En la solicitud que hicieron representantes de la UCA y del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas (COLPROCE) a la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción para investigar el proceso de privatización de la banca nacional, la catedrática Julia Evelyn Martínez explicó que algunos estudios ya infieren que existió una presunta estrategia de quebrar bancos privados, hacer que el Estado los rescatara con impuestos ciudadanos y después que se volvieran a comprar por los mismos privados a bajo costo para luego revenderlos a las transnacionales.

 “La hipótesis principal que estamos manejando en la UCA y COLPROCE que nos ha motivado a realizar esta investigación está basada en la presunción de que la privatización de la banca y asociaciones de ahorro y préstamo en el año 1990 contribuyó al proceso de reacumulación primaria de capital de algunos grupos empresariales que utilizaron esos bancos y recursos, y todo el apalancamiento financiero que pudieron lograr a partir de la captación de los ahorros del público, de las aseguradoras y de otras empresas relacionadas con los bancos, para financiar su proceso de expansión de actividades tanto a nivel nacional como posteriormente a nivel internacional”, aseguró Martínez.

Es decir, afirma Martínez, “se aprovecharon de la privatización de la banca para usarlo, no en función de los intereses del desarrollo nacional, ni de la democratización de la propiedad o del aumento de la eficiencia económica o de la mejora en el empleo o canalizarlo hacia la micro, pequeña o mediana empresa, sino que única y exclusivamente como un medio para financiarse, expandirse y finalmente consolidarse como estas élites económicas que actualmente, no solo controlan la economía del país, sino que tienen una gran influencia a nivel centroamericano”.

“Concretamente estamos hablando del grupo Simán, Poma, Agrisal y el mismo grupo Cristiani a través del banco Cuscatlán, que utilizaron esa privatización primero para sus intereses y una vez que tenían cubiertos esos intereses los vendieron. Habían comprado esa banca saneada, por debajo del valor, a precios de colones y después que se dolarizó la economía la vendieron en dólares, con lo que obtuvieron ganancias extraordinarias, sin pagar impuestos” aseveró la experta en ciencias económicas.

La catedrática señaló que con la investigación quieren explicar cómo esa privatización se dio cuando estos grupos no eran grupos empresariales de poder, pero ahora son prácticamente las élites económicas centroamericanas que dominan las inversiones a costa del flujo de dinero de los impuestos ciudadanos con los que se pagó la quiebra de los bancos privados.

Hasta que no se termine la investigación de la UCA y COLPROCE con el apoyo tanto de la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción como del Banco Central de Reserva no se podrá comprobar la hipótesis de que se quebró la banca a propósito para luego sanearla y venderla con exorbitantes negocios, “pero existe una fuerte presunción de que fue así y no sólo ocurrió con el proceso de privatización de los bancos y asociaciones de ahorro y crédito, sino que también debe investigarse todas las privatizaciones, incluyendo las telecomunicaciones” increpó Martínez.

Tanto la catedrática de la UCA como los representantes de COLPROCE cuestionan el procedimiento de debilitar y meter en problemas financieros a la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) para que después pudiera ser privatizada, lo mismo que pasó con el INPEP para también privatizar las pensiones.

“Nuestra hipótesis general es que todo el proceso de privatización fue parte de una estrategia de grupos empresariales que se aprovecharon de los bienes del Estado, de los bienes públicos y los impuestos, porque al final todo esto terminó siendo financiado con impuestos, para su particular proceso de privatización”, señaló Martínez.

Los representantes de la UCA critican que actualmente estos grupos empresariales son los primeros en señalar a otros grupos empresariales o al mismo gobierno sobre el desastre financiero, el problema del endeudamiento, las finanzas públicas y sobre la baja recaudación fiscal entre otras cosas y "hasta ahora ellos no han sido señalados, ni se ven como culpables" de la situación económica del país.

Consideran que esta iniciativa académica, con una metodología científica de investigación, sobre procesamiento de la información, de análisis de los datos dará a conocer la verdad para entender el presente económico y social del país, y proyectarnos para saber qué debemos hacer y qué no seguir repitiendo.

“Aquí no hay ningún objetivo de perseguir y meter a nadie en la cárcel, pero dependiendo de cuáles sean los resultados, si logramos comprobar nuestra hipótesis de que esta gente se aprovechó de los bienes públicos, de la sociedad y la engañó para privatizar la banca prometiéndole desarrollo, progreso, crecimiento y empleo, quedarán al descubierto y deberán ser objeto de la sanción al menos moral de la población”, aseguró Martínez.

Para la docente universitaria “la verdad siempre genera una sanción moral y con esto (los que privatizaron la banca) no tendrán argumentos para estar hablando de lo mal que se están haciendo las cosas cuando ellos son responsables de una gran parte de los errores del pasado que en materia económica se cometieron y que ahora se están pagando sobre todo con un incremento en el endeudamiento público”.

Según la UCA el proceso de privatización del sistema financiero nacional y su posterior internacionalización es una etapa de la historia económica de nuestro país que debe ser documentada, sistematizada y analizada con el fin de encontrar las lecciones del pasado que nos permitan como país entender el presente y avanzar hacia el futuro.

11 de julio de 2017

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