y festejar. En ese mismo momento decidimos que la marcha que se iba a hacer para impedir la audiencia la haríamos al día siguiente, pero para festejar. Y ahí fue una marcha de victoria y alegría absoluta, junto con toda la gente que nos había apoyado”.

Tres años después, la votación del referendum del 3 de junio convierte la victoria de Loncopué, Camapana Mahuida y Mellao Morales contra la megaminería en definitiva.

http://www.diagonalperiodico.net/Un-pueblo-argentino-consigue.html