“¿Si la política de seguridad democrática está orientada a proteger a toda la gente, por qué en el departamento de Arauca la sensación es de incertidumbre, desconfianza y miedo?” La pregunta es de una habitante de la capital que observa con preocupación lo que está pasando en su Departamento desde cuando fue declarado “zona especial” y los municipios de Arauca, Arauquita y Saravena fueron incluidos en las llamadas “zonas de rehabilitación y consolidación” en 2002 por el presidente Uribe (1). Atrapado en la política de seguridad del gobierno, en la ayuda militar de Estados Unidos y en las acciones constantes de la guerrilla contra la población civil, el departamento de Arauca es un laboratorio de guerra sin opciones de paz ni espacios humanitarios. La violencia no da tregua Todo porque la población civil se encuentra en medio de una intensa confrontación armada, que ha crecido como consecuencia de la disputa entre las guerrillas (ELN con presencia histórica en el departamento y FARC) y paramilitares (AUC), por el control de esta zona -estratégica por el petróleo y su comunicación hacia Venezuela-, mientras el gobierno intenta restablecer el control estatal con un fuerte dispositivo de militarización de la sociedad local y del territorio araucano. Tal vez Arauca sea uno de los departamentos con más personas armadas por número de habitantes y esto no lo hace, necesariamente, más seguro. Los efectos del conflicto armado se reflejan en un deterioro de la situación de derechos humanos en la región. De acuerdo con un informe de las Juntas de Acción Comunal y de la Asociación de Usuarios Campesinos presentada al presidente Uribe durante su visita al municipio de Tame (capital de Arauca) el 14 de junio del 2004, en lo que va corrido de este año, se reportaron 107 crímenes de civiles en esa localidad y 800 en todo el Departamento entre el 2002 y el 2004. Los casos más graves sucedieron en forma simultánea con operativos militares, principalmente el denominado ‘Borrasca’ en el que participaron tropas de la Brigada XVIII, de la Brigada Móvil No. 5, del Batallón 43 de contraguerrilla ‘Heroes de Taraza’, del Reveiz Pizarro y del Navas Pardo. Este operativo se inicio el 20 de mayo del presente año después de haberse desarrollado el operativo ‘Luna Roja’ durante septiembre, octubre y noviembre del 2003. Este último, se caracterizó por las fumigaciones indiscriminadas para erradicar cultivos de uso ilícito en los municipios de Arauquita, Saravena, Fortul y Tame. Según el informe mencionado, durante el operativo militar ‘Borrasca’ sucedieron 30 crimenes violentos: una masacre en la vereda Flor Amarillo del municipio de Tame entre el 21 y el 22 de mayo, en la que murieron once personas y una (2) desapareció; la masacre de 6 campesinos en la vereda Mata de Topocho del mismo municipio; el asesinato de 10 personas en zona rural de San Juan de Lope. También se reportaron otros hechos violentos cometidos por grupos paramilitares: la masacre en la vereda El Rosario del municipio de Arauca que dejó una decena de muertos (3), la masacre de 6 personas en febrero del 2004 en Puerto Rondón y la masacre en Cravo Norte de 13 personas en marzo del 2004. De otro lado, la comunidad tiene informes de abusos de autoridad por parte del Ejercito Nacional, específicamente por el decomiso de productos comestibles procesados que van hacia las zonas rurales, bajo el argumento de que son para la guerrilla, lo que genera una grave crisis alimentaria en la zona. ¿Contra quién es la ofensiva militar? El gobierno está en la obligación de combatir a todos los grupos alzados en armas, pero en Arauca, como sucede en otras regiones del país, la ofensiva no distingue entre combatientes y no combatientes, como señala el derecho internacional humanitario. “Es que la política de seguridad democrática es igual a política de seguridad nacional”, dice uno de los lideres de la región sustentando su afirmación, en que las acciones se dirigen contra la población civil acusada indiscriminadamente de ser auxiliar de la guerrilla. Por eso sostiene, “hay un señalamiento sistemático que involucra a muchas personas de la región señaladas como guerrilleros o colabores”. Las centrales obreras denunciaron la muerte en estado de indefensión y con características de masacre de tres sindicalistas (4) que la Fuerza Publica presentó públicamente como “guerrilleros del ELN muertos en