En Chile hay 32 presos políticos de organizaciones de izquierda e insurgentes, recluidos en 6 recintos penitenciarios de todo el país. La mayoría –hay dos mujeres- llevan más de diez años en prisión y varios tienen condenas a cadena perpetua. A mediados de abril un grupo de ellos realizaba, nuevamente, una huelga de hambre exigiendo que se resuelva su situación penal apelando a una ley de indulto o una solución legal expedita. El Coordinador por la Libertad de los Presos Políticos de Chile distribuyó una carta dirigida al Presidente Ricardo Lagos donde exigió "la búsqueda urgente de una fórmula expedita y digna que permita otorgar la libertad a los presos políticos recluidos desde hace 10 años en la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago y otros penales del país". Se explicó que "motiva nuestra solicitud el conocimiento que tenemos del extremo rigor de las penas dictadas por la justicia militar, así como el prolongado régimen disciplinario aplicado durante muchos años en la CAS contra este grupo de jóvenes que hicieron su aprendizaje político en la lucha contra la dictadura y continuaron en la búsqueda de una sociedad más justa, de una vida más digna y soberana". De paso, la misiva precisó el rechazo a "la impunidad que hasta hoy ampara a quienes violaron los derechos humanos durante 17 años de dictadura". Una de las fórmulas manejadas para lograr la libertad de la treintena de presos políticos chilenos es el indulto. Luego de una huelga de hambre de un grupo de presos a finales del 2003, se consiguió que dicho proyecto alcanzara la categoría de "suma urgencia" en el Senado chileno. En un documento del Coordinador por la Libertad de los Presos Políticos se explicó, sin embargo, que "al no reunirse los dos tercios de los votos –quórum calificado- la votación del proyecto se pospuso una y otra vez". El texto informó que "pese a que la ley estaba en primer lugar en la tabla de sesiones del Senado, hubo otras urgencias que se impusieron y hoy la ley de indulto está estancada". Por lo demás, hay una serie de inquietudes entre los presos políticos, organizaciones de derechos humanos y defensa del pueblo, y partidos políticos, en el sentido de que las colectividades de derecha representadas en el Congreso utilicen la ley de indulto para garantizar la impunidad y no procesamiento de violadores de derechos humanos y uniformados acusados de crímenes de lesa humanidad. Como sea, hay un congelamiento de la ley de indulto que permitiría la libertad de los más de 30 presos políticos en Chile. El Coordinador informó que en los últimos años los presos políticos han efectuado ocho huelgas de hambre, probablemente el mayor número de estas acciones a nivel latinoamericano. "Urge poner término al cruel castigo ideado por la Concertación –aseveró un comunicado- contra quienes crecieron luchando contra la dictadura y murieron o fueron encarcelados por oponerse a las componendas de la transición, que han significado impunidad, democracia a medias y pobreza para las grandes mayorías populares". En la declaración difundida, el Coordinador manifestó que "sólo una lucha consecuente y permanente por la libertad y la movilización en las cárceles y calles, permitirán romper el aislamiento y el silencio que el poder ha impuesto sobre la situación de los presos políticos". Sectores de la Concertación por la Democracia (democratacristianos, socialistas, socialdemócratas), algunos organismos de derechos humanos y abogados han rehusado dar un apoyo directo a estos casos porque consideran que los delitos políticos cometidos por esos jóvenes fueron posteriores a la dictadura. En los medios de prensa, las agendas y agrupaciones políticas cada vez aumenta la actitud de relegar este tema. El Coordinador por la Libertad de los Presos Políticos chilenos hizo un llamado para que se efectúen acciones de solidaridad desde distintos países exigiendo al gobierno dar pasos para lograr la libertad de los detenidos y para que el Congreso agilice y materialice la ley de indulto.