Sin respuesta a las demandas sociales

Jorge Zárate

07/05/2014

Opinión

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Distancia: el Gobierno mostró un informe según el cual la pobreza pasó del 32,4% a 23,8% de la población en dos años. Este “descenso” exhibido como logro de la gestión del presidente Horacio Cartes fue desacreditado por investigadores independientes. Cuestionan errores metodológicos y la intención de usufructuar estadísticas que se desprenden de las políticas del derrocado presidente Fernando Lugo. El Ejecutivo modificó la base de dinero que necesita una familia para vivir y que separa la pobreza de la pobreza extrema. Aparte de la inacción frente a las recientes inundaciones, el hecho es que uno de cada cuatro paraguayos padece hambre y alrededor de un millón 165 mil personas vive en pobreza extrema.

Un año después de haber ganado las elecciones presidenciales Horacio Cartes intentó exhibir como logros de su gobierno índices sociales que fueron cuestionados por estudios no gubernamentales y atribuidos a la gestión del derrocado presidente Fernando Lugo. El titular del ejecutivo, que asumiera con la promesa de “combatir la pobreza”, intentó presentar los resultados de la encuesta de hogares que hace la Dirección de Estadísticas, Encuestas y Censos (Dgeec) en los que se señala un “descenso” de la pobreza. El informe en cuestión detalla que la pobreza pasó de 32,4% a 23,8 % de la población en los últimos dos años.

De acuerdo a los últimos estudios oficiales comprobables uno de cada cuatro paraguayos padece hambre y alrededor de un millón 165 mil personas vive en la extrema pobreza. Pero la Encuesta Permanente de Hogares (EPH 2013) señala que la pobreza extrema fue reducida a poco más de 677 mil. “Nosotros no hacemos un ordenamiento por clases sociales. Nuestra medición tiene las categorías de pobres, pobres moderados y no pobres”, explicó Elizabeth Barrios de la Dgeec al dar cuenta de los términos del estudio.

Pero al analizar las cifras presentadas por el Gobierno, prestigiosos investigadores independientes dieron cuenta de los errores metodológicos de la encuesta. Destacaron que si se había registrado algún descenso en el período 2011/2013 se debía a las políticas sociales del gobierno de Fernando Lugo, específicamente al plan Tekopora, que brindó asistencias monetarias a padres de familia en extrema pobreza.

A los efectos del estudio la Línea de Pobreza Extrema en el Área Metropolitana de Asunción se fijó en un ingreso de 364.241 guaraníes (poco menos de 100 dólares estadounidenses). Con este dinero una persona podría hipotéticamente comprar una canasta de alimentos por mes. Las cifras para la Gran Asunción y las áreas urbanas de las grandes ciudades del país a la que se define como Resto Urbano es aún inferior, ya que fue fijada en 279.524 guaraníes (70 dólares). En el Área Rural el ingreso se fijó en 258.654 guaraníes (65 dólares).

Ese dinero es insuficiente para alimentar a una familia paraguaya ni 15 días. Esta valoración es la que puede contribuir a una lectura engañosa de los números si se tiene en cuenta la otra línea monetaria que diferencia a pobres de no pobres: 607.855 guaraníes (150 dólares) para el Área Metropolitana; 435.067 (110) para el Resto Urbano; 375.801 (90) para el área rural. En la realidad, muchos de los considerados no pobres por la encuesta siguen siendo pobres en los hechos.

Lecturas

El ministro de la Secretaría Técnica de Planificación (STP), José Molinas, consideró que “hubo es un crecimiento récord y una estabilidad en los precios de los productos”. Apuntó que se generó más trabajo y también mejores ingresos para los grupos más pobres y que el aumento de dinero que percibe el grupo se incrementó en 44% entre 2012 y 2013. Aclaró que a pesar de la expansión de lo que se percibe se trata de montos pequeños y especificó que el 20% de las personas más pobres recibe unos 470 mil guaraníes mensuales, mientras que en el 2013 dichos ingresos se habrían incrementado a 620 mil guaraníes por mes.

Para el economista Luis Rojas “la encuesta presentada por el Gobierno que habla de una reducción de 10 puntos de la pobreza no tiene explicación. O está mal la medición o hubo manipulación”. Según la encuesta cuestionada en 2012 decreció el Producto Interno Bruto (PIB), pero la pobreza se redujo 4%. El mismo trabajo determinó que “la reducción de la pobreza es constante” (ya que) “entre 2012 y 2013 bajó casi 5% anualmente”. El investigador cuestionó que “en esos años no hubo nada nuevo en políticas públicas que puedan explicar la reducción, sólo conflictos políticos”. Rojas agregó que “en cuanto a ejecución del presupuesto público fueron años de queja por falta de pago a proveedores y falta de salario para funcionarios públicos”.

