PROVEA al Embajador extraordinario y plenipotenciario de los Estados Unidos de América en Venezuela. Excelentísimo Señor
William Brownfield
Embajador extraordinario y plenipotenciario de los Estados Unidos de América Estimado embajador Brownfield: En el último tiempo hemos observado, con preocupación, el despliegue de la política del gobierno del presidente George W. Bush hacia el gobierno de Venezuela, en la medida que incluye signos de amenaza al derecho humano a la autodeterminación del pueblo venezolano. En las líneas que siguen a continuación detallamos algunas reflexiones sobre esta materia que aspiramos podamos extender y conversar personalmente en una reunión que tenga a bien concedernos. El derecho humano a la autodeterminación de los pueblos es un elemento constitutivo fundamental de la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), suscritas por nuestros gobiernos en representación de nuestros pueblos. La Carta de la OEA lo consagra en varios de sus artículos. Entre ellos, los artículos 3,e; 19 y 20: “Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga, y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado. Con sujeción a lo arriba dispuesto, los Estados americanos cooperarán ampliamente entre sí y con independencia de la naturaleza de sus sistemas políticos, económicos y sociales”. “Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen”. “Ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener de éste ventajas de cualquier naturaleza”. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es un instrumento orientador fundamental del trabajo que Provea realiza en beneficio de toda la población venezolana, suscrito y ratificado por el Estado Venezolano y suscrito, pero no ratificado por los Estados Unidos de América, señala en su artículo 1 (común al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), lo siguiente: “1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. 2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia. 3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación, y respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas”. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, máximo organismo competente para interpretar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, suscrito y ratificado por el Estado Venezolano y por el de los Estados Unidos de América, señaló en su Observación general Nº 12, sobre el Derecho de libre determinación (artículo 1, común a ambos pactos), lo siguiente: “Este derecho reviste especial importancia, ya que su ejercicio es una condición esencial para la eficaz garantía y observancia de los derechos humanos individuales y para la promoción y fortalecimiento de esos derechos […] todos los Estados Partes en el Pacto deben adoptar medidas positivas para facilitar el ejercicio y el respeto del derecho de los pueblos a la libre determinación. Esas medidas positivas deben ser compatibles con las obligaciones contraídas por los Estados en virtud de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional; en especial, los Estados no deben injerirse en los asuntos internos de otros Estados, afectando así desfavorablemente el ejercicio del derecho a la libre determinación. El Comité considera que la historia ha demostrado que el ejercicio y el respeto del derecho de libre determinación de los pueblos contribuyen al establecimiento de relaciones de amistad y de cooperación entre los Estados y al fortalecimiento de la paz y la comprensión internacionales”. Se trata, como muestran estos textos, de un derecho que obliga a los gobiernos de nuestros países y que tiene gran relevancia por su impacto sobre otros derechos. Sus contenidos tienen una dimensión de política interna, vinculada con los derechos a la democracia, a elegir a las/os representantes y a una institucionalidad que garantice la expresión de la soberanía popular, y una dimensión de política exterior, vinculada con las relaciones de respeto y no intervención arbitraria que deben privar entre los Estados, en el contexto de la comunidad internacional. En el debate político existe una indudable tensión entre los discursos sobre la soberanía y el discurso de los derechos humanos. En ocasiones, el primero es utilizado por varios Estados para intentar sustraer del debate público y de la mirada de la comunidad internacional, amenazas o violaciones graves a los derechos de sus pueblos. Pero no es menos cierto que, en otras ocasiones, la mayor visibilidad de violaciones a los derechos humanos en un país determinado, inducida por la mayor difusión de información desde centros de poder interesados, ayuda a