Los hallazgos del último informe Estado de la Nación 2014 podrían funcionar como una receta, un remedio para atacar científicamente la desigualdad y reducir la indigencia en que vive hoy uno de cada cinco costarricenses.

Los datos son especialmente significativos en un país en donde los niveles de pobreza están estancados hace más de 20 años y en donde el último reporte de la Encuesta Nacional de Hogares señala que más de un millón de habitantes viven en situación de pobreza (1.170.634 personas) de los cuales un tercio enfrenta, además, un cuadro de pobreza extrema (344.924 personas).

Según el XX informe del Estado de la Nación 2014, la capacidad de lograr que los estudiantes completen la educación secundaria es vital para reducir la pobreza de manera significativa.

Según el documento, si a todas las personas que no lograron concluir su educación secundaria se les asigna el ingreso promedio mínimo de quienes sí completaron el colegio, el porcentaje de personas pobres en el país caería a la mitad, ubicándonos en niveles como los de Canadá que, en 2012, tenía un 9,4% de pobreza.

Es decir que la meta de alcanzar una cobertura total en secundaria, permitiría sacar al menos a 585 mil costarricenses de la miseria.

La baja escolaridad se asocia en el estudio a otro de los fantasmas que acechan a las familias pobres: el desempleo.

Según los investigadores, el desempleo es mucho mayor entre los pobres con baja escolaridad. Un escenario simulado en el que se les asigna a los desempleados el salario que percibirían si estuvieran ocupados, arroja que la pobreza se reduciría en 4,3 puntos porcentuales.

La segunda "medicina" para reducir la pobreza ya se encuentra prevista en la ley costarricense y es el cumplimiento de la ley de salarios mínimos que rige para cada actividad productiva.

Las investigaciones efectuadas por el proyecto Estado de la Nación revelan que, a uno de cada tres asalariados (395.295 trabajadores) del país se le incumple con el pago del salario mínimo.

Las regiones más afectadas por este incumplimiento legal son la Brunca, la Huetar Atlántica y la Huetar Norte. Entre los trabajadores los más afectados son las mujeres y los migrantes.

Los investigadores encontraron además que hay 102.000 asalariados (un 6,7% del total) a quienes se les incumple algún derecho laboral como salario mínimo, garantías laborales o se les impone una jornada de trabajo inapropiada (subempleo o sobrecarga).

Según los investigadores, solo con hacer cumplir la ley de salarios mínimos que cubre a todos los asalariados, se lograría reducir la pobreza en un 6%.

El estudio analizó, además, la eficacia y destino de los programas sociales y las transferencias del Estado y su impacto para reducir la pobreza.

Los resultados señalan que existe un relativo buen desempeño del destino dado a los programas de pensiones no contributivas y Cen-Cinai. Estos programas llegan, en un 80%, a personas en situación de pobreza, pobreza extrema o clases medias vulnerables a caer en pobreza.

Según los datos recopilados por los investigadores, un 76% de los recursos del Fodesaf se asignó a hogares pobres o vulnerables.

Los analistas del Estado de la Nación concluyeron tras analizar la red de programas sociales de Costa Rica que esta funciona como una tercera "medicina" contra la escasez, una malla de contención a la pobreza y señalan que, si esta red de transferencias y programas sociales no existiera, la pobreza en el país se duplicaría.

Un arranque de siglo con desigualdad

 

La primera década del siglo XXI se revela, según los datos recopilados por el Estado de la Nación, con una marcada tendencia a la desigualdad y una expansión de la brecha que separa los ingresos de los hogares más ricos (quinto quintil de la población) y los más pobres (primer quintil).

Este incremento en la desigualdad se produce además en un contexto histórico en el que desde hace cinco años se mantiene un crecimiento real en el ingreso de los hogares costarricenses.

Para el 2013 el ingreso neto promedio de los hogares costarricenses llegó a ¢979.292, es decir creció un 1,3% desde el 2012. Sin embargo, los beneficios se concentraron en los grupos más ricos de la población mientras que los más pobres, por el contrario, vieron deteriorado su nivel de ingreso.

En 2013, los ingresos del primer quintil (los más pobres) se redujeron en un 3,4%, mientras que los ingresos del quinto quintil (los más ricos) se incrementaron en un 3,7%.

Como resultado durante el 2013, los ingresos promedios del 20% de los hogares más favorecidos fueron 13 veces mayores que los del 20% más pobre.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) para el 2014 muestran que, en 2014 los ingresos netos promedios de sector más rico fueron de ¢996.077, mientras el ingreso neto promedio de los más pobres fue de ¢54.021.

Con estos números se revela que el quintil más pobre se reparte apenas el 3,9% del ingreso nacional mientras el quintil más favorecido se distribuye el 50,1% del ingreso disponible del país.

A pesar de que la tendencia se mantiene, durante el 2014, el índice de Gini, que también se utiliza para medir la desigualdad, mostró una leve mejoría debido a un incremento en el ingreso que tuvieron los sectores medios de la sociedad.

 

- Ernesto Rivera - ernestoriverac@gmail.com