Podría recordar aquella secuencia de la película "El Padrino" en que mientras la familia Corleone asiste a una ceremonia en una Iglesia, sus hombres se dedican a asesinar a sus enemigos a sangre fría. Mientras el Comandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre era recibido en un salón del Vaticano por el Papa Juan Pablo II, en Chile se daba a conocer el informe de la Comisión Sobre Prisión Política y Tortura con el testimonio de 35 mil chilenas y chilenos que fueron torturados salvajemente y hechos prisioneros por miembros del Ejército y de las otras ramas de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. "Siento un compromiso y adhesión al ejemplo de vida que él (el Papa) nos da y a lo que la Iglesia nos llama: al amor, a la acción de Cristo en la tierra, a cargar las cruces que cada uno tiene", fueron palabras del jefe del Ejército al salir de la audiencia papal, en horas que en cientos de miles de hogares chilenos volvía el recuerdo del terror y el horror de miles de personas torturadas, presas y perseguidas. Ni el amor, ni la acción de Cristo en la tierra parece haber acompañado a todos los uniformados que durante los 17 años de la dictadura implementaron una política de terror, persecución y terrorismo de Estado que desencadenó diversidad de violaciones a los derechos humanos. Los testimonios recogidos por la Comisión, creada por el Presidente de la República, dan cuenta de torturas como violación, violación con animales, aplicación de electricidad en genitales y otras partes del cuerpo, simulacro de fusilamientos, sesiones de golpizas, sumergimiento en tambores de agua, tortura a hijos y familiares de los detenidos, golpes destinados a provocar fracturas de extremidades, etc. Todo ocurrió desde septiembre de 1973 (fecha del Golpe de Estado) hasta finales de los años ochenta bajo la dictadura. Son 35 mil testimonios recogidos en varios meses de trabajo en Chile y en el exterior que quedaron recopilados en dos tomos de unos ocho capítulos que ya tiene en sus manos el Presidente Ricardo Lagos quien lo dará a conocer a la ciudadanía, probablemente los primeros días de diciembre. María Luisa Sepúlveda, integrante de la Comisión, aseveró que "fueron masivas la prisión política y la tortura" contra las chilenas y los chilenos por parte de los militares y carabineros. Quedó demostrado en la investigación testimonial que "la tortura fue una política de Estado" y como enfatizó el diputado Carlos Montes, "todo indica que hubo una política sistemática de violaciones a los derechos humanos". La Comisión Sobre Prisión Política y Tortura pudo determinar que todas las ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros estuvieron involucradas en casos de tortura y violación a los derechos humanos y que tuvieron responsabilidad en la creación de cárceles secretas e ilegales. Al mismo tiempo, el propio diputado Montes agregó un elemento ineludible en la investigación de esos sucesos, el de la responsabilidad de civiles de la derecha que durante la dictadura actuaron "como ministros del Interior, subsecretarios de gobierno, en distintos roles" que tenían vínculo directo con la ejecución de políticas internas del régimen militar. A pesar de constar 35 mil testimonios (cifra de por sí estratosférica tratándose de este tema) los organismos de derechos humanos calculan en un par de cientos de miles las personas que fueron detenidas y/o torturas durante el régimen militar que gobernó 17 años. Un informe de la Comisión Ética Contra la Tortura calculó en 1.200 los centros de reclusión de presos políticos y en 3 mil 600 el número de uniformados y civiles que participaron en sesiones de tortura. Justificar y lavarse las manos Pese a toda esta investigación y los miles de testimonios, la derecha y los militares siguen sin asumir su entera responsabilidad, evaden llegar al fondo, hay indicios de que siguen mintiendo sobre este asunto y pretenden desentenderse insistiendo que se trató de situaciones "individuales" y no institucionales, versión harto débil porque se sustentaría en que un grupo de uniformados por su propia cuenta pudo detener y torturar a decenas de miles de personas sin que los mandos y las instituciones se percataran, en un país con toque de queda, decretos militares altamente represivos y un control militar de cada rincón del país. Un argumento que están repitiendo con insistencia los dirigentes derechistas y los mandos militares es que en Chile, en 1973, había un conflicto de proporciones en el marco de "la guerra fría" y eso explicaría y justificaría el número de prisioneros y torturados. El senador de la pinochetista Unión Demócrata Independiente (UDI) y ex jefe de la Armada, Jorge Arancibia, cuestionó que el informe es "un análisis frío" sin considerar, según él, el contexto de la confrontación política de la época y justificó las más salvajes torturas diciendo que todo obedeció "a la naturaleza misma del conflicto en los términos, en la magnitud y en la dimensión que se dio". El actual jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, se casó con la tesis de que "el conflicto" explica el nivel de atrocidades que cometieron sus correligionarios. De allí planteó que su institución actuó "con la absoluta certeza que su proceder era justo y que defendía el bien común general y a la