Nuevamente se aproximan conflictos en el horizonte político y social en Bolivia. Después de las violentas jornadas del denominado "febrero negro" de 2003, y de los duros enfrentamientos entre indígenas de los Andes y el gobierno de Bánzer Suárez (2000-2001), corren hoy nuevos vientos de beligerancia social y estatal. Este escenario se define dentro de un contexto histórico y estructural muy particular. Según A. Bello y M. Rangel, en Bolivia el 81,2% de la población es indígena (1). De acuerdo al Censo de Población y Vivienda de 2001, la población autoidentificada como indígena es del 61,21%, (2) lo que quiere decir que en Bolivia es mayoría, pero hasta hace poco era considerada como una simple mayoría estadística. El mapa de pobreza del 2001 muestra que estas poblaciones son, además, los más pobres. La población pobre en Bolivia es del 58,6%, de la cual el 90,8% (3) está en el área rural. Pese a que, según el Instituto Nacional de Estadística, la pobreza ha bajado a nivel nacional de 70.9% (censo de 1992) al 58.6% (censo de 2001). Después de las violentas jornadas de febrero, el gobierno de Sánchez de Lozada, parecía haber entendido la impopularidad de sus medidas, especialmente del impuestazo. Había dejado de ser ministro de Estado Sánchez Berzain, uno de los acusados, junto a Freddy Teodovich, como responsables en el más alto nivel político-estatal de los trágicos días de violencia social y estatal. A la posibilidad incierta de dicha reflexión interna del gobierno, por la aparente "humildad" asumida con respeto a los derechos ciudadanos y democráticos, no ha cambiado su manera de gobernar el país. Por el contrario, se observa que en ese "tiempo de humildad", ha planificado un sistema de represión más violenta contra las protestas sociales y los movimientos indígenas y campesinos. Esto es elocuente por la nota presentada en Juguete Rabioso (agosto-septiembre, 2003) donde se muestra un plan militar de represión violenta definido como antidisturbios, mismo que consiste en reducir físicamente a los actores sociales de protesta, aún con la posibilidad de su eliminación física, porque los grupos llamados Agrupación Táctica Antidisturbios (ATA) están acompañados de 'una...Ametralladora'. (4) En ese sentido, hay una línea de pensamiento y acción en el gobierno, apoyado por los grupos políticos aliados (Unión Cívica Solidaridad, Movimiento de la Izquierda Revolucionaria) de implantar un régimen de terror fundado en los mismos marcos legales recientemente sancionadas en el Congreso Nacional. Es decir, se ha diseñado una especie de ingeniería político-militar para abortar toda posibilidad de acción colectiva y beligerante de los distintos sectores sociales demandantes de una gestión más acorde con las condiciones de vida social y económica de la población y de los indígenas. Posiblemente este diseño político-militar haya sido iniciado entre los mismos días del "febrero negro" porque allí mueren más de 30 ciudadanos. Claro, esta indignación colectiva viene como una acumulación social desde la década de los noventa, mismo que explota en abril-septiembre de 2000 y junio-julio de 2001. Febrero es la culminación y manifestación pública de ese descontento generalizado con el gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario, MNR, y del modelo económico de libre mercado. Entonces, ante esta situación social y política, el gobierno de Sánchez de Lozada se ha armado de argumentos políticos poco valederos, pero con instrumentos jurídicos, posiblemente más efectivos, como es la ley de la Seguridad Ciudadana (no. 2494) (5) con la que se criminaliza la protesta social porque hay una sanción de cinco a ocho años de cárcel para los que realicen los bloqueos "de los transportes públicos, por tierra, aire o agua". El mismo hace recordar una anterior propuesta realizada en la gestión de Bánzer Suárez, por Alberto Valle, ex prefecto de La Paz, de regular las marchas y protestas sociales mediante una solicitud a la prefectura. Así, más que legitimarse ante los múltiples sectores sociales, el gobierno no encuentra una posibilidad real de convencer a dichos sectores (indígenas y sectores populares con influencia directa de los pueblos indígenas), porque se ha envuelto, además, en escándalos de niveles públicos impresionantes, aunque eso no es novedad en Bolivia. Tal es el caso de los conscriptos utilizados en trabajos particulares. El caso más bullado es el del denominado "macororó", que involucra al ex ministro de Defensa, Freddy Teodovich, y a mandos intermedios de las Fuerzas Armadas. Otro caso de importancia pública por demás