Durante los últimos meses de su gestión, la administración Chinchilla Miranda nombró o renovó los contratos de siete directores y gerentes en las principales instituciones del país y así, antes de que asuma el próximo gobierno, quedan amarrados puestos clave para la gestión pública.

 

Los nombramientos fueron de gerentes y directores que toman decisiones en temas estratégicos de salud pública, infraestructura, telecomunicaciones y en el control de calidad y la fijación de tarifas de los servicios públicos.

 

En el último semestre se nombraron o renovaron contratos de jerarcas en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

 

A comienzos de este año la junta directiva de la CCSS renovó el contrato, por los próximos seis años, de la Gerente de Infraestructura y Tecnología, María Gabriela Jenkins.

 

Esta gerencia es la responsable  de desarrollar todos los proyectos de infraestructura hospitalaria, así como del mantenimiento de los equipos médicos de la CCSS.

 

En julio pasado, la junta directiva del Conavi, nombró a Cristian Vargas como director ejecutivo de la institución responsable del mantenimiento, la conservación y reconstrucción de toda la estructura vial del país.

 

Según indicó Adriana Víquez de la oficina de prensa del ICE, a mediados del mes pasado, la junta directiva del ICE decidió modificar la manera en que tenía estructurada su organización, cerró la gerencia de Clientes y relanzó la histórica Gerencia de Telecomunicaciones que es dirigida ahora por Jaime Palermo.

 

En enero de este año, también se nombraron integrantes del consejo directivo de la Sutel, entidad  encargada de asegurar la eficiencia, calidad y la cobertura de los servicios de telecomunicaciones en el país.

 

Los nombramientos  fueron para Jaime Herrera, quien fue designado como miembro suplente del consejo de Sutel y para Manuel Emilio Ruiz, quien integrará el consejo como titular y cuyo trámite de contratación aún no está en firme, según explicó Eduardo Castellón, jefe de prensa de la Sutel.

 

En la Aresep, institución encargada de regular la prestación de los servicios públicos de agua, energía eléctrica, combustibles y transporte de pasajeros, así como de fijar los precios y tarifas de estos servicios, también se efectuaron nombramientos de última hora en puestos estratégicos.

 

Según información aportada por Carolina Mora de la oficina de prensa de Aresep, las designaciones se efectuaron bajo la modalidad de contratación directa y se nombró a  Martha Monge  −quien durante la administración de Laura Chinchilla laboró como Secretaria del Consejo de Gobierno−  como Directora de Atención al Usuario, y a Enrique Umaña Montero como director de Tecnología de Información en la Aresep.

 

Se intentó conocer las opiniones de los ministros de la Presidencia y de Comunicación, Carlos Ricardo Benavides y Carlos Roverssi, pero no respondieron los mensajes dejados en su teléfono celular y sus oficinas.

 

 

El exjefe de campaña del Partido Acción Ciudadana (PAC) y actual designado como Ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, señaló que entre las nuevas autoridades de gobierno existe una fuerte preocupación por el nombramiento o la renovación de contratos de última hora a jerarcas en las instituciones públicas.

 

Jiménez señaló que la voluntad de los electores expresó con claridad el deseo de tener un cambio en la forma en que se administra la gestión pública y que quienes están al frente de las instituciones autónomas deben respetar esa voluntad.

 

“Nos preocupa mucho esta serie de nombramientos de última hora, creo que lo correcto hubiera sido dejar que las nuevas autoridades puedan nombrar a sus jerarcas y conformar sus nuevos equipos de trabajo”, expresó Jiménez.

 

El designado ministro de la Presidencia señaló que, una vez que asuman el gobierno,  revisarán  la legalidad y conveniencia de estos nombramientos: “esperaríamos que esos funcionarios pongan sus puestos a disposición sin que tengamos que pedírselos, esperaríamos que ellos comprendan y si no lo hicieran se los pediríamos de una manera formal y si no procederíamos con lo que la ley nos permita hacer para articular a nuestros jerarcas con mandos que puedan llevar adelante los compromisos que don Luis Guillermo (Solís) y el PAC tienen para este país”.

 

 

El año pasado, la recién renovada como Gerente de Infraestructura y Tecnología de la CCSS, María Gabriela Jenkins, fue objeto de cuestionamientos y un informe  de la Asamblea Legislativa recomendó a la Caja efectuarle un llamado de atención.

 

Entre los cuestionamientos efectuados por los diputados se le atribuye a Jenkins, responsabilidad por el mal estado de la infraestructura hospitalaria y atrasos en la implementación del Expediente Digital Único en Salud.

 

La jerarca de la CCSS también fue objeto de críticas por pedir a la Contraloría General de la República (CGR) que reinterprete el artículo 74 de la Ley Orgánica de la CCSS, para facilitar la adjudicación de licitaciones y compras a empresas morosas con  la seguridad social.

 

Sobre estos cuestionamientos Jenkins alegó que el informe elaborado por los legisladores contiene errores e inexactitudes en relación con el atraso en la implementación del  Expediente Digital Único en Salud (EDUS).

 

“El EDUS que actualmente está implementando la CCSS no es un plan piloto, como temerariamente se afirma, sino un sistema en producción que comprende la automatización de los procesos del primer nivel de atención y que en la actualidad, se halla en 150 sedes de Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebáis)”, señaló Jenkins.

 

La jerarca también relativizó las críticas sobre el mantenimiento de la infraestructura hospitalaria de la CCSS: “me he dedicado a fortalecer la infraestructura hospitalaria y he rescatado un sinnúmero de obras de acuerdo con las posibilidades financieras institucionales, tales  como el ala sur del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, los hospitales de Heredia y Osa y la clínica de Alajuelita”.