Con cada aguacero hay una tragedia en Colombia y, así como se inundan ciudadanos, hogares y cultivos, el Estado se anega, corto para atender las calamidades cíclicas y anunciadas. Ante un temblor de tierra, a la par de las construcciones, el Estado se derrumba. No es diferente con el desplome de las llamadas pirámides: se desploma el Estado.

Aparece como pirámide lo que más bien es una estructura de Ponzi, llamada así por su pionero, el italiano Charles Ponzi, quien en los albores del siglo XX, en Estados Unidos, instauró un sistema de fraude. Consistía en ofrecer altos réditos, desaforados respecto a finanzas tradicionales, con lo cual atraer algunos inversionistas, a los que se les cumplía cabalmente las promesas de lucro; luego de la imagen de seriedad obtenida multiplicaba los inversores, y aumentaba los montos de inversión, para luego desaparecer con dineros, rentas e ilusiones, de quienes se consideraban aventajados negociantes.

Sin desconocer que también existen las pirámides. Un sistema donde los primeros inversores obtienen ganancias, sin trabajar, del dinero aportado por los segundos que ingresan, quienes a su vez, ganan de los terceros, y, en teoría, hasta el infinito. La pirámide requiere en su funcionamiento multiplicar geométricamente miembros y recursos, hasta hacerse insostenible y llegar al colapso. Un siglo de experiencias de este tipo en el mundo, hace que las pirámides no alcancen desarrollos significativos. Excepto donde existen estados endebles, sea por su escasa cobertura, sea por su corrupción, o por ambos, como se dio en Albania y sucede ahora en Colombia.

Tanto las pirámides financieras, como las estructuras de Ponzi, encuentran campo fértil en la pobreza y en la inmovilidad social: en una economía que excluye las grandes masas y donde el trabajo no es fuente de éxito. Se añade a esto un sistema bancario hostil a los clientes, que opera con altísimas tasas de interés para los deudores y exiguas para los ahorradores. Además, Colombia tiene uno de los sistemas financieros más costosos del mundo, y políticas bancarias legales, como el sistema UPAC, han empobrecido masas de población en una proporción similar a las pirámides. Por lo cual los bancos no resultan nada atractivos, más bien repulsivos, para cualquier ahorrador. Sólo restan los dos ingredientes decisivos para la defraudación masiva: la anunciada languidez del Estado y la cultura ciudadana de la trampa.

Aunque, estos dos ingredientes son uno: un matrimonio de esos desavenidos, pues, la ciudadanía se queja del Estado y este de los ciudadanos, sin llegar a separarse, donde la complacencia ciudadana por el delito posibilita la toma mafiosa de las instituciones, lo que retroalimenta la mentalidad pérfida del pueblo.

Cientos de miles de colombianos resultaron timados, no porque no sabían de la estafa que se cocinaba, sino porque esperaba que los “tumbados” fuesen los siguientes en llegar y no ellos; lo fueron porque esperaban enriquecerse sin esfuerzo, lucrándose acaso de un lavado de activos. Fueron estafados por privilegiar la vía del atajo. La avidez de dinero fácil de los colombianos fue lo que explotaron los defraudadores y no su supuesta ingenuidad. Porque, en el trasfondo de toda estafa lo que hace a la víctima es el aflorar en ella de un afán de ventaja, la posibilidad de aprovecharse del otro, y en un curioso juego dialéctico, dándoselas de muy vivos terminan de muy bobos. No en vano una de esas estructuras ostenta el nombre de dinero fácil y rápido.

La contra parte de esta ciudadanía está encarnada en el Gobierno, que permitió el crecimiento del fenómeno hasta que la defraudación fue masiva. El presidente Uribe, en pose de contrición, afirma que lo cogió la tarde para actuar, como si fuera una cuestión de retrazo. Durante más de dos años desoyó voces que alertaron sobre el problema, como la del senador, Germán Navas Talero, a quien se puede permitir el Ejecutivo desoír, por no querer escuchar a la oposición. Otra fue la del ex ministro, Juan Camilo Restrepo, el más insistente y punzante sobre el tema. Este economista, con quien se puede discrepar, es un profesional serio, experimentado, de posiciones cuidadosamente argumentadas, a quien el país y los economistas escuchan, que no se puede acusar de estar contra el establecimiento. Además, milita en el Partido Conservador que hace parte de la coalición de Gobierno, y que tiene varios ministros en el gabinete presidencial, entre ellos el de hacienda. ¿Por qué no escucharon a Juan Camilo Restrepo?

Arguye el Gobierno que no tenía los instrumentos legales para intervenir. Restrepo demuestra que existe el decreto 2920 de 1982 para intervenir la captación ilegal y masiva de dineros, además, la Constitución faculta al Presidente y al Ministro de Hacienda para intervenir en defensa del ahorro de los ciudadanos. ¿Por qué, como dice el ex ministro, buscaron crear otra ley que prohibiera lo ya prohibido, para poder actuar?

Y si a caso el doctor Restrepo no es creíble al Gobierno, ni a su Partido, ¿Por qué no se atendió a las alarmas que la Superintendencia Financiera prendió desde hace más de un año sobre el asunto? ¿O las denuncias de muchos medios de comunicación?

La posición del Gobierno, más que negligente parece complaciente. Resulta curioso que el representante legal de la mayor de estas estructuras, DMG, el abogado Abelardo de la Espriella, sea el defensor de una decena de parapolíticos militantes en el uribismo, así como de Alberto Santofimio, sea apoderado del ministro, Diego Palacio, padrino de matrimonio de Sabas Pretel de la Vega, y alumno del fiscal general, Mario Iguarán. Cuando en entrevista con el Espectador le preguntan a De la Espriella si en la firma DMG invierten ministros, el responde “me suena”, ¿a qué, o a quiénes, se refiere? Son múltiples vasos comunicantes con el Gobierno actual. Incluso, el abogado del señor presidente en procesos contra la Corte Suprema de Justicia, Jaime Lombana, en entrevista reciente hace apología de la firma representada por su colega De la Espriella. ¿No haría un encomio semejante al oído del mandatario que defiende?

En esta misma semana el presidente Uribe afirmó que la economía colombiana está blindada ante la crisis económica, por la política de seguridad democrática, como si la economía se compusiera matando gente. Desconoce que la recesión mundial se dio justamente por la ausencia de regulación de los estados, y permitir el laissez faire de los especuladores, que es la “confianza inversionista”, reproduce el germen de la crisis internamente. Porque en la base de las pirámides está la confianza des reguladora en los inversionistas, mientras el vértice está la seguridad que sólo cuida de la élite, dejando democráticamente desprotegida la base social del Estado: el pueblo, su vida, honra, y bienes.

Habrá de verse cómo responde el Gobierno ante las consecuencias de su manejo de la situación. Ha desaparecido la clase media de varios departamentos, sobre todo en el sur del país, y los pobres se han tornado miserables. En Albania, donde no existe la tradición de violencia colombiana el desmoronamiento de las pirámides ocasionó la muerte de 2.000 ciudadanos. ¿Cuántos costará en Colombia?

- José Darío Castrillón Orozco es Psicólogo

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas
Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org