elocuente es la falsa lucha contra la corrupción cuando el vicepresidente Carlos Mesa, como encargado de la oficina anticorrupción, no tiene, como se ha visto, facultades o poder real para luchar contra la corrupción. Otro caso referido es la imputación por la Fiscalía General de la Nación a los responsables del "febrero negro", en el que aparecen los responsables intelectuales de lo que podemos llamar la "masacre del MNR", es decir, los ex ministros de Defensa y del Gobierno. Otro hecho no menos importante es lo que se viene llamando el "facturazo", el cobro de facturas falsas, medida que está siendo resistida por casi todos los sectores. Es decir, no hay acciones de gobierno de merezcan una consideración o consideren las condiciones económicas de la población. Por el contrario, hay una nueva reforma tributaria expresada en la expedición de un nuevo Código Tributario (no. 2492) (6) orientado fundamentalmente a achicar el déficit fiscal del 6% anual, mismo que tiene la lógica de extraer los recursos a los sectores desfavorecidos. Nuevos mecanismos de represión Dentro de las teorías de los movimientos sociales, se afirma que para que éstos existan deber haber ciertas condiciones estructurales y coyunturales como mecanismos detonantes. Y esas condiciones están muy presentes en la polémica relación sociedad y Estado. Enumeremos los mismos. El gobierno ha sancionado un nuevo Código Tributario al que hacíamos referencia arriba. Con ello lo que se pretende es recaudar fondos que vayan a paliar el déficit fiscal pero sobre la base de los impuestos de los sectores menos favorecidos. Las empresas petroleras "capitalizadoras", según se ha denunciado, no están pagando los impuestos que corresponden. A esto se suma, aunque el gobierno no lo reconoce públicamente, la firme convicción de exportar el gas por puertos chilenos. En este punto el gobierno parece no tener muy en cuenta la multitud de voces de rechazo a dicho comercio de gas a México y Estados Unidos. Esto es muy notorio en la expresión de lo que podemos llamar los "caminantes del altiplano" en la última marcha realizada hacia la ciudad de La Paz. Estos caminantes están exigiendo la no-venta de gas por puertos chilenos. Se pide la industrialización interna de este líquido vital para la vida social y económica contemporánea. Incluso se ha anunciado desde 2002, de que si el gobierno hace un contrato unilateral con las petroleras, habrá una "guerra civil". Otro hecho importante planteado por distintos sectores, entre ellos los movimientos indígenas, es una nueva Asamblea Constituyente como un mecanismo político-jurídico de reformar el sistema político y económico. La Constitución Política del Estado no prevé una Asamblea Constituyente ni el referéndum, lo que muestra de que esta Constitución está muy rezagada con relación a otras constituciones de otros países latinoamericanos. Otra ley que está despertando mucha preocupación e indignación es la ley de la Seguridad Ciudadana. Dicha ley lo que hace, en términos sociológicos y políticos, es el re-establecimiento de un régimen autoritario porque revoca la libre expresión y la libre demanda social y ciudadana, que es un derecho fundamental en cualquier sociedad en el mundo contemporáneo. A este conjunto de medidas se suma otro hecho de mucha importancia social: la rebaja de las pensiones de los jubilados, en algunos casos de hasta el 50%. Hecho cuestionable si tomamos en cuenta de que muchos de ellos no tienen otro ingreso que las rentas acumuladas como producto de su trabajo. En este mismo campo, el gobierno no atiende la demanda de las esposas de los excombatientes de la guerra del Chaco, en circunstancias en que más de 10 mujeres de la tercera edad están en huelga de hambre en las inmediaciones del propio Ministerio de Gobierno. Efervescencia social Las demandas sociales se multiplican. Los campesinos o indígenas exigen el cumplimiento de los 72 puntos acordados en la gestión de Bánzer Suárez. Asimismo, se pide la autonomía universitaria en la ciudad de El Alto por parte de uno de los sectores que no deja de tener importancia. En la ciudad de El Alto se pide a viva voz la anulación inmediata de los formularios maya y paya que desde la primera semana del mes de septiembre se ha convertido en parte de las conflictivas relaciones entre el municipio de El Alto y las organizaciones sociales vecinales. A esto se suma el fracaso de la firma del Reencuentro Nacional entre la Iglesia Católica y la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia. Este nuevo escenario social y político se complica, además, porque se anuncia