construir un discurso criminalizador que se convierte en una coartada para una intervención internacional arbitraria que vulnera la soberanía. Un análisis centrado en la perspectiva de derechos humanos, no dudará en subrayar que, si bien la soberanía no puede ser un límite infranqueable para la protección internacional de la dignidad de las personas y los pueblos, los derechos humanos no pueden ser una excusa para vulnerar la soberanía y el derecho que tienen los pueblos a decidir su propio destino, dotándose, como señala la Carta de la OEA, del “sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga”. Desde esta perspectiva, Provea cuestiona al Gobierno venezolano, cuando algunos de sus funcionarios utilizan el discurso de la soberanía frente a críticas de instituciones interestatales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Un gobierno, incluso un pueblo o una parte de él, pueden estar de acuerdo o no con los diagnósticos, propuestas y exigencias de esas instancias, pero su legitimidad para actuar en materia de derechos humanos no está en discusión y fue aceptada, soberanamente, por la mayoría de los Estados, en representación de sus pueblos. Igualmente, desde esa misma perspectiva, Provea cuestionó al Gobierno de los Estados Unidos cuando, como en el caso de la invasión a Irak, vulneró el Estado de Derecho internacional, realizando una acción armada al margen de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en un claro acto de agresión que incrementa la inseguridad mundial y, en especial, la de los ciudadanos estadounidenses. Desde esta misma perspectiva, queremos expresarle a Usted y a su gobierno, nuestra preocupación por el tono, la frecuencia y las posibles implicaciones de las declaraciones de altos voceros de la actual administración de los Estados Unidos de América, sobre Venezuela. En ese discurso, compartido por importantes Thinks Tanks de su país y por parlamentarios del partido de gobierno, se señala a Venezuela y a su gobierno como un peligro para la región. Para no extendernos en citas, sólo presentamos algunos extractos de discursos de voceros de su gobierno, un parlamentario del partido de gobierno y una institución privada. Aunque entendemos claramente que la administración del Presidente Bush no es responsable de las opiniones de instituciones privadas o parlamentarios, nos parece relevante citarlas en conjunto por las coincidencias esenciales que existen entre ellas. Un reciente Informe del Center for Security Policy, que no tendría mayor trascendencia si no encontrara, como señalamos, similitudes sustanciales con el discurso de la actual administración de los Estados Unidos de América, afirma que: "la dictadura en Venezuela, cada vez más represiva y agresiva, debe cambiar o ser cambiada […] ha hecho causa común con terroristas y los regímenes que los apoyan y ha desarrollado una ideología revolucionaria que comienza a hundir las Américas nuevamente en la violencia y el caos […] El régimen de Caracas representa un claro peligro para la paz y la democracia regionales [...]. Puede cambiar por su cuenta o invitar a las fuerzas hemisféricas, con la ayuda de la amplia oposición democrática venezolana, a imponer los cambios. En cualquier caso, la estrategia de EEUU debe ayudar a Venezuela a lograr un cambio pacífico para el próximo año". (http://www.centerforsecuritypolicy.org/. Subrayado nuestro). La secretaria de Estado Condoleezza Rice, no dice que en Venezuela hay una “dictadura”, pero sí un gobierno no democrático (“En vista de que fue elegido, debería gobernar democráticamente”), no dice que “hundi[rá a] las Américas nuevamente en la violencia y el caos”, pero sí que “no debería entrometerse en los asuntos de sus vecinos” (Entrevista en Univisión, 9 de marzo de 2005). A medida que la jerarquía de los funcionarios es menor, el discurso de la actual administración se acerca más al texto citado arriba. En la audiencia de marzo de 2005 ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, en la que el Subsecretario Roger Noriega expuso la meta general de la política exterior del presidente Bush ("la expansión de la libertad"), éste funcionario señaló que “Hugo Chávez podría minar las instituciones democráticas en su país y entre sus vecinos […] sus sospechosas relaciones con fuerzas desestabilizadoras en la región […] son causa de mayor preocupación para el gobierno de Bush […] incrementaremos la conciencia entre los vecinos de Venezuela de los actos de desestabilización de Chávez con la expectativa de que se unirán con nosotros en la defensa de la estabilidad, seguridad y prosperidad regional […] apoyaremos los elementos democráticos en Venezuela" (La Jornada, 4 de marzo de 2005. Subrayado nuestro). Por su parte, el representante Connie Mack (republicano de Florida), que aunque no es parte de la administración, es representante al parlamento por el partido de gobierno, señaló en una reciente audiencia celebrada en la subcomisión para Latinoamérica de la Cámara de Representantes, que ”Chávez es una amenaza para quienquiera que crea en la libertad y la democracia" (www.cadenaglobal.com. Subrayado nuestro). Según estos análisis, el gobierno venezolano es una amenaza para todo su pueblo y para la estabilidad, seguridad, libertad, democracia y prosperidad regional. Resultaría, por tanto, legítimo algún tipo de política específica de los Estados Unidos de América para revertir ese peligro. Provea, como usted sabe, monitorea y documenta la situación de los derechos humanos en el país desde hace 17 años, a través de su Informe Anual (www.derechos.org.ve). No son pocas las críticas que Provea formula al actual gobierno venezolano, ni las exigencias y recomendaciones con las que las acompaña. Todo ello, le ha acarreado repetidas descalificaciones por parte de las más altas autoridades del Gobierno venezolano. No obstante, según nuestro diagnóstico, los déficit democráticos existentes en Venezuela, estructurales y coyunturales, distan mucho de convertir al actual régimen político en una dictadura y a la política exterior en un peligro para la región. Cualquier análisis en ese sentido, sin duda, está honestamente errado o implica intereses no manifiestos. Para Provea resulta evidente que el discurso del gobierno venezolano irrita a la actual administración de los Estados Unidos de América, aunque no le haya dejado de suministrar petróleo (incluso ofreció vender petróleo para sus reservas) y mantiene buenas relaciones con transnacionales petroleras norteamericanas, asuntos de especial trascendencia en las relaciones entre los dos países. Temas tales como el socialismo, la crítica al neoliberalismo, al ALCA, al Plan Colombia, el fortalecimiento de la OPEP, el multilateralismo, la profundización de las relaciones con los socios árabes de la OPEP, el apoyo a Cuba, y el discurso que resalta los conflictos de clases, son, sin duda, motivo de trascendentes discrepancias modélicas entre ambas administraciones. A Provea le preocupa que el discurso de la actual administración de los Estados Unidos de América sobre Venezuela pueda estar más motivado en estas discrepancias que en la situación de los derechos humanos en el país. El modo en el que se expresa el actual discurso de la administración del Presidente Bush, y sus periferias políticas, sobre Venezuela conlleva a una criminalización del gobierno venezolano y, ello, a su vez, a la legitimación de intervenciones que comprometen derechos de la población venezolana Provea no hace caso omiso a que en el pasado, éste y otros gobiernos de los Estados Unidos de América, han creado matrices de opinión que buscaron legitimar una intervención directa en países con los que tiene algún conflicto económico y/o político, justificándose en la democracia y en los derechos humanos, mientras que han sido menos críticos de países que les son aliados, pese a sus deficientes desempeños en materia de derechos humanos y democracia. Igualmente, Provea no olvida las intervenciones unilaterales de los Estados Unidos de América, tanto en la región como en el mundo. Todo ello, excelentísimo señor embajador, nos hace temer por el respeto al derecho a la autodeterminación del pueblo venezolano y nos obliga a exigirle a su gobierno que se atenga, estrictamente, a sus obligaciones internacionales en relación con este derecho. Los conflictos entre nuestros gobiernos deben ser procesados a través de los canales diplomáticos, reduciendo, ambos gobiernos, la diplomacia de micrófono y la retórica beligerante y ateniéndose, escrupulosamente, a los principios democráticos del derecho internacional. Ambos gobiernos, en aras de cumplir sus obligaciones en materia de promoción de la paz y la seguridad internacionales, establecidas en las Cartas de la ONU y la OEA, deben adoptar medidas para fortalecer esas instituciones interestatales y, dentro de ellas, la autonomía y calidad de las instancias de derechos humanos. Esperando poder conversar sobre estos temas en una próxima reunión, nos despedimos Caracas, 25 de mayo de 2005 Atentamente Carlos Correa, Coordinador General Isamar Escalona, Coordinadora del Área de Educación Marino Alvardo, Coordinador del Área de Defensa Antonio J. González Plessmann, Coordinador del Área de Investigación