Pronunciamiento ante la nueva cumbre ministerial de la OMC

Alianza Social Continental

30/11/2009

Opinión

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Entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre de 2009 se realizará en Ginebra la VII reunión ministerial de la OMC. Será un nuevo esfuerzo de reanudar las negociaciones de la Ronda de Doha, iniciada hace 8 años, y un escenario donde los países desarrollados nuevamente intentarán imponer su propia agenda de liberalización y desregulación de los mercados. Al mismo tiempo, los países en desarrollo tratarán de defenderse exigiendo la eliminación de los subsidios agrícolas en la UE y EE.UU, buscando niveles diferenciales de desgravación de bienes no agrícolas y preservando la capacidad reguladora del Estado lo cual esta limitado por los acuerdos constitutivos de la organización, que todos aceptaron..

Sin embargo, a diferencia de hace cuatro años, cuando tuvo lugar la VI reunión ministerial en Hong Kong, en esta ocasión el mundo enfrenta la peor crisis económica desde los años 30, cuya causa principal es precisamente el modelo económico promovido por la OMC. La aplicación de los postulados de liberalización y competencia como base del sistema de comercio ha mostrado sus efectos perversos en una economía mundial que tiende al desequilibrio y que exige la intervención del Estado para garantizar su funcionamiento.

La intensidad de esta crisis ha obligado a discutir y replantear las bases del sistema económico sobre el cual se fundamenta la OMC. Los analistas coinciden en reconocer que el núcleo a partir del cual se evidenció esta crisis fue la especulación desde el sector financiero que implicó un gigantesco traslado de recursos del sector real al sector financiero, cuya liberalización y desreglamentación han sido justamente una bandera de la OMC. En consecuencia cuando amplios sectores de la más variada orientación exigen replantear las normas del comercio de servicios financieros y regular los capitales especulativos, están exigiendo un replanteamiento de los fundamentos mismos de la OMC.

La crisis afecta a millones de trabajadoras y trabajadores en el mundo, que han perdido sus empleos durante el último año y es otra cara de este fracaso del modelo económico, que ha conducido a la terciarización de las economías, la pérdida de capacidades productivas a través de la deslocalización de la producción generada por el fomento a la competencia internacional y la liberalización de los mercados, eje de las negociaciones de la OMC.

Como consecuencia de esta crisis generalizada y de la inestabilidad de la economía estadounidense, la hegemonía del dólar está en riesgo, como se refleja en el aumento permanente de los precios del oro. Sin embargo, la misma interdependencia que ha sido producida por el mercado de divisas asociado a este patrón monetario conlleva a que los demás países desarrollados busquen soluciones para mantener artificialmente el poder del dólar con el fin de garantizar la estabilidad de sus propias economías (cuyas reservas se encuentran en dólares).

La respuesta de los gobiernos de los países industrializados a la crisis ha sido la implementación de políticas proteccionistas, fuertes apoyos financieros a las empresas en riesgo, estímulos para aumentar el consumo y fomento a las industrias nacionales, al tiempo que promueven la apertura de los mercados en los países en desarrollo. De acuerdo con un estudio del Banco Mundial, publicado en marzo de este año, 17 países del G20 han aplicado 47 medidas proteccionistas que limitan el comercio. Este doble discurso presentado en las reuniones del G20 y el G8, es el que llevarán a la reunión ministerial en Ginebra.

Sin embargo, esta situación no es nueva, pues durante las reuniones anteriores de la Ronda de Doha los países desarrollados han promovido la liberalización de los mercados al tiempo que mantienen los subsidios a sus productos agrícolas. La declaración ministerial de Hong Kong es una muestra de ello, pues logró crear un marco multilateral para las negociaciones de los servicios en el Acuerdo General de Comercio de Servicios (GATS) y limitar los compromisos sobre la eliminación de los subsidios en los países industrializados a los subsidios a las exportaciones hasta el 2013, sin asumir ningún compromiso en cuanto a las ayudas internas agrícolas.

Muchos países en desarrollo no han aceptado todas las imposiciones de los países desarrollados, a pesar de las distintas estrategias creadas con el ofrecimiento de “paquetes de desarrollo” que buscan conseguir la desgravación en bienes no agrícolas y en servicios a cambio de préstamos. Debido a esta permanente manipulación, desde la reunión ministerial de Cancún existe el riesgo latente de un fracaso de la Ronda, que logró salvarse con un acuerdo provisional en Hong Kong y que ahora enfrenta mayores dificultades, como consecuencia de la crisis global y las políticas proteccionistas asumidas por los países desarrollados.