desde el mes de agosto nuevos bloqueos campesinos e indígenas, particularmente en Omasuyus, las provincias del altiplano norte de La Paz y los yungas de Caranavi. A todo esto, se añade se suma un hecho que va tener implicancias sociales muy delicadas: la sentencia a 30 años de cárcel para ocho dirigentes cocaleros dictada en el Chapare por una juez por el supuesto asesinato de un militar y su esposa en los conflictos de septiembre 2000. Este caso es excepcional porque hasta el momento no ha habido ningún policía, militar o político que haya sido sentenciado a la privación de libertad por ese tiempo. Habría que recodar que hay más de 70 muertos en el Chapare por los conflictos sociales desde 1997. En el altiplano y los valles de Bolivia durante este mismo tiempo han muerto más de 35 campesinos o indígenas. ¿Dónde están los responsables de estas muertes? Aquí conviene puntualizar que hay una evidente acción judicial para criminalizar los delitos particularmente cometidos por los campesinos o indígenas, en cuanto referentes de las movilizaciones sociales. Otro caso particular en este campo es el conflicto que mantienen las comunidades de Pucarani y la justicia estatal. Los indígenas, atrincherados en la radio San Gabriel, exigen la libertad inmediata del dirigente Edwin Huampu. Lo que plantean las comunidades indígenas es el respeto a la justicia indígena. Sostienen que es muy dudoso la participación del mencionado dirigente en el asesinato de dos ladrones de ganado ocurridas en las comunidades de la región. Entonces se está gestado condiciones particulares para generar mayores grados de violencia social y estatal. Anuncios de guerra civil se gritaron a viva voz en los bloqueos de los caminos del altiplano de La Paz entre 2000 y 2001. Hoy se ha vuelto a escuchar este mismo llamado en las instalaciones de radio San Gabriel. Los dirigentes cocaleros también en las últimas semanas han declarado que en Bolivia podría desatarse una guerra civil. Dentro de este contexto de nubarrones de conflicto y enfrentamiento, en las primeras semanas del mes de septiembre de 2003 se observan marchas y movilizaciones desde distintos sectores, entre ellos jubilados, maestros, policías, militares (dados de baja), ciudadanos alteños, campesinos o indígenas de las provincias de La Paz y del interior y del movimiento sin tierra (el problema de tierra es otro detonante por la gran concentración de tierras en manos de una élite blanca en el Oriente, el Chaco y Pando y Beni). En este sentido se están creando condiciones estructurales y coyunturales para una subversión del orden económico y político, es decir, del modelo de libre mercado. Y por otra parte, hay aprestos muy evidentes, como manifestamos arriba, de violencia estatal fundada en la fuerza militar y policial. Una muestra del mismo es el nuevo nombramiento como Ministro de Defensa de Sánchez Berzain que en 1996 fue partícipe de la masacre de Amayapampa y Capacirca, conocida como la Masacre de Navidad, y de la reciente masacre del MNR del "febrero negro". Como si se confirmara esta afirmación en los últimos días, éste ha manifestado, desde las instalaciones de las fuerzas armadas en Santa Cruz, que la institución militar hará respetar el orden establecido. Desde el Estado se ha impuesto, entonces, una lógica autoritaria, poco democrática, muy poco abierta al diálogo. Se actúa desde una lógica jurídica con argumentos técnicos abstractos. Es decir, hay un tecnicismo secante y desde esa visión se quiere solucionar los problemas estructurales de Bolivia. Como consecuencia de ello, se está creando lógicas contrapuestas de enfrentamiento y violencia estructural. Por lo que es muy evidente la reconstrucción de nuevas "fronteras étnicas" entre sectores indígenas o indios y sectores históricamente favorecidos por el Estado como son los empresarios de la élite blanco-mestiza. Notas bibliográficas (1) Bello, Alvaro y Rangel, Marta, "Etnicidad, raza y equidad en América Latina y el Caribe", CEPAL. Santiago de Chile, 2000. (2) Bolivia: Censo de Población y Vivienda, "Autoidentificación con Pueblos Originarios o Indígenas de la Población de 15 años o más de edad", http://www.ine.bo/beyond/esn/Table Viewer/wdsvew/print.asp , 2003. (3) Bolivia: Mapa de pobreza de Bolivia, INE, 2001. (4) Juguete Rabioso, "Instrucción militar extraordinaria antidisturbios: Está vigente la doctrina' de seguridad del Estado", Juguete Rabioso, año 3, No 87, agosto-septiembre, La Paz, 2003. (5) Ley de Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, No. 2494, La Paz, 2003. (6) Código tributario, No. 2492, La Paz, 2003.