combate”. Posteriormente, el 12 de agosto fueron detenidos otros dos sindicalistas del municipio de Arauquita, el secretario general de Sindicato de Trabajadores de Oficios Varios y la presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios de Colombia. A los dos se les expidió orden de captura por “rebelión y terrorismo”. Las organizaciones sociales consideran que las detenciones, judicializadas o no, masivas o individuales, están vulnerando el derecho al debido proceso y contribuyendo al clima de hostilidad contra el movimiento social y sindical. Se han presentado casos de ciudadanos que han sido detenidos hasta seis veces en un período de tiempo menor de cuatro meses. Estas detenciones van acompañadas de intimidaciones y presión psicológica sobre las personas retenidas, quienes son fotografiadas, reseñadas y perseguidas aun después de ser liberadas sin comprobarse cargo alguno en su contra. Las organizaciones de derechos humanos indican que en ninguno de los casos de probadas detenciones arbitrarias, el gobierno, su Fuerza Pública o la Fiscalía General de la Nación han hecho una rectificación pública para reestablecer la honra de las personas afectadas. Al contrario, sostienen, “algunas de estas personas han sido detenidas nuevamente con el pretexto de verificar sus antecedentes penales”. En el Departamento hay voces de diversos sectores políticos y sociales que consideran que “está situación responde a un trabajo no muy profesional de la Red de Informantes o Cooperantes, integrada por reinsertados de grupos guerrilleros que reciben beneficios económicos y judiciales en pago por declaraciones, al parecer inspiradas más en sesgados informes de inteligencia que en hechos reales”. Por eso la gente consultada por una reciente visita humanitaria dijo que esta red de informantes no solo ha involucrado civiles en el conflicto armado sino que además esta generando desconfianza entre la población civil de Arauca. La versión tiene asidero porque el 12 de noviembre del 2002 detuvieron 2000 personas que fueron conducidas al estadio Jacinto Pérez del municipio de Saravena, de las cuales 96 fueron judicializadas. De esta “pesa milagrosa” como la llaman en Arauca, 43 personas con amplia trayectoria de líderes sociales y funcionarios públicos permanecen privadas de la libertad en las cárceles de la Picota y El Buen Pastor en Bogotá. Posteriormente, se desarrollan otras detenciones masivas en Arauquita casco urbano y en las veredas el Oasis, El Triunfo y Aguachica. El 21 de agosto del 2003 fueron arrestados 34 dirigentes sociales de Saravena. El 22 de octubre del mismo año ocurrió la detención masiva de otros 18 funcionarios públicos y administrativos del departamento. En febrero de este año se realizó otro operativo que dejó como saldo la detención de 21 personas en Saravena, Arauquita y en la vereda Esmeraldas de este municipio. La directora de la Asociación Campesina de Arauca, ACA, fue detenida en diciembre del 2003 acusada de rebelión y concierto para delinquir por narcotráfico, después de haber apoyado una misión internacional de observación a los efectos de las fumigaciones en el departamento. Los testimonios en los que se basa la investigación de este caso que se encuentra en la Fiscalia General, son declaraciones de reinsertados y desertores de grupos guerrilleros (FARC y ELN). (5) En contravía de la democracia “Los efectos de esta política de seguridad están afectando la democracia y la gobernabilidad. Hay un cierre de los espacios democráticos, de la deliberación pública de los derechos fundamentales de expresión, organización y movilización” sostiene uno de los dirigentes políticos del Partido Liberal. Durante el proceso electoral de octubre de 2003 fueron detenidos algunos de los principales candidatos (Julián Reyes del liberalismo y Benjamín Sacadagui ex-diputado de la Asamblea departamental) faltando cinco días para la fecha de la votación. Durante la campaña electoral también fueron detenidos dos diputados y el actual alcalde de Saravena, que tomó posesión de su cargo desde la cárcel. Estas detenciones fueron producto de señalamientos y testimonios provenientes de la red de informantes. De otro lado, la guerrilla impidió la instalación de mesas de votación en la zona rural durante los mismos comicios, y acusa a muchos funcionarios públicos y representantes de corporaciones de pertenecer al paramilitarismo, lo