Sometido a múltiples y diversas críticas por una ley de “justicia y paz” hecha a la medida de la impunidad de los grupos paramilitares y de narcotraficantes, el gobierno nacional se ha dado a la tarea de lanzar iniciativas hacia el ELN, las FARC y los cultivadores de hoja coca, que operan como cortinas de humo para distraer el debate esencial sobre la capitulación del estado frente al poder de la mafia y sus aliados. El 23 de julio, en el departamento del Meta el presidente Uribe dijo “que los campesinos que tenga coca, la traigan y el Gobierno les paga una recompensa económica para que la entreguen. Pero eso tiene que ser muy serio, preste la coca, tome la platica. Como en la feria, preste el marrano, tome la plata, pero con un compromiso adicional, que esas familias se comprometan todas a cuidar el área libre de droga de ahí en adelante” Dos días después el gobierno hizo pública una carta al ELN en la que propuso “una mesa de acercamiento en el exterior, por un tiempo breve y definido, con el acompañamiento de un garante internacional” orientada a definir “un cese hostilidades como compromiso del ELN para facilitar el inicio de un proceso de diálogo, y reciprocidad del gobierno de suspender operaciones militares contra ese grupo”. Por último, el 26 de julio el Alto Comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo le propuso a las FARC una reunión inmediata “en cualquier sitio, el día y la hora que ellos establezcan con unas condiciones de seguridad que les den confianza, con acompañamiento nacional o internacional, el que ellos consideren adecuado”, para estudiar un eventual acuerdo humanitario. La reacción contra la apresurada propuesta de pagar recompensa por cultivos de coca no se hizo esperar. Parece más una iniciativa desesperada por la diseminación de los cultivos de uso ilícito y el fracaso de las fumigaciones por aspersión aérea que una propuesta seria y estructurada en función de resarcir los derechos de campesinos y colonos obligados por la pobreza rural a cultivar lo único rentable en el campo: coca y amapola. Primero son delincuentes asociados al narcotráfico y hoy quiere convertirlos en informantes pagados por el Estado. La fallida reactivación de conversaciones con el ELN no tiene un marco de confianza que permita avanzar en serio hacia un proceso con este grupo guerrillero, porque el gobierno no tiene una política global e integral de paz para superar un conflicto armado, que además “no existe”. Y frente a un eventual acuerdo humanitario con las FARC para liberar a las personas privadas de su libertad con ocasión de este conflicto armado, el gobierno encontró en la presión y angustia de los familiares de los secuestrados y en las gestiones del gobierno de Francia otra oportunidad para demostrar su tardío interés por la suerte de estas personas. Ahora sí se puede tener un acercamiento directo con la Farc, aceptando sus condiciones y no hace dos o tres años cuando las condiciones eran inaceptables para el gobierno. ¿Qué hizo cambiar al gobierno, justo en este momento? Por supuesto que desde las organizaciones de derechos humanos insistimos en diálogos y acercamientos entre el gobierno y la guerrilla que reactiven un escenario de solución política al conflicto armado y contribuyan al pleno acatamiento del derecho internacional humanitario. Por supuesto que propendemos por soluciones alternativas a los campesinos obligados a expandir los cultivos de uso ilícito. Pero estas propuestas, así presentadas, parecen más orientadas a distraer la crítica nacional e internacional por la ley de impunidad que a iniciar procesos serios para superar este conflicto armado y su continua degradación. Ojalá nos equivoquemos.