Fuerzas armadas para conflictos internos

Jorge Zárate

08/09/2013

Opinión

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Las enmiendas a la ley 1.337 solicitadas por el flamante presidente Horacio Cartes implican la militarización de los conflictos internos

Enemigos: a pedido del recientemente asumido presidente Horacio Cartes, el Congreso votó en tiempo récord la modificación de la ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna, para permitir al Ejecutivo el uso de las Fuerzas Armadas para actuar en caso de agresión interna. El mandatario tomó esta decisión tras el asesinato de cinco personas que se adjudicó la presunta guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en el Norte del país.

Apenas seis días después de haber asumido, el presidente Horacio Cartes promulgó las nuevas normas que militarizan los conflictos internos del país, aprobadas 24 horas antes por el Congreso paraguayo. Se trata de enmiendas a la Ley de Defensa que facultan al Poder Ejecutivo a emplear al Ejército en casos de “agresión interna” o de “amenazas”.

El 21 de agosto las cámaras de Diputados y de Senadores aprobaron, en menos de 24 horas, las modificaciones a la legislación. El pedido de reformas fue hecho por el flamante jefe de Estado luego de que un ataque asumido por el grupo guerrillero llamado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) provocara cinco muertos en el Norte del país.

Con estas enmiendas a la ley 1.337 las Fuerzas Militares podrán combatir sin necesidad de dictar el estado de excepción. Pero también están facultadas para ser utilizadas “cuando existieren amenazas o acciones violentas contra las autoridades legítimamente constituidas”.

De los 40 senadores presentes sólo 11 votaron en contra. El expresidente Fernando Lugo, su bancada del Frente Guasú (FG) y otros grupos de izquierda alertaron del peligro de entregar al presidente Cartes y a las Fuerzas Armadas poder para este tipo de acciones. Propusieron, en cambio, decretar el estado de excepción, como faculta la Ley de Defensa, en la zona del quíntuple crimen para que el Ejército interviniera ante este caso específico, y comenzar a debatir reformas dentro de las propias fuerzas de seguridad. La propuesta fue rechazada por legisladores del oficialista Partido Colorado y del Partido Liberal.

En acción

El 18 de agosto se produjo el secuestro y posterior asesinato de cinco guardias del establecimiento ganadero Cororó, de propiedad de la firma brasileña Mate Larangeira, en la localidad de Tacuatí, departamento de San Pedro. La presunta guerrilla se adjudicó el hecho tres días más tarde, lo que elevó a una treintena las muertes atribuidas al grupo desde 2005.

Una vez modificada la ley, el presidente Cartes envió dotaciones militares a los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay, en el Norte del país, con la misión de combatir al EPP. A través del decreto Nº 103/13, las Fuerzas Armadas recibieron la orden de buscar en terreno a los integrantes del grupo armado que se autodefine como un “ejército revolucionario” (ver recuadro). Algunas fuerzas políticas y sociales acusan a este grupo de mantener vínculos con el narcotráfico y practicar intervenciones que en general ayudaron a recrudecer las políticas represivas.

De hecho, las primeras acciones de militares y policías en la zona de Tacuati incluyeron allanamientos a asentamientos campesinos y viviendas particulares de dirigentes sociales y políticos, en una práctica habitual contra los más desposeídos en este tipo de situaciones.

Esto motivó el rechazo público de las organizaciones campesinas y los partidos políticos, quienes recordaron que es bien conocido en el Norte de Paraguay el poder de los narcotraficantes. El titular de la Secretaría Antidrogas (Senad), Luis Rojas, señaló que el EPP no podría sobrevivir en la zona sin tener contactos con los malvivientes. El funcionario dijo inclusive que es posible que los grupos cobren “peajes” en efectivo, armas y drogas para poder sostener su logística.

Pobladores atemorizados de las zonas afectadas comienzan a preguntarse por qué la policía y el ejército no irrumpen con la misma violencia en estancias sospechadas de tener pistas aéreas para abastecimiento de avionetas y plantaciones de marihuana, ocultas detrás de explotaciones ganaderas y soyeras.

Este fenómeno de los llamados narcoganaderos y narcosoyeros es preeminente en la zona, situación que es admitida inclusive por dirigentes políticos regionales.

