El planteo era abstracto, absurdo e incomprobable. Pero por motivos variados, entre los cuales cabe consignar la propaganda, emergió "razonable": si se recortan los derechos sociales en general y laborales en particular, el ahorro empresarial será destinado a nuevas inversiones y más puestos de trabajo. Semejante tontería atosigó los medios de comunicación durante una década y reverberó en labios de almaceneros, profesionales y obreros pavotes con énfasis singular. Cuando se indicaba que la aplicación de semejantes preceptos podía derivar en un retorno a condiciones conocidas una centuria atrás, la grosería --actitud propia de la ignorancia semiculta-- se explayaba con pretensión de ironía: "se quedaron en el 45". Lo cierto es que ni libre, ni muerto, ni esclavo, un segmento importante del pueblo argentino siguió batallando para recuperar el derecho al trabajo, en primer término, y el derecho al trabajo digno, en hipotético segundo lugar. Seguir batallando implica un desarrollo esperanzado pero no una victoria automática. De ahí que la derogación de la ley 25.250 resulte un triunfo parcial, incompleto y reivindicable para los trabajadores argentinos. Pontaquarto hizo lo suyo y el discurso ético, llevado hasta sus bordes, resultó usufructuado con sensatez. En leve digresión, añadimos que dejó un debate pendiente: pese al pundonor de La Nación, en la Argentina el 90 por ciento de los delitos --si, delitos a secas-- los cometen en forma directa o indirecta los miembros de la cúspide social. Vamos a simplificar a conciencia: frente a aquella observación de Alejandro Agustín Lanusse --"dudo que existan peronistas honestos"-- cabe contraatacar con fundamentos: dudamos que existan oligarcas honrados. Robo, coimas, secuestros, ilícitos de todas las gamas tipificados en el Código Penal, pueden hallarse en el comportamiento del poder concentrado argentino, en estrecho vínculo con sus superiores internacionales. Pero esa es otra discusión. Vamos al tema laboral. Y festajando la derogación de la ley conservadora, analicemos en detalle lo que viene, en sus distintos perfiles. Pues esto --la recuperación-- recién comienza y varias cosas deben suceder para que se plasme en un desarrollo integral de las fuerzas productivas locales. La nueva ley, impulsada desde el Ministerio de Trabajo, contiene varias exigencias populares de larga data que merecen ser destacadas. Por ejemplo, mantiene la vigencia de los convenios colectivos vencidos; reduce el período de prueba a tres meses; acrecienta las indemnizaciones por despido; impulsa el principio de aplicación de la norma más favorable para el trabajador; respeta al sindicato con personería gremial, que puede desautorizar los acuerdos individuales; obliga a las empresas de más de 200 empleados a entregar información económica al sindicato. Comparada con la anterior --la política práctica siempre es comparación, no un ideal lejano, aunque el mismo sirva para seguir luchando-- la nueva norma es un avance importante. A los escépticos con afán de exigir resultados concretos inmediatos vale decirles que aunque muchas firmas sigan precarizando el trabajo, no es lo mismo tener una ley sobre la cual asentar los reclamos, los juicios y las huelgas, que contar con un andamiaje legal que autoriza y promueve la sobreexplotación. Ahora bien, el asunto se torna más peliagudo cuando se observan las cuestiones a resolver. Por caso, la indemnización mínima es de un mes --insuficiente--; preve compensación por falta de preaviso --una "multita" sin trascendencia para la empresa transgresora--; autoriza a la cartera laboral para disponer sanciones pero no fija un plazo - -la justicia lenta, sobre todo en el caso de un trabajador, puede trocarse en injusticia--. En una zona gris persiste otro de los grandes temas: las ocho horas. Al respecto, las declaraciones del ministro Carlos Tomada resultaron concluyentes: los asalariados deben trabajar ocho horas como máximo y las horas extras deben abonarse como tales. Muy bien 10. Pero la nueva ley incluye la cuestión como una sugerencia en lugar de forzar directamente a las grandes empresas a cumplir con esa premisa básica para una organización social moderna. Ahora bien: seamos sinceros. La precarización laboral es impulsada, más que por una ley, por un modelo económico asentado en el ajuste, la concentración de recursos y el castigo a las actividades productivas; éste último factor también puede denominarse desnacionalización de la economía. Guste o no. Hay algunos pasos centrales que el gobierno tendrá que dar para conseguir una realidad social armónica. Uno de ellos es la redistribución parcial de los enormes beneficios obtenidos por las exportaciones. Otro es la disposición de medidas destinadas a desalentar la importación de productos industriales externos. Y también, la expansión del crédito por un lado, y la presión político jurídica para encauzar beneficios hacia la inversión interna, por otro. Hay bastante más, como se sabe, pero no es el objetivo de este artículo. Sin embargo, es pertinente indicar la necesidad -- simultánea a esas disposiciones, no posterior-- de mejorar el ingreso colectivo mediante aumentos que contemplen a jubilados (hoy muy relegados), activos y desempleados por igual. Aún en este último caso el esfuerzo vale, pues la cultura laboral local sigue siendo lo suficientemente intensa como para confiar en que el promedio de los trabajadores argentinos prefiere laborar a no hacerlo. Como se verá, dinero hay. Aún pagando la ilegítima deuda externa en los términos pactados. Esto es: de las medidas indicadas la inversión extra que el Estado debería concretar es mínima. A decir verdad se trata de reorientar recursos existentes y establecer normas claras para la repatriación de beneficios ridículamente liquidados en el exterior. El único paso realmente complejo es la aplicación de políticas destinadas a fomentar la producción local pues en este caso tanto el Alca como el Mercosur --sin dudas: Brasil-- pueden constituír trabas para disposiciones soberanas. La historia no ha concluído --esto ya lo sabíamos-- y el despliegue de la misma en la Argentina es posible --muchos dudaban de este aserto--. El 45 está más cerca de lo que podría suponerse y la avanzada Constitución del 49 sigue constituyendo un anhelo con fundamentos. Pero aquellas banderas y aquellas leyes estaban asentadas en una firme intervención estatal imbuída de vocación industriosa y atravesada por un afán equitativo. Es deseable, aunque también probable, que ese ímpetu motorice a la actual administración del Estado argentino.