El sociólogo Ramón Fogel sostiene que “hay un error metodológico cuando (el Gobierno) dice que la reducción de la pobreza no responde a transferencias del programa Tekopora”. Según los datos mencionados las transferencias sólo han pesado el 3% para la reducción de la cantidad de pobres. De acuerdo a lo apuntado por el especialista, el informe señala que hay un aumento sustancial de los ingresos de los pobres rurales; sin embargo en el quintil más pobre el ingreso mensual per cápita es de sólo 129 mil guaraníes.

Fogel expresó que “obviamente los que perciben transferencias por el programa Tekopora, que son unas 100 mil familias, tienen un monto mayor al mencionado”. Agregó que “los que salieron de la pobreza son los que están en Tekopora”. A las cerca de 200 mil personas que se encuentran dentro del programa Tekopora deben sumarse las personas que han ingresado bajo el programa de pensión a adultos mayores, que perciben alrededor de 500 mil guaraníes. “Definitivamente los que salieron de la pobreza extrema rural de manera muy importante responden a las transferencias, ya que no hay ingresos por otras fuentes”, comentó.

Curiosidad

El presidente Horacio Cartes recibió en septiembre de 2013 a Michael Porter, de la Escuela de Negocios de Chicago. Este profesor de Harvard coordina el Social Progress Imperative (SPI), una organización sin fines de lucro con sede en Estados Unidos que mide los resultados de 132 países por su desempeño social y ambiental, identificando fortalezas y debilidades.

En la región, Paraguay se convirtió en el primer país en el mundo en adoptar oficialmente el Indice de Progreso Social como una medida de desempeño nacional “usando la información para evaluar las necesidades sociales de sus ciudadanos, y para informar y monitorear las decisiones de gasto e inversión social”, informó SPI.

Lo curioso del caso fue que esta entidad, contratada por el propio Gobierno, ubicó a Paraguay en el puesto 72 de su índice. Explicó que “Paraguay tiene déficits muy importantes en lo que hace a la dimensión de las necesidades humanas básicas, específicamente en la nutrición (109º entre los 132 países en lo que hace a subnutrición, y 106º en el déficit de alimentos); el componente de agua y saneamiento (118º entre 132 países en el acceso a instalaciones mejoradas de saneamiento en las zonas rurales frente a las zonas urbanas); y el componente de la Vivienda (104° entre 132 en la calidad del suministro eléctrico)”.

Las intensas lluvias registradas durante abril dejaron al desnudo la incapacidad del Gobierno de asistir en forma inmediata y acorde a las poblaciones en pobreza. Más de tres mil personas fueron damnificadas en el sureño departamento de Ñeembucú donde los barrios bajos de su capital, Pilar, fueron los más afectados. Algo similar ocurrió en el norteño departamento de Concepción y en Presidente Hayes, en el Chaco paraguayo, donde comunidades indígenas clamaban por asistencia. En total más de 15 mil familias que sufrieron la emergencia y vieron anegadas sus viviendas no encontraron la respuesta adecuada.

Desde Asunción, Jorge Zárate

Resolución urgente en un juicio injusto

La lucha popular en Paraguay se anotó otro hito cuando el 12 de abril un tribunal de Guaira dispuso el arresto domiciliario de cinco campesinos detenidos acusados de haber participado en la llamada masacre de Curuguaty que le costó la vida a 17 personas entre campesinos y policías. La orden judicial permitió suspender la huelga de hambre que los imputados mantuvieron durante 58 días.

El estado de salud de Felipe Santiago Benítez Balmori, Adalberto y Néstor Castro, Arnaldo Quintana, y Rubén Villalba se había deteriorado notablemente como consecuencia de la medida de fuerza que contó con la solidaridad nacional e internacional. Pese a todo Villalba fue vuelto a recluir en la cárcel de Tacumbú, mediante una maniobra judicial calificada de “artera” por la defensa, que reflotó un caso del 2008 que debía estar extinto por supuesta invasión de inmueble ajeno.

El caso Curuguaty es otro elemento fundamental en la agenda política de los movimientos que reclaman la nulidad del juicio al que consideran “espurio” en el que el fiscal Jalil Rachid acusa a los principales imputados de “tentativa de homicidio” de seis policías en un caso en el que también fueron asesinados 11 campesinos. El caso es cuestionado en Paraguay y en foros internacionales que lo consideran amañado y parcial.

El 15 de junio de 2012 más de 300 policías ingresaron a las tierras de Marina Kue, departamento de Canindeyú, a desalojar un asentamiento campesino. Allí murieron 11 campesinos y seis policías. La mayoría de los campesinos fueron capturados con vida y ejecutados sumariamente por la fuerza policial de acuerdo a las pruebas que constan en el caso. Casi dos años después de aquella matanza el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, admitió que evaluará “investigar también” la muerte de los campesinos.

El hecho motivó una semana después el juicio político express que destituyó al presidente Fernando Lugo.

Fuente: http://www.americaxxi.com.ve/revista/articulo/107/p-sin-respuesta-a-las-demandas-sociales-p

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