El empresario Blas Zapag denunció a fines de agosto que 1.200 hectáreas de cañaverales en una estancia de su propiedad en el departamento San Pedro fueron incendiadas intencionalmente por narcotraficantes, ocasionando una pérdida de 5 millones de dólares. “Estamos en un lugar plagado de cultivos de marihuana y como este proyecto conlleva mucha mano de obra, a esa gente no le gusta eso”, dijo recordando que pudo ser un intento de abortar la cosecha de la caña de azúcar que su empresa utiliza para la fabricación de alcohol para combustible.

En Tacuati

El intendente de Tacuati, Orlando de Vaca, describió la situación a una comitiva de la Coordinadora de Derechos Humanos (Codehupy) que visitó la zona. “Acá hay gente en situación de extrema pobreza. Caminos que falta asfaltar, fuentes de trabajo… Yo ya me entrevisté con el presidente Horacio Cartes y dice que va a asistir a Tacuati en temas sociales... De aquí a 10 años el producto del cultivo de soya y maíz será tal que pobladores terminarán al borde del río Ypane”, dijo al aludir al desplazamiento de personas que el agronegocio provoca en la región.

Unos 90 mil campesinos por año son forzados a dejar sus tierras por la expansión de la frontera agrícola en el país. “Tacuati no tiene futuro”, expuso Giancarlo Nava, el párroco italiano de la localidad norteña. “Acá existe un aislamiento social, falta de ruta, hambre, miseria, problemáticas bastantes densas y complicadas. En Tacuati falta un programa social grande. La ausencia del Estado es en todos los niveles. No hay políticas sociales, lo cual es violación de los derechos humanos”, apuntó.

La situación más difícil en esta población se dio cuando militares fueron a interrogar a niños en la escuela Inmaculada Concepción. Una mujer de la comunidad relató ante la comisión de derechos humanos de Codehupy: “Tienen un aspecto que asusta, con pasamontañas, y los niños tienen miedo. Fueron a preguntarles, por ejemplo, si ellos saben dónde está el EPP. Aquí ya tenemos una educación débil; los niños tienen parásitos, pasan frío y se van con hambre… Y el Estado, en vez de enviarnos una educación de calidad, nos envía represión, porque esto también es represión para niñas y niños”.

En guerra

El presidente Cartes habló poco sobre el tema y recordó que durante la campaña electoral la gente en la zona le reclamó obras viales y asistencia para superar la miseria. Al asumir, el jefe de Estado declaró una guerra a la pobreza aunque no explicó cómo encarará las batallas. Nada en su programa de Gobierno ni en los hombres que eligió para que lo acompañen hace pensar que pueda revertir el cuadro de situación de los tres departamentos del Norte sin inversiones públicas de importancia.

Si los militares capturan con vida a los cabecillas del EPP, Cartes podrá presentar credenciales ante sus pares de la empresa, las finanzas y el latifundio. Y reforzará un sistema de gobierno donde las fuerzas de seguridad se erijan como respaldo principal de su poder. El temor en las fuerzas sociales es que esto le permita reeditar la trilogía Gobierno-Fuerzas Armadas-Partido Colorado, que marco la lógica de sustento de la cruel tiranía de Alfredo Stroessner.

Desde Asunción,

Sombras

El Ejército Paraguayo del Pueblo (EPP) tendría unos 60 integrantes y un área de influencia en los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay, en el Norte del país, en la frontera con el Brasil. Allí conviven grandes latifundistas con campesinos pobres, un alto porcentaje de ellos sin tierras. Al EPP se le han atribuido por lo menos cuatro secuestros: María Edith de Debernardi (2001); Cecilia Cubas (hija del ex presidente Raúl Cubas, asesinada por sus captores en 2004); Luis Lindstron (ganadero de San Pedro, en 2008, finalmente asesinado en 2012) y Fidel Zavala Serrati (ganadero de Concepción, 2009).
La policía dice tener pruebas de que sus miembros han sido entrenados por integrantes de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Por el secuestro de Debernardi fueron detenidos varios ex activistas del Partido Patria Libre (PPL): Alcides Oviedo Brítez, su esposa Carmen Villalba y Aldo Meza, los primeros en hablar de la existencia del EPP.

Fuente: http://americaxxi.com.ve/revista/articulo/99/p-fuerzas-armadas-nbsp-para-conflictos-internos-p

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