La determinación de la Agrupación Quebracho de realizar una resonante protesta frente al Edificio Libertador merece una consideración especial. El tema no es sencillo: de hecho, la actitud de los militantes que se dieron cita en el predio de Paseo Colón encarna el sentir de una parte del campo popular argentino, asentado en una visión cristalizada de nuestra historia reciente. Y tiene su derivación. Pues da cuenta de la importancia de efectuar un diagnóstico acertado sobre el sentido del proceso en marcha, así como de la esencia de las políticas militar y de derechos humanos llevadas adelante por el gobierno nacional. Vamos, entonces, hacia uno de los debates más fieros que hemos enfrentado. Mas como no hemos rehuido la discusión acerca de otros asuntos peliagudos, nos sentimos con el ánimo adecuado para desplegar una concepción contrastante con el sentido común de una faja importante de la militancia popular argentina. Hasta el presente, el Ejército argentino mantuvo una firme orientación liberal conservadora acompasada por un accionar de corte fascista. Si bien la configuración hegemónica merecería una investigación específica, podemos aseverar que este "Ejército liberal" fue constituido a partir del golpe de Estado de 1955. A partir de esa interrupción del orden constitucional, dos grandes trazos delineados por el poder oligárquico e imperialista modelaron a las Fuerzas Armadas, y específicamente al Ejército: la adscripción al liberalismo en el plano económico y al conservadurismo en el orden político. Esta precisión no parece trascendente si no efectuamos algunas observaciones: el primer punto se logró a través de la incorporación de los altos mandos de la fuerza a una línea del empresariado que usufructuaba directamente los beneficios de una economía pujante (paradójicamente pujante a pesar de los beneficiarios). El segundo, haciendo pie en una formación tilinga y un deseo de pertenecer a otros estratos sociales que derivaba en el gorilismo y, claro está, en el racismo. Así, liberalismo conservador y antiperonismo se conjugaron en el pensar y el hacer del Ejército argentino entre 1955 y el año en curso. La fuerza en cuestión se constituyó, de ese modo, en una maleable organización a disposición de los intereses económicos antinacionales y antipopulares. (Como se verá, estamos lejos de asumir la interpretación tradicional de la izquierda acerca de las Fuerzas Armadas como brazo castrense del sistema de dominación imperial. Si la expansión de ese criterio en nuestro país encuentra fundamento en el comportamiento militar de las últimas décadas, la realidad presente nos obliga a relativizar su vigencia y a considerar que la orientación de esas armas está ligada al sistema capitalista local con vinculación internacional, lo cual no es lo mismo. Es decir, al igual que en el análisis que vamos efectuando, día a día, sobre todas las instituciones, consideramos que en el período presente las Fuerzas Armadas están en discusión, que no se ha consolidado una hegemonía que permita aseverar cuál será su rumbo seguro y que pueblo y gobierno están ejerciendo una presión sostenida y positiva para encuadrarlas dentro de lineamientos eslabonados con los intereses geoeconómicos regionales. Hemos enfrentado a la dictadura militar con energía en los momentos más complejos, y hemos combatido la impunidad cuando la misma se propagó cual oropel sobre los criminales. No tenemos vocación castrense. Pero la única verdad es la realidad, y las modificaciones en la misma han forzado una mirada dúctil para aprehender las nuevas situaciones y valorar las batallas triunfantes de vastos sectores del campo popular argentino, siempre devaluadas por quienes prefieren perder para concluir que nada sirve para nada.) El golpe de 1976 mostró la ofensiva feroz de estos espacios con el objetivo de frenar el hasta entonces imparable crecimiento de la economía industrial argentina, así como de aplastar un movimiento popular conciente y en proceso de maduración. El Ejército operó como una eficaz herramienta en esta dirección y desplegó una metodología represiva netamente articulada con tales intereses. El retorno de la democracia institucional, fruto de la combinación de resistencia popular --otro de los factores ocultos de nuestra historia--, la derrota de Malvinas y el agotamiento de las perspectivas políticas de un gobierno debilitado por su propia inflexibilidad, entre numerosos elementos, permitió la difusión de la catástrofe dictatorial y la evaluación parcial de sus consecuencias. El gobierno alfonsinista, que a través de la gestión económica de Bernardo Grinspun buscó orientar gradualmente el panorama productivo hacia un desarrollismo tenue, fue rápidamente puesto en caja por el poder concentrado. Y así, después del importante Juicio a las Juntas, llegaron las instrucciones a los fiscales y, más tarde, las leyes de impunidad. Estas últimas disposiciones se ensamblaron con el advenimiento de Juan Vital Sourrouille como ministro de Economía para adoptar, en los dos planos mencionados, los