que aumenta la desestabilización institucional en la región. Otros sectores insisten en afirmar que la selección de candidatos estuvo precedida de autorizaciones de los mismos grupos paramilitares. “Aquí cambio la presión de la guerrilla por el paramilitarismo sin que esto provoque una reacción del gobierno” dijo un excandidato que, además, señaló que los planes de desarrollo y los proyectos se consultan con grupos armados ilegales, en lo que se considera una presión armada sobre la institucionalidad local. El derecho a elegir y ser elegido, a votar libremente, a expresar ideas políticas, a funcionar como partidos, está seriamente lesionado en esta región y no hay condiciones para un ambiente democrático, dicen los analistas locales, que por la misma razón prefieren no revelar sus nombres. Desplazamiento forzado Si hay algo en lo que se expresa coincidencia es en el empeoramiento de la crisis humanitaria en el departamento, y en su principal manifestación, el desplazamiento forzado. En lo que va corrido del año ha aumentado el desplazamiento forzado inter-veredal. Este tipo de desplazamiento es completamente invisible, debido a que ocurre durante los enfrentamientos entre los grupos armados, y no se registran en ningún lado porque esperan regresar en un corto tiempo a la vereda de origen. Las organizaciones sociales de la región han hecho un cálculo de 23.000 personas en situación de desplazamiento dentro del departamento. En contraste, la Red de Solidaridad Social, solo registra un acumulado desde 1998 hasta julio de 2004 a 7.346 personas, menos de la mitad. De acuerdo con la información de la Red de Solidaridad Social, las principales causas del desplazamiento son: denuncias por amenazas de los paramilitares y abusos de la Fuerza Publica. Los principales municipios expulsores son Tame, Arauca y Saravena, es decir, la zona de rehabilitación y consolidación. Solo en el primer semestre del 2004 se han registrado 3 desplazamientos masivos: 1. De las veredas La Gloria y el Carmen del municipio de Arauquita salieron 70 personas por amenazas de grupos paramilitares. 2. De Puerto LLeras, vereda del municipio de Saravena, salieron 200 personas que cruzaron la frontera y solicitaron refugio en Venezuela. Hacia este país hay un dinámico flujo migratorio, pero no hay registros de todas las personas que cruzan la frontera. 3. De las veredas La Esperanza, Pinalito, Flor Amarillo en el municipio de TAME, salieron135 personas después de la masacre de mayo mencionada anteriormente. A esta situación se le suman las restricciones a la entrada y salida de personas, víveres, alimentos y medicinas, de que son victimas los habitantes del departamento. Según Testimonios de los habitantes de Saravena, Tame y Arauquita, cada vez que hay un operativo militar las autoridades militares cierran las carreteras e impiden el acceso y salida a la zona delimitada durante el tiempo que se necesite para el desarrollo de la operación. Por su parte, los grupos guerrilleros realizan paros armados que ocasionan perdidas económicas para los transportadores y producen desabastecimiento que afecta a los comerciantes y habitantes de la zona. El ELN realizó un paro armado en mayo de este año que obstaculizó las carreteras durante cinco días en los departamentos de Casanare, Arauca y Meta. Las preguntas de la gente Las voces de inconformidad no se pueden expresar libremente en Arauca. Por eso, la solicitud de las organizaciones sociales, políticas y ONG de la zona formulan preguntas y hacen afirmaciones para que se hagan públicas en escenarios nacionales e internacionales. Aquí se resumen a manera de conclusión: “¿Que clase de democracia esta promoviendo el actual gobierno con su política de seguridad? Cuales son los logros de la militarización del departamento en la vida política de los araucanos? Los resultados muestran que no ha mejorado la seguridad personal de la población civil ni las garantías para permanecer en la región, ya que: * No hay garantías para el ejercicio de derechos civiles y políticos, * el desplazamiento esta incrementando la crisis social en el departamento, desatendida por anos. A pesar de recibir actualmente 217 mil millones de pesos por concepto de las regalías petroleras, cuyo destino esta condicionado para inversión social, las zonas rurales no han mejorado sus condiciones de acceso a servicios publicas básicos (6). * las