El resultado del referéndum del pasado domingo, por más que era esperado, quizás no con la dimensión de la adhesión a las distintas opciones, sirve también como ratificación de que el tema de la transición es de singular importancia y está en manos del gobierno encararlo de forma inmediata, pues el cambio de las políticas ya, de alguna manera, se ha comenzado a verificar. El acuerdo firmado por el gobierno con el Banco Mundial en torno a la privatización de la producción y comercialización de los combustibles, no se podrá poner en marcha por la multitudinaria y democrática decisión de la gente. Pese a ello es de dominio público que ANCAP, sin ley expresa habilitante, concretó alianzas y privatizaciones en diversos rubros, creando quince empresas que funcionan en el marco del derecho privado lo que le ha significado al ente energético el mayúsculo deterioro de sus finanzas. Claro, una cosa es el derecho privado para una empresa formada con capitales de esa misma procedencia. Pero otra, muy distinta, es la aplicación del derecho privado a empresas que funcionan con capital estatal que, como ocurrió con las formadas por ANCAP, tienen un respaldo relativamente ilimitado. Los malos negocios son accidentes de gestión o de coyuntura en las empresas privadas que, finalmente, se pagan con la quiebra. Las empresas que funcionan bajo el derecho privado con capital público, como son las formadas por ANCAP, pueden darse el lujo de ser mal gestionadas, de tener ejecutivos con sueldos alejados de la realidad, de perder dinero durante años. Ello por qué la "vaca lechera" continúa proporcionando recursos infinitamente. El libro publicado por los senadores Enrique Rubio y Eleuterio Fernández Huidobro sobre los negocios de ANCAP en la Argentina, es un testimonio vívido, realmente importante, de lo que señalamos. De como se dilapidaron dineros públicos, en malos negocios (por ejemplo, la compra de las acciones de la empresa Solpetróleo, pagándose un precio mayor de las que se comercializaban en la Bolsa de Valores), surge con elocuencia de ese texto. Podríamos agregar en esa consideración sobre el funcionamiento de lo privado dentro de lo público, el tema de los contratos firmados con la plana directriz del Nuevo Banco Comercial, fijándose remuneraciones imposibles de comprender, alejadas de la realidad del país tanto a nivel de la actividad pública como privada. ¿Alguien puede suponer que en la actividad privada se pagarían sueldos que no tuvieran relacionados con las utilidades presentes? En estos casos la utilización del derecho privado sirvió para no informar al Tribunal de Cuentas de esos negocios ruinosos, de sueldos descomunales, de pérdidas cuantiosas. En el caso de las 15 empresas que maneja ANCAP, los resultados que aparecen "consolidados" en el balance general del ente, ocultan los errores de gestión, el fracaso de las tareas emprendidas, de inversiones sin destino conocido y, de alguna manera, la dilapidación del dinero que es de todos. Y ni hablar de lo ocurrido con la Corporación para el Desarrollo. Quizás el estudio de esta situación, tan negativa para el Estado uruguayo, sea todavía una materia pendiente que muestra como se distorsionan los impulsos que da el "mercado" a una economía. ¿Por qué acentuamos este perfil del análisis cuando, luego del resultado del pasado domingo, por la vía de los hechos ha comenzado a recorrerse los caminos de una transición? Es que más allá que en octubre del 2004 se confirme la tendencia favorable al cambio (faltan diez meses y cualquier cosa puede ocurrir), los uruguayos hemos decidido masivamente que lo establecido por el gobierno en uno de los acuerdo con el Banco Mundial, en torno a la asociación de ANCAP con privados, no puede hacerse. Ello significa un cambio dramático en el tenor de las políticas aplicadas hasta el domingo por el gobierno de Jorge Batlle. De su reacción, del acatamiento democrático del resultado de la urnas, se podrán extraer conclusiones, sin duda, valiosas, de cómo el país vivirá esta etapa de 13 meses de dramática transición hacia la asunción del nuevo gobierno. Tratar de desconocer, en base a subterfugios, lo expresado por la ciudadanía sería mala cosa. Pero Batlle lo ha sugerido, afirmando que el resultado de las urnas no modificarían los planes del gobierno. Pero peor, y quizás concluyente, sería advertir maniobras políticas y de otro orden, como la de fomentar el terror. Poner de alguna manera palos en la rueda a la expresión de cambio que planteó la ciudadanía en el referéndum, sería un error capital. El camino, obviamente, es reavivar los lazos de la convivencia democrática. Pero quizás ello no está todavía ni en la agenda ni en la comprensión de algunos gobernantes. * Carlos Santiago es Secretario de Redacción de Bitácora. Uruguay.