rumbos conocidos. El menemismo se constituyó, económica y militarmente, en un intérprete cabal del bloque de poder concentrado. De hecho, operó como el ariete de la transnacionalización y el deterioro de los más variados aspectos productivos locales, completando el accionar dictatorial en ese flanco. Como hilván, los indultos serenaron la inquietud de los cuerpos dirigentes de las Fuerzas Armadas que, a su vez, participaron con porciones menores de la entrega del patrimonio nacional. Fernando De la Rúa no obturó en plano alguno esa tendencia. Los levantamientos populares del 19 y el 20 de diciembre marcaron una ruptura profunda de la sociedad con el neoliberalismo. En cierto modo, esa conciencia implicó un quiebre con las políticas represivas que lo posibilitaron. El 19 por la noche podía entenderse que el país ya no sería el mismo. Hay sectores que aún hoy no lo pueden comprender. El enfrentamiento callejero con las fuerzas policiales durante todo el día 20 y los crímenes contra los manifestantes que se registraron esa jornada, terminaron por profundizar una mirada sobre los derechos humanos concretos que venía creciendo entre la población. El desplazamiento de los altos mandos, la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, el enjuiciamiento y encarcelamiento de todos los comandantes de la represión, el establecimiento de una política de Derechos Humanos profunda como epicentro gubernamental, la realización de un acto popular y explícitamente militante en la ESMA, la condena abierta del presidente Néstor Kirchner a lo actuado durante la dictadura, son datos centrales de una nueva política de Defensa, relacionada con una concepción nacional y popular. Por primera vez desde 1983 un gobierno genera un quiebre efectivo entre la comandancia del Ejército liberal y las nuevas generaciones militares. De ahí la energía con que los medios de comunicación neoliberales cuestionaron el acto de la ESMA: están muy preocupados e indignados ante la perspectiva de perder la influencia tradicional sobre las Fuerzas Armadas. Cuando el jefe del Ejército, general Roberto Bendini descolgó los cuadros de los presidentes de la dictadura, percibieron que la fuerza en cuestión podía dejar de ser una herramienta utilizable para cualquier emprendimiento y empezaba a constituirse en una institución estatal disciplinada al poder político dispuesto electoralmente. Y cuando el mismo militar reivindicó una política industrial desde el Estado tomando como referencias históricas a los generales Enrique Mosconi y ¡Juan Domingo Perón! -con todo lo que este último implica en tanto símbolo intolerable para la cosmovisión liberal en sus más variadas facetas-tuvieron la certeza de la existencia de un rumbo hostil a sus intereses. Allí lanzaron la nueva etapa de su campaña propagandística sobre la "inseguridad" y la relacionaron forzadamente con la política oficial de derechos humanos. Para poder entrarle a la cuestión de algún modo, aunque más no fuera -por ahora-colateral. Kirchner, con sus actos, dijo sin declamar -curiosa interpretación ¿no?-a la joven oficialidad: ustedes no son los responsables de esta situación, ¿porqué van a hacerse cargo de la misma defendiendo a criminales y corruptos? Vengan, podemos construir un país distinto con ustedes. Podemos elaborar una política en la cual el Ejército no sea el eterno repudiado. Para eso deben diferenciarse efectivamente de los viejos generales gorilas. La no comprensión de esta situación, de la movida audaz e innovadora concretada por el presidente, conlleva a la realización de acciones profundamente erróneas como la generada por Quebracho, que sólo contribuye a prefigurar un nuevo emblocamiento entre generales gorilas y nuevos cuadros militares; es decir, tiende a la desarticulación del accionar oficial y a ofrecer la argumentación que necesita el conservadurismo antinacional y antipopular para retomar la amalgama más nefasta de nuestra historia política. En este momento hay tres sectores que combaten firmemente este avance político popular innegable, con futuras derivaciones en el plano económico: el poder concentrado, que está empezando a perder un bastión insustituible, la izquierda tradicional -que radicaliza su discurso antimilitar, también, por no haber participado hondamente en las luchas antidictatoriales-y los segmentos cívicos promilitares -que suelen pretender una economía nacionalista llevada adelante por militares liberales-caracterizados limpiamente por Arturo Jauretche como pelotudos. El primero de ellos, al controlar buena parte de la economía nacional y casi todos los medios de comunicación de vasto alcance, es el que tiene en sus manos la posibilidad de deteriorar la esperanza nacional y sumir al país en un nuevo y brutal ajuste continuo asentado en la reconstitución de un generalato reaccionario. Los otros dos, pueden operar involuntariamente como complemento propagandístico destinado a prestigiar las añejas políticas oligárquicas en zonas reacias a admitir la corrección de las iniciativas oficiales.