Una verdadera campaña comunicacional han desplegado, en estos días, los sectores más conservadores de la Iglesia, de la política y de la sociedad chilena tras el anuncio del Gobierno de repartir, gratuitamente, el anticonceptivo de emergencia en los consultorios. Con ello sólo buscan generar un problema político y moralista a una medida que es eminentemente sanitaria. Como en los mejores tiempos de Dictadura, los medios de comunicación han inundado sus páginas con información referente a los posibles “efectos colaterales y escandalera moral” y “el masivo rechazo de la ciudadanía” por la entrega gratuita y masiva del anticonceptivo de emergencia Postinor –2 en los consultorios de las comunas. La moralina conservadora no quiere reconocer que en Chile el 13,6 por ciento de las menores de 14 años son madres y cada año nacen 40 mil niños de jóvenes menores de 19 y, pretenden imponer determinados “valores morales” por sobre la libertad de pensamiento y de decisión que tiene el país. Para nadie son desconocidas las vinculaciones de los alcaldes rebeldes con el Opus Dei y con los Legionarios de Cristo, ellos no solo están imponiendo sus visiones religiosas en esta materia sino que están actuando en el límite de la legalidad. Es más, los ediles se están prestando para generar comunicacionalmente un conflicto artificial respecto a las políticas sanitarias implementadas por el Minsal y donde la decisión final le corresponde, exclusivamente, al individuo y no a la autoridad local. De mantenerse esta ilegalidad administrativa comunal significaría que la población de menores recursos de las comunas de La Florida, Huechuraba, Vitacura, Recoleta, Las Condes y Lo Barnechea no tendrían el derecho constitucional de decidir si acuden o no al uso gratuito del Postinor – 2 en caso de emergencia. La Conferencia Episcopal, por su parte, ha manifestado su rechazo a la implementación de esta política pública sobre fertilidad argumentando que la medida gubernamental atenta en contra de la natalidad, el matrimonio y la familia. El clero bajo el título “¿Hacia donde va Chile?” lanzó duras críticas, afirmando que les “decepciona” y más aún sostienen que se asemeja a este tipo “políticas públicas fijadas en regímenes totalitarios que pretendían desde el Estado regular la vida íntima de las personas en función de criterios autoritarios, no consensuados, y reñidos con el respeto a la dignidad de la persona humana”. Esta afirmación sugiere las siguientes interrogantes: ¿Acaso no implementar esta política pública asegura la dignidad y la igualdad de las personas cuando el Postinol –2 se vende en farmacias y son precisamente los sectores acomodados quienes más lo usan?, ¿No es una práctica totalitaria negar a la población su derecho a decidir, libremente, sobre si utiliza o no un método anticonceptivo determinado?, ¿No es una actitud totalitaria e ilegal negarse a repartir este medicamento para evitar embarazos no deseados cuando sus beneficiarios no tienen los recursos económicos para comprarlo?, ¿No es totalitario pensar que la actual ley de pedofilia absuelve de estos delitos a los adultos que engañan a niñas y niños de 14 años argumentando que el acto sexual fue con consentimiento?. Esperemos que la justicia corrija la prepotencia de quienes quieren imponer “sus valores” por sobre el derecho de los chilenos a decidir. Afortunadamente vivimos en un país laico y esperemos que las instituciones que administran la justicia funcionen tal como sucedió, hace algunos días, cuando el alcalde de La Masa intentó evitar que “cualquier persona”, léase roto, travesti, prostitutas, mala clase o populacho circulara por las calles de su exclusiva comuna. - Roberto Portilla es periodista y editor general de Crónica Digital. Fuente: Crónica Digital (Santiago de Chile)
http://www.cronicadigital.cl