El semanario "Búsqueda" editorializa sobre lo que está ocurriendo en el conflicto que se desarrolla, con demasiada espectacularidad, entre el Poder Ejecutivo y el procurador general de la Nación, fiscal de Corte, Oscar Peri Valdez. Un diferendo en que se entrecruzan desinformación, hechos, declaraciones, malentendidos y política partidaria. Porque, seamos realistas --y a esto llamamos a quien opina en ese semanario-- que hasta el día de hoy los fiscales de Corte han sido mayoritariamente designados en base a criterios políticos partidarios existiendo intentos, también, de imponer en ese importante cargo --¿o ya lo olvidamos?-- a personajes como el fiscal Miguel Langón, en "agradecimiento" a servicios prestados al gobierno de Julio María Sanguinetti. Entonces la cosa no es tan clara como la desarrolla el editorialista, ni el Poder Ejecutivo se encuentra en una cruzada defendiendo una supuesta agresión a los derechos humanos que en esta ocasión no se concreta en una mazmorra, sino en una dependencia de la fiscalía de Corte (Centro de Apoyo) donde se habría creado un registro ilegal de personas en base al cual se "sugería a los fiscales qué pruebas diligenciar y qué delitos tipificar". Claro, el que escribió la nota se cuida muy bien de mencionar un hecho, sin duda, capital. Que dicha repartición ilegal, que actualmente el ministro de Educación y Cultura hace lo indecible por desactivar, existía con el apoyo de personal enviado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), y de otras dependencias vinculadas a la Presidencia de la República, hecho que es determinante para demostrar que esa "ilegal" dependencia había sido consentida, en su momento, por el propio Presidente de la República. Y además: ¿los policías que participaban de toda esa madeja actuaban individualmente, o con el permiso de su superior, el ministro del Interior? Sería de buen orden una aclaración al respecto y, fundamentalmente, una ampliación de la información que hoy, por más que se hayan escrito ríos de tinta al respecto, sigue siendo confusa y claramente desorbitada en el marco de un enfrentamiento que, obviamente, está lesionando en su conjunto a la Justicia. Pero, como no podía ser de otra manera, el editorial del semanario de la derecha deriva su análisis hacia el Encuentro Progresista, basándose en apreciaciones que seguramente se habrán difundido en corrillos, porque ningún dirigente de la coalición de izquierda dijo, en ninguna ocasión, que lo que estaba ocurriendo era una maniobra para que un fiscal que respondiera a los partidos tradicionales se perpetuara en el cargo y así impedir que otro fiscal, perteneciente a los posibles ganadores de los comicios que se realizarán en octubre próximo, asumiera el cargo. Los despistados nunca faltan, pero el editorialista se olvidó de un tema. Que de existir una maniobra del gobierno para perpetuar durante diez años a otro fiscal con lo que se bloquearía una posible designación en 2007, la misma chocaría con una situación indiscutible. Que el gobierno no tendría los votos necesarios para aprobar la venia que impondría al funcionario. Sin embargo, sin advertir este pequeño detalle comienza a agraviarse línea a línea, con suposiciones sobre el "pensamiento" de algunos "frentistas", que no identifica, indicando que en base a esos conceptos, de ignota fuente, el Frente Amplio pretende tener un fiscal propio que "no sería un fiscal representante de la sociedad, de los ciudadanos; no sería el hombre encargado de garantizarnos los derechos, sino que sería el fiscal del partido de gobierno, a quien le señalarían "a este sí y a este no". Grave la connotación ideológica de quien escribe tal cosa que, por razones inconfesables, cuestiona claramente las probadas definiciones democráticas de la izquierda que, en momentos difíciles para el país, se convirtió en una sacrificada militancia por la vigencia plena de las instituciones. Esperemos que las cosas se aclaren. Que el ministro Guzmán informe detalladamente de los cargos que tiene contra Peri Valdez, que se abandonen los trascendidos y las rocambolescas informaciones sobre presuntas violaciones de derechos fundamentales sobre las cuales, sorpresivamente, el ministro --mostrando poca autocrítica-- juzga y sentencia antes de haber iniciado el sumario para el cual fue suspendido en sus funciones, nada más y nada menos, que el fiscal de Corte. * Carlos Santiago es Secretario de Redacción de Bitácora. Uruguay