guerrillas continúan atentando contra las torres de energía, la infraestructura vial y petrolera y destruyendo vehículos de transporte de víveres y alimentos durante los paros armados. * los paramilitares han expandido su presencia en las cabeceras de los municipios de Arauca, Cravo Norte y Puerto Rondon, a pesar de los esfuerzos del gobierno por recuperar el control estatal del territorio y a pesar de la fuerte militarización de estos municipios. * El señalamiento por parte de la Fuerza Publica, del Estado, del gobierno departamental y de todos los demás actores armados de la guerra hacia sectores organizados de la población civil, esta afectando el derecho a la libre circulación de las diferentes comunidades que viven en zona rural del departamento de Arauca y que son acusadas como guerrilleras, así como el trabajo de las Organizaciones Sindicales, Sociales y de Derechos Humanos en la región. * la política de seguridad democrática no ha dado resultado en Arauca y ha tenido efectos negativos para la organización social del departamento. Tampoco ha funcionado la ayuda internacional que el gobierno norteamericano provee para debilitar a la insurgencia y fortalecer la democracia. Arauca recibió para el ano fiscal 2003 y como parte del Plan Colombia, 92 millones de dólares para entrenamiento militar orientado a mejorar la protección del Oleoducto Cano Limón Coveñas (7). * Las organizaciones sociales, sindicales y campesinas de Arauca solicitan el acompañamiento internacional así como de las organizaciones nacionales de derechos humanos para mantener una veeduría y garantizar condiciones para el ejercicio de sus derechos. De otro lado, piden una oportunidad para dialogar con el gobierno nacional sobre la problemática local, orientada a otorgar garantías para el movimiento social y sindical de Arauca. También reclaman desde el dolor de las víctimas la verdad, la justicia y la reparación. Documento elaborado por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento –CODHES-, agosto 26 de 2004. 1) Decreto 2002 de septiembre de 2002 que declara zona especial a Arauca y se decretan como zonas de rehabilitación y consolidación a los municipios de Arauca, Saravena y Arauquita, cuya duración fue de 8 meses tras la inexequibilidad declarada por la Corte Constitucional. Otras medidas también establecieron restricciones sobre la población, como el decreto de conmoción interior del24 de agosto del 2002 en el que se limitan las libertades individuales y colectivas para neutralizar la movilización y expresión social. 2) ‘Un aporte a la verdad y a la memoria’, Informe de Verificación de la masacre del 19 y 20 de mayo del 2004, TAME, Arauca 3) Ver ‘El régimen de Álvaro Uribe Vélez encarcela masivamente la dirigencia social, luego masacra al pueblo y ahora asesina sus voces’, Pronunciamiento de las organizaciones sociales del departamento de Arauca a la Jornada del Movimiento Sindical, 23 y 24 de Agosto del 2004. 4) Según la Central Unitaria de Trabajadores, los dirigentes fueron identificados como Leonel Goyeneche, Jorge Eduardo Prieto Chamusero y Héctor Alirio Martínez, los cuales fueron sacados de su lugar de habitación y asesinados en desarrollo del operativo militar realizado por la XVIII Brigada de Ejército. La misma central obrera afirma que desde el ano 2000 han sido asesinados 574 sindicalistas en Colombia. 5) ‘El dedo acusador de los desertores’ en El Espectador, semana del 22 al 28 de agosto del 2004, Bogota: pg 7A. 6) Según información del Departamento de Salud de Arauca,el52% de lapoblacion tiene necesidades basicas instatisfechas y el 29% de los ninos y ninas entre los 0 ylos 5 anos presentan problemas de desnutrición. Las zonas rurales del municipio de Arauca no cuentan con alcantarillado, utilizan pozos septicos y no las vias que comunican el arearural y elcasco urbano, no estan pavimentadas (entrevistas con comunidad de la vereda ElTorno del municipio de Arauca. 7) Actualmente se encuentran cerca de 30 asesores militares norteamericanos en Cano Limon, 120 en la Brigada XVIII en Arauca capital y 230 en el Batallon Reveiz Pizarro en Saravena. Ver ‘El regimen de Alvaro Uribe Velez encarcela masivamente la dirigencia social, luego masacra al pueblo y ahora asesina sus voces’, Pronunciamiento de las organizaciones sociales del departamento de Arauca a la Jornada del Movimiento Sindical, 23 y 24 de Agosto del 2004.