Demanda de justicia ante La Haya

Jorge Edgar Zambrana Jiménez

02/10/2014

Opinión

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Debido al aumento de la población mundial hoy existe escasez de recursos naturales. Y ello conlleva a diversas disputas por la propiedad de los mares.

En Asia existen numerosas divergencias no sólo por la proyección de las Zonas Económicas Exclusivas, sino, también, por el dominio de islas e, incluso, islotes deshabitados.

La consecuencia ha sido un aumento en los gastos militares de defensa, en especial en las Marinas de Guerra, y los incidentes se suceden aumentando el peligro de guerras.

Los hielos del Polo Norte se están diluyendo y con ello emerge la disputa por el océano Ártico, basada en la proyección de las costas de los Estados ribereños. En las próximas décadas emergerán procesos de reparto de los recursos naturales de la Antártica.

El problema de la Corte de la Haya

El orden jurídico mundial de nuestros días señala que las diferencias entre Estados deben someterse a la Corte Permanente de Justicia, en caso de que no exista una solución negociada de las partes.

Una constante situación de disputa es altamente peligrosa ya que las tensiones pueden desembocar en la violencia.

Ahora bien, la Corte desarrolla una jurisprudencia que deja a los contendientes medianamente insatisfechos y con ello la disposición a aceptar el fallo arbitral. Si un Estado obtiene todo lo pedido y el otro es derrotado ampliamente esta situación limita el interés de terceros de acudir a la Corte, por el temor a un fracaso humillante.

Por ello los fallos dejan a los contendores medianamente insatisfechos. En estas condiciones las sentencias conjugan tanto a los principios jurídicos anteriores a la Convención del Derecho del Mar, como a los posteriores. Y, además, hacen uso de la “equidad” como amortiguadora de la posible dureza del fallo.

La usurpación chilena del litoral boliviano

Se puede concluir, al examinar la triste historia de nuestro nefasto enclaustramiento marítimo, que Bolivia necesita una verdadera política de Estado, puesto que hasta ahora no sabe cómo recuperarse del dominio chileno.

Unos hablan de “salida al mar”, otros de “corredor sin puerto al norte de Arica”, aquellos de “enclave” en Tarapacá o cerca de Mejillones, éstos de “gas por mar”, “agua dulce por mar”, “trueque territorial”; se menciona “cualidad marítima”, “confianza mutua”, “acercamiento”, “abrazo de Charaña”, “enfoque fresco”, “practicismo”, “zona internacional”, “soberanía compartida”, “polo de desarrollo”, “agenda de trece puntos”, “Corte de La Haya”, “Chile no puede dividir su territorio”, etc., etc.

Hay dos alternativas de solución convenientes:

1.- El corredor al norte de Arica que incluya obligatoriamente todo el puerto de Arica, ambos soberanos.

2.- La devolución de nuestros puertos ancestrales bolivianos, Antofagasta, Mejillones, Cobija y Tocopilla, incluyendo sus territorios litoraleños soberanos correspondientes.

En caso de que Chile no acepte dichas opciones, con su política de dominio absoluto y permanente sobre Bolivia, o que Perú no acepte la primera, actuando como perro del hortelano, y Chile la segunda actuando como cancerbero agresor perpetuo, a Bolivia no le queda más que seguir con su campaña internacional en todos los foros multilaterales, esperando el tiempo estrictamente necesario para que la coyuntura internacional permita la recuperación de nuestro Litoral.

En la negociación que se nos viene, luego que La Haya emita su fallo, no se debe cometer nuevamente los errores garrafales, arbitrarios, inexpertos e improvisados de Mariano Melgarejo que regaló un grado y medio geográfico de litoral, de 1904 donde Montes permitió la mutilación del resto del Litoral, y de la reunión de Charaña de 1975 en que Bánzer quería canjear territorio por un inservible callejón sin puerto al norte de Arica.

La política exterior del Estado boliviano, respecto de Chile, si bien no debe ser agresiva o de aislamiento, debe partir de la prudencia y la firme defensa de su soberanía marítima, recelando cualquier acuerdo susceptible de limitarla. A su vez, se debe posicionar el tema marítimo en la agenda internacional, buscando aliados y escenarios que nos acerquen a la reivindicación de nuestro litoral cautivo, para lo cual los bolivianos deben hacer cada día la renovación de su fe y duplicar sus esfuerzos.

Tenemos que rechazar la política de “confianza mutua” y “mar a como dé lugar”, y debemos exigir la reparación del atropello de 1879, y ésto sin claudicaciones ni compensaciones a Chile. No queremos tomaduras de pelo como el ridículo callejón sin puerto al norte de Arica. Nuestro Departamento del Litoral, actualmente ocupado y usurpado de facto, no puede convertirse en soberanía intangible chilena, con los argumentos de que la Corte de La Haya no trata revisiones de tratados y de que Chile no devolverá el litoral porque no puede dividir en dos partes separadas su territorio. Bolivia debe esperar la coyuntura internacional, así tengan que pasar 100 años más, para poder reivindicar su propio litoral, y no contentarse con un plato de lentejas.

Por otra parte, los embajadores bolivianos deben publicar en los medios comunicacionales del mundo la verdad sobre el asalto filibustero chileno de 1879. No debemos centrar todas nuestras expectativas en un supuesto fallo favorable de La Haya, ya que conocemos los ardides de la diplomacia mapochina cuando de negociar se trata.

Debemos darnos cuenta de que el trato bilateral nunca ha encontrado ni la más remota intención de reparación por parte de Chile al daño causado con su asalto invasor. Los alcances de un fallo de la Corte, para una obligación a negociar, seguramente no serán bien establecidos, y menos esa negociación será necesariamente favorable a la parte demandante.

