Si se hiciera una encuesta respecto de cuáles son los principales problemas del país, probablemente el narcotráfico aparecería como uno secundario y, además, para la gran mayoría, como un problema que nunca se va a poder resolver; algo semejante a la corrupción o los accidentes en las carreteras. Quizás, por todo esto, es que la clase política y nuestros gobernantes en general, en términos concretos, no le dan la importancia debida a tan delicado tema. Así, por ejemplo, DEVIDA, el órgano rector de la política antinarcóticos de nuestro país tiene un presupuesto que en más del 90% depende de la cooperación internacional, principalmente norteamericana. Y de otro lado, es conocido que sus funcionarios- técnicos y políticos- no son bien vistos donde aplican su estrategia (comprensible en el caso de los productores ilegales de coca), aunque también se aprecia una falta de apoyo de los organismos del estado y, además, ausencia de respaldo activo de la clase política y de la sociedad civil. En otras palabras, y aunque pudieran parecer odiosas las comparaciones, el apoyo y consenso que consiguió la DIRCOTE en la lucha contrasubversiva no es el que tiene DEVIDA en la lucha antinarcóticos. Aunque se nos diga que los dos problemas son igualmente graves y estarían entrelazados, especialmente desde la versión de los propagandistas de un agrandado “narcoterrorismo” y el peligro de una supuesta colombianización del conflicto . Si esto fuese cierto, ¿cómo es que el estado peruano apenas invierte 4 millones de dólares contra este combinado flagelo, y se tiene que depender de la ayuda norteamericana para que funcione la escuela de suboficiales PNP de Mazamari? Está claro que los resultados en la aplicación de la estrategia de DEVIDA no son del todo lo exitosos, que debieran serlo a tenor de sus impecables folletos de divulgación. Para algunos analistas, el costo-beneficio de esta estrategia corre parejo y se argumenta en su favor, que de no existir la erradicación forzada, el ritmo de crecimiento de los miles de hectáreas ilegales de coca sería aún mayor al existente. En realidad, pareciera un argumento teñido por la desesperanza sino uno forzado para encubrir impotencias, errores y deficiencias, a pesar de las buenas voluntades. Estando así las cosas, en concreto, se requiere un mayor compromiso estatal para el Programa de Desarrollo Alternativo, sin descuidar la interdicción y la erradicación forzada de los cultivos ilegales. Pero, la clave estaría en demostrar, convencer y ganar las voluntades de los productores cocaleros y sus organizaciones representativas. Ningunearlas no es buena táctica, acusarlos hasta el hartazgo de estar coludidos con los narcotraficantes no ha tenido resultados prácticos mas que favorecer el encono y eventualmente fortalecer al extremismo entregándoles gratuitamente una base de masas organizadas. Nunca hay que olvidar que la confrontación-y en un año electoral- sí pudiera llevar a encender la pradera. DEVIDA sostiene que se requiere en promedio una inversión anual de 300 millones de dólares durante 10 años para un programa exitoso de Desarrollo Alternativo. Ahora que se está negociando el TLC con EEUU, pocos ya recuerdan que desde el 2002 y hasta el 2006 está vigente el APT-DEA, tratado de preferencias arancelarias para el ingreso al mercado norteamericano de ciertos productos de los países comprometidos en una estrategia de disminución del hectareaje de coca. Según las estadísticas, durante el período 2002-2004 y debido al APT-DEA, las exportaciones a EEUU aumentaron en 2 mil millones de dólares. Empresarios de los sectores mineros, textiles, confecciones, espárragos, etc, se beneficiaron del APT-DEA. ¿No sería conveniente que parte de esos mayores ingresos al estado, vía impuestos, se invirtieran en favorecer el desarrollo de las zonas cocaleras? Por último, en un país en que difícilmente se recuerdan los nombres de ministros y otros altos funcionarios de diversos poderes del estado (por ejemplo ¿quiénes son los congresistas de San Martín, Huánuco y Ucayali, departamentos donde se ubican importantes valles cocaleros?), en cambio, los nombres de los líderes cocaleros de estas zonas sí son muy conocidos por sus pobladores, y por lo que se aprecia poco a poco sus nombres empiezan a resonar a nivel nacional. Apostaría doble contra sencillo que más de un partido político los quisiera tener en su lista de congresistas, para ganarse el apoyo del movimiento cocalero y los otros beneficios que esto conlleva.