mayoría de la población". Menos, claro, a los cientos de miles de chilenos torturados, presos, exiliados, desaparecidos, ejecutados, perseguidos. En ambos casos se omiten realidades de la época de inicios de lo setenta que desmienten un nivel de "confrontación" y "una magnitud" tal que se pudiera pensar en una "guerra interna" o algo similar. Lo real es que funcionaban el Congreso y el Poder Judicial con absoluta normalidad, que el Ejecutivo había aceptado la aplicación de la Ley de Control de Armas que le daba atribuciones especiales a los militares, que funcionaban todos los medios de comunicación donde la mayoría era de derecha, que los sindicatos funcionaban con todos sus derechos, que había un respeto tal a la legalidad vigente que el Presidente Salvador Allende iba a convocar a un plebiscito para que la población decidiera, en las urnas de votación, si proseguía o no el gobierno de la Unidad Popular. Los militares optaron, en cambio, por la conspiración y el Golpe. Llevando ciertas analogías a la época actual, los militares estadounidenses que violaron los derechos humanos y torturaron a prisioneros iraquíes, son juzgados en su país, a pesar de que dichos delitos se cometieron en medio de una verdadera guerra de "magnitud" en Irak. De acuerdo a documentos de muchos analistas, en realidad lo que ocurrió fue la implementación de las Fuerzas Armadas de la doctrina de contrainsurgencia y "seguridad nacional" para "eliminar" al enemigo político -la izquierda y las fuerzas sociales- tal como lo expresaron en su momento los generales Gustavo Leigh y Augusto Pinochet, miembros de la Junta Militar. Es contradictorio, por lo demás, que durante el gobierno de Salvador Allende se registraran un par de casos de muerte por motivos políticos -varios de ellos responsabilidad de la derecha- y ningún desaparecido, ejecutado o torturado, cuando supuestamente se vivía "una confrontación" de magnitudes en medio de la "guerra fría", y que cuando los militares terminan con ese conflicto se desata una ola represiva que dejó decenas de miles de desaparecidos, ejecutados, torturados, prisioneros y exiliados. Otro senador de la UDI y ex Ministro del Interior de Augusto Pinochet, Sergio Fernández, sacó una tesis original en la que dividió en dos a la dictadura: de un lado el gobierno y de otro el Ejército. Y como él estaba en el gobierno, pretende esquivar culpas. "El gobierno no participó en absoluto en ese tipo de actos (torturas)... El Ejército no era parte del gobierno, tenía una forma de acción y tratamiento distinto, el Ejército tenía sus funciones...". Lo cierto es que el gobierno lo presidía el Comandante en Jefe del Ejército, Augusto Pinochet, y lo integraban generales y coroneles de todas las ramas que asumieron cargos de Ministros, Subsecretarios e Intendentes. Difícil creer que estaban cortados en dos. En tanto los jefes de la Armada y de la Fuerza Aérea coincidieron en levantar la tesis de "poner las manos al fuego" por sus subordinados y relativizar el testimonio de los 35 mil presos y torturados. El Comandante en Jefe de la Armada, Miguel Ángel Vergara, declaró que "el tema de responsabilidades institucionales es un tanto amplio y genérico y se puede prestar a muchas interpretaciones, yo por ejemplo, puedo poner las manos al fuego porque de los 25 mil hombres que tengo el honor de comandar, ninguno de ellos tiene responsabilidad en asuntos de violaciones a los derechos humanos y las generaciones pasadas en su gran mayoría probablemente tampoco tienen nada que ver". El jefe de la Fuerza Aérea, Osvaldo Sarabia, afirmó que su institución no tiene por qué asumir responsabilidades: "Sería injusto hacerlo, en circunstancias que la FACH tiene miles de funcionarios y la mayoría abrumadora de ellos no tuvo relación con esos hechos". El Director General de Carabineros, Alberto Cienfuegos, indicó que "la institución se conduele" de la situación de prisioneros y torturados políticos pero que cualquier acto de anteriores jefes respecto a ello "no es mi responsabilidad juzgarlo". En todo caso al conocerse el informe seguramente aumentarán los argumentos en cuanto a que la prisión y la tortura política fueron parte de la política contrainsurgente de las Fuerzas Armadas y Carabineros, principalmente de sus mandos, y una medida aceptada y tolerada incluso por autoridades civiles del gobierno militar. El periodista Jorge Escalante escribió en el diario "La Nación" que "el punto que más las inquieta (a las FFAA) es que el informe estableció que la tortura fue una forma institucional de operar durante la dictadura militar en todo el país y no fueron actos de individuos que se arrancaron de los mandos...la Comisión estableció que la tortura fue una política de Estado". Algunos de los datos que se conocen indican que Carabineros realizó al menos 15 mil detenciones por motivos políticos, el Ejército 9 mil, la FACH dos mil y la Armada otras dos mil. "Someter, destruir y controlar a la población" La Comisión Ética Contra la Tortura señaló en un comunicado que "los métodos utilizados en la tortura por las Fuerzas Armadas de Chile tenían como objetivo someter, destruir y controlar a toda la población y sus organizaciones sociales, dejando secuelas que afectan hasta nuestros días a toda la sociedad chilena". En una carta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos Políticos (AFDD) al Comandante en Jefe del Ejército se indicó que "fuimos víctimas de un régimen de facto que vulneró sistemáticamente derechos individuales y colectivos propios de una convivencia democrática" en el país. No hay dudas al interior de organizaciones sociales y políticas, de sectores democráticos y de izquierda, que las consecuencias de la prisión y la tortura política tuvieron origen en un plan del alto mando de los uniformados. Por ello también al conocerse el informe de la Comisión, se está planteando la necesidad de conocer la identidad de los torturadores y represores para iniciar procesos judiciales de acuerdo a derecho. La Corporación de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) se preguntó qué ocurrirá con los antecedentes recopilados por la Comisión, "ya que se trata de documentación sobre la ejecución de un delito, de un crimen de lesa humanidad, por ende, deberán ser traspasados a los tribunales de justicia". La Comisión de Prisión Política y Tortura no tenía como atribución indagar sobre los responsables de las violaciones a los derechos humanos, aunque se presume que en los testimonios salieron nombres de torturadores. Es un tema que queda pendiente en cuanto al conocimiento de la "verdad completa" de lo sucedido y que podría incidir en procesos judiciales futuros. Responsables de la derecha Por mencionar algunos nombres, los parlamentarios Sergio Fernández, Jovino Novoa y Alberto Cardemil, así como Sergio Onofre Jarpa y Francisco Javier Cuadra, hombres de la derecha, ocuparon cargos estratégicos durante el régimen militar como ministro del Interior, Subsecretario del Interior, Secretario General de Gobierno, entre otros. Estaban en el primer círculo político de la dictadura y en cargos de toda confianza de Pinochet. Fernández y Jarpa dirigieron varios años "el orden interno del país", Cuadra leía comunicados dando cuenta de la muerte de "extremistas" y Cardemil participó de la maniobra destinada a mentir y evitar el triunfo del NO a la dictadura en el plebiscito de 1988. Ahora estos mismos funcionarios guardan silencio, dicen no haber sabido nada o llegan a declarar, como lo hizo Sergio Fernández, que emitieron oficios para evitar la tortura y que se llegó a sancionar a algunos torturadores, sin entregar documentación que avale esos dichos. Hasta la Primera Dama, Luisa Durán, hizo declaraciones al respecto. Planteó que "sería bueno que los civiles que participaron en el gobierno militar, que supongo sabían y si no sabían podrían explicarlo, dijeran algo". Añadió que "supongo que el mundo civil ha hecho sus propias deliberaciones y por eso creo que la gente que ocupaba cargos importantes, de decisión, no me imagino cómo uno puede no saber, no decir nada o no explicar nada". La AFDD fue concreta al señalar que "hay que ser fidedignos y claros, indicando los nombres y actuaciones de los personeros de la derecha que fueron parte sustancial de la dictadura...algunos están en el parlamento, lo que constituye una vergüenza". El diputado Gabriel Ascencio declaró que "los principales representantes de la derecha deben asumir sus responsabilidades" y su colega Carlos Montes hizo un llamado a quienes "tuvieron responsabilidades como ministros del Interior, subsecretarios de gobierno, en distintos roles, es bueno que cada uno de ellos a conciencia a partir de los datos que hay en el informe reflexione sobre su responsabilidad y también mire con perspectiva el país". Finalmente, reconocimiento oficial y social Ya recibido el informe de la Comisión de Prisión Política y Tortura, el Presidente Ricardo Lagos se mostró satisfecho del trabajo y objetivo cumplido. "Debemos estar orgullosos" dijo y se preguntó "¿cuántos países se han atrevido a mirar en profundidad su historia? ¿Cuántos países se han atrevido a llegar al fondo de lo que ocurrió? Chile se atreve, es un país sólido, estable y espero que todos estemos en condiciones de mirar con altura el paso que se está dando". El Secretario General de Gobierno, Francisco Vidal, manifestó que la labor de la Comisión "es un nuevo paso destinado a avanzar en el conocimiento de la verdad, justicia y reparación a las víctimas. Es el resultado de un arduo y acucioso trabajo que reunió cerca de 35 mil testimonios, configurando una información representativa de lo que sucedió en este tipo de violación a los derechos humanos en Chile, entre los años 1973 y 1989". Mireya García, dirigente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos dijo que "este efectivamente es un paso histórico, trascendente. De hoy en adelante quienes fuimos prisioneros políticos tenemos un reconocimiento social y oficial que había sido negado durante treinta y un años, por lo tanto es un día extremadamente especial para nosotros". No dejó de indicar que "esperamos que adopten todas las medidas que tienen que ver con la justicia, que tienen que ver con la reparación social simbólica, jurídica y material; y que principalmente este informe sea parte integrante de la formación de las nuevas generaciones para que nunca más en Chile esto ocurra". Ahora el país está a la espera de que el Presidente Lagos entregue la información y además anuncie las medidas que se tomarán al respecto y que podría incluir una "reparación económica" a los afectados.-