Bolivia no renuncia a sus derechos sobre el Departamento del Litoral, y no considera un canje territorial, puesto que esto último constituiría un error de lesa Patria.

Por otra parte, es necesario puntualizar que en el hipotético caso de que Perú y Chile estuvieran de acuerdo en ceder a Bolivia el puerto de Arica, surge el problema de que el mar boliviano, que correspondería a ese puerto, quedaría encerrado entre los mares peruano y chileno, de acuerdo a los nuevos límites marítimos que ha fallado la Corte de La Haya en la disputa por el diferendo marítimo Perú vs. Chile. Se trataría de un nuevo enclaustramiento que daría lugar a nuevas tratativas diplomáticas interminables para conseguir mar con soberanía, o en su defecto, libre tránsito para buques e incluso aeronaves bolivianas por las zonas marítimas exclusivas tanto peruana como chilena. ¿Acaso tenemos una Cancillería capaz y con experiencia profesional para enfrentar estos temas ?

Consideraciones finales

El territorio es la primera y más sagrada de las prioridades nacionalistas. Su enajenación es cosa tan grave que sale de la vida común y ordinaria de un pueblo. Tal acto está fuera de las facultades de un Gobierno y aún del Congreso Nacional. La naturaleza del pensamiento democrático le impide aceptar que nuestro país se subordine a otro por causa de invasión y piratería por fuerza militar, repudiadas por la razón y la comunidad universal. Cualquier agresión “victoriosa” no constituye fuente de legítimo derecho y sólo es un brutal desprecio de los valores morales y del derecho internacional que no reconoce la conquista, mediante fuerza bruta, de territorios ajenos. Los chilenos se hacen la ilusión de que han enterrado el derecho boliviano y de que sobre el mismo han colocado la misma lápida que han puesto sobre nuestros puertos y el río Lauca, cacareando a los cuatro vientos que “es un asunto zanjado para siempre y que no deben nada, ni están obligados a nada, mucho menos a devolver un puerto, y que la aspiración boliviana es un asunto exclusivamente bilateral que debe estudiarse para ver las respectivas compensaciones”.

El “dominio” que Chile nos ha impuesto con el Tratado de 1904 no está respaldado por alguna ley sino por la fuerza bruta de un ejército permanentemente armado mediante dinero que es producto de la depredación de nuestras minas de cobre Chuquicamata y La Escondida, y que impide a Bolivia hacer valer en forma práctica su justo derecho de propiedad. La invasión filibustera, el actual dominio de nuestro Litoral por la fuerza militar y la violencia con la que nos obligó con coacción a firmar un tratado injusto, son inadmisibles e ilegítimos. La Cancillería chilena dice que son “derechos de victoria”... ¿Llama derechos al cohecho anglo-chileno?, ¿llama victoria al asalto premeditado y agresión a un país indefenso ?

En 1929 Chile y Perú firmaron el Tratado de Amistad y Límites en el cual especifican que los gobiernos de Perú y Chile no podrán, sin previo acuerdo entre ellos, ceder a una tercera potencia la totalidad o parte de los territorios que quedan bajo sus respectivas soberanías. De esta manera el país del que fuimos aliados durante la guerra, se ha confabulado con el agresor para encerrarnos detrás de Los Andes, quedando ellos como centinelas de nuestra prisión, con el compromiso de que ninguno puede abrir la salida sin el consentimiento del otro.

Bolivia, la «Hija predilecta» de Bolívar, no puede vivir eternamente mutilada, clausurada y encadenada con el dogal mediante el que se la ha reducido con implacable injusticia bajo los tratados de 1904 y 1929, vulnerando la geografía y la historia. Es un problema con características coloniales, existiendo agresión y usurpación territorial por la fuerza, explotación intensiva de recursos y riquezas ajenas y una continua ocupación y dominio ilegales que ya duran 135 años.

La Nación boliviana proclama su reintegración marítima como atributo esencial de soberanía, desarrollo y progreso. Los esquemas y fronteras trazados el Siglo XIX a punta de bayonetas y cañones, hay que hacerlos de nuevo en función de un mundo moderno y dinámico. El enclaustramiento al que Bolivia ha sido sometida amerita pronta reparación.

Recuperar el mar será reencontrar el destino marítimo de nuestro Estado y salvarlo de caer en el engaño de un “corredor” inservible sin puerto propio ni soberano al norte de Arica. Nuestra propiedad marítima debe sernos reintegrada sin compensaciones territoriales a Chile, dando cumplimiento a las normas y acuerdos del derecho internacional y a todos los principios proclamados en todas las conferencias interamericanas. El Tratado de 1904 está contradiciendo el derecho imprescriptible del Estado boliviano al ejercicio pleno de la soberanía sobre su Litoral. Ese tratado carece de toda legitimidad, ya que en vez de solucionar los problemas emergentes de la usurpación chilena de nuestro litoral, los ha violentado y agravado encerrando a Bolivia, y por ello el enclaustramiento subsiste como una injusticia internacional.

No se puede hablar de una Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) si no se exige la justicia evidente para Bolivia y no se deja de ignorar la atroz iniquidad de haber enclaustrado a un pueblo hermano y entronizado en América la política corrupta a la que sólo apelan los pueblos destituidos de justicia y que invocan a su favor la conquista, la fuerza bruta, la invasión y la usurpación. El deber y el honor imponen a las naciones la necesidad de protestar en nombre de la civilización y hasta del género humano, contra un país que conculca los sanos principios de derecho y equidad. Guardar silencio, observar delicada neutralidad, es hacerse cómplice del atentado despojador, copartícipe de tamaña inmoralidad y alevosía.

Bolivia, 2 de octubre de 2014

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