Óscar Campos jurídico de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), organización miembro de la Red por el Derecho de la Comunicación (ReDCO), afirma que la reforma a  la Ley de Lavado de Dinero y Activos tal y como fue redactada el año pasado “tenía bastante cobertura y respondía a las exigencias de las convenciones y convenios internacionales contra corrupción y contra lavado de dinero”.

 

Sin embargo, la segunda reforma realizada la semana pasada a la mencionada ley y que excluía a los medios de comunicación argumentando muchos diputados de derecha que “la ley ya los incluía dentro de personas naturales y jurídicas por lo que no era necesario detallarlas, creemos que no debe ser así”, aseguró Campos.

 

Según el abogado “jurídicamente la ley es taxativa, no se puede dejar abierta en base a un artículo que diga que todas las personas son naturales y jurídicas. Si existe un listado como se menciona en su articulado, debía especificarse en este caso a los medios de comunicación”.

 

Para José Luis Benítez, directivo de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), incluir a los medios en la Ley contra el Lavado de Dinero “no afecta la libertad de expresión por sí misma y es válido que haya una preocupación porque se pueda realizar lavado en dichas empresas”.

 

Contrario a estas posturas, el diputado Rodolfo Párker de la Democracia Cristiana ve “una persecución sistemática a los medios y la libertad de expresión y a los grandes medios de comunicación que, según él, se han ganado a pulso el derecho a divulgar todo tipo de pensamiento, por lo que la ciudadanía debe protegerlos y no amordazarlos”.

 

Además asegura que no hay ningún indicio para ver una amenaza que se pueda lavar dinero a través de los medios informativos.

 

Sin embargo, Benítez señala que ya se conoce de “experiencias de medios que surgen por financiamiento del narcotráfico y aquí mismo, en algunos, casos no se puede saber quiénes son los dueños de algunas radios y canales, que solo son dirigidas administrativamente por testaferros”.

 

“Los medios tienen una función social y generan credibilidad, por lo que transparentar los flujos financieros de estas empresas favorecería el desarrollo democrático y transparencia de los medios como empresas”, destacó el directivo de la APES.

 

El también catedrático añade que es falso que el Ejecutivo quiera controlar a los medios, ya que sería una ley operativa a través de un vínculo de monitoreo de las empresas con la Fiscalía General de la República (FGR).

 

Campos comparte la visión del representante gremial, ya que “con esto no se está violentando en ningún momento la libertad de expresión, ni la de prensa o información que tienen los medios, no es una mordaza, sino un mecanismo de control que puede evitar que los medios de comunicación, los periodistas e incluso sus directores puedan llegar a ser sujetos de alguna tentación o que puedan ser buscados para cometer un delito como el lavado de dinero a través de sus empresas”.

 

“Es necesario sentar un precedente si estamos tratando de llevar a cabo una lucha contra la corrupción y ese tipo de delitos, dejar claras las reglas del juego y prevenir que en un futuro el narcotráfico, el crimen organizado o algún otro tipo de flujo financiero proveniente de algún ilícito pueda ser lavado mediante la compra de pauta publicitaria, de espacios en medios de comunicación o mediante la creación de un medio de comunicación como los digitales que últimamente se han popularizado”, señaló Campos.

 

Para el representante del ISD, en algunos países hay regulaciones específicas para el financiamiento de los medios de comunicación, sin embargo no hay una ley contra el lavado que incluya medios de comunicación, aunque sí hay convenios internacionales en los que se regula el quehacer periodístico y de los medios de comunicación en pro de luchar contra la corrupción, pero esos convenios se respetan a medias en el país.

 

Benítez señala que lo ideal sería mantener a los medios dentro de la ley, pero tampoco lo ve innegociable, porque “ponerlos a todos en una sola categoría no conviene, debe valorarse que tener como sujetos sin ninguna distinción puede generar problemas de operatividad para aplicarla a medios pequeños y medianos”.

 

Los grandes medios tienen un mayor personal, otra facturación y recursos para contratar la persona, oficial de cumplimiento, que se mantendría en contacto con la FGR para reportar las operaciones financieras, pero para los medios pequeños y medianos sería una limitación operativa, que iría en detrimento de su desarrollo y mejor trabajo.

 

“En ese sentido, la medida también haría retroceder la creación y fortalecimiento de los medios públicos y comunitarios”, asegura Benítez.

 

Finalmente, el representante de APES aseguró que más allá de lo expuesto, lo que “sí debería promoverse es el debate de la transparencia en los medios de comunicación, que si bien ahora no estarían obligados, deberían tener mecanismos de transparencia para saber cómo se financian, quiénes son sus anunciantes y sus dueños reales, ya que es un derecho legítimo de la sociedad”.

 

- José Mejía - @JosMejia