Los hechos imponen entonces modificar el paradigma de una OMC que establece y garantiza unas reglas para que funcione la eficiencia del mercado mundial para autoregularse. La cuestión es quién se beneficia, tanto de las reglas como de las gigantescas intervenciones estatales que son indispensables para que funcione el mercado mundial.

Lo que se percibe en Ginebra es la diversidad de los conflictos de intereses frente a los temas de intervención del Estado, reglas y salvaguardas. En primer lugar se encuentran las transnacionales que requieren las reglas para maximizar sus ganancias y movilizar los capitales por el mundo para aprovechar al máximo las ventajas ocasionales y trasladar la producción y el mercadeo sin importar quiénes y cuántos se perjudican, con el mínimo de responsabilidad social y ambiental. En segundo lugar es evidente el conflicto de intereses entre los países con mayor nivel de desarrollo y el resto, de manera que se quiere perpetuar las relaciones asimétricas que resultaron del colonialismo. En tercer lugar se manifiestan las múltiples desigualdades en la estructura económica y social de los demás países. En cuarto lugar aparece organizándose el interés de la mitad de la población mundial, los agricultores familiares de Asia, África, América latina y otros lugares, cuya importancia la OMC y la mayoría de los Estados quisieron invisibilizar. En quinto lugar están los trabajadores que la OMC y la mayoría de los Estados han querido tratar como simple mercancía a la hora de tratar sus derechos pero que al mismo tiempo son tratados como ilegales cuando el comercio mundial los obliga a salir de sus países. En sexto lugar está el interés del planeta cuyas demandas ya no pueden ser ignoradas ante la crisis del cambio climático. El mercado jamás podrá regular por sí mismo este cuadro.

Las negociaciones no están conduciendo a nada

Durante los últimos meses los ministros de los países más influyentes en la OMC han mantenido reuniones bilaterales, con el fin de negociar previamente un acuerdo que permita salvar la Ronda de Doha. En consecuencia, la expectativa de los gobiernos y las grandes empresas es que no se retroceda en los compromisos asumidos previamente y se pueda postergar el cierre de la Ronda para el próximo año, algunos países (como la India) han hablado de tener una “Ronda light”, que no incluya grandes compromisos, pero que mantenga la imagen fortalecida de la OMC en el contexto mundial.

La intención de cerrar la Ronda y evitar un fracaso adicional expresa el interés de las empresas transnacionales de mantener las condiciones de liberalización comercial y de servicios que les ha permitido controlar los mercados de los países en desarrollo. Al mismo tiempo, el objetivo de los países desarrollados es conservar un marco multilateral vinculante en el que cuentan con una mayor capacidad de decisión que los demás países participantes.

Los intereses que se han manifestado hasta ahora en las reuniones previas por parte de los países de la UE y EE.UU. continúan con los parámetros de las discusiones de foros anteriores. A pesar de que en el mundo entero se ha hecho un llamado a la re-regulación del mercado de capitales, la OMC insiste en la liberalización, oponiéndose a las normas regulatorias adoptadas en varios países y a las medidas adoptadas internamente en los países desarrollados.

EE.UU. y la UE han manifestado que el avance de la ronda depende principalmente de la profundización en las negociaciones del GATS, pues considera que es necesario expandir el comercio internacional de servicios, con el fin de abrir nuevos espacios para sus empresas en este sector, en el que tienen más posibilidades de dominar el mercado mundial. Las consecuencias de la liberalización de los servicios en nuestros países han sido un incremento en las tarifas de servicios públicos, limitaciones en la satisfacción de los derechos sociales de la población y encarecimiento del acceso a créditos, al tiempo que favorecen una generalización del uso de productos financieros y de seguros, frente a las inversiones en el sector real.

En el caso del comercio de bienes no agrícolas (NAMA) los países desarrollados exigen una reducción significativa de aranceles y eliminación de las barreras no arancelarias, como condición para discutir la eliminación de los subsidios agrícolas y ayudas internas en sus propios países; en el caso de países como Brasil, Indonesia y Venezuela, les exigen una disminución del 60% en promedio.

Como mecanismos de presión, los países desarrollados han propuesto negociaciones sectoriales obligatorias, que les permitan parcelar las discusiones y exigir de los países en desarrollo reducciones en sectores estratégicos que han sido protegidos hasta ahora. Los textos presentan condiciones desiguales que favorecen a los países desarrollados, por ejemplo, las flexibilidades permitidas a los países en desarrollo son escasas y no pueden ser aplicadas a productos que representen más del 10% de las importaciones del país. Así mismo, en los últimos meses incluyeron una cláusula anti-concentración que evita la exclusión de sectores por parte de los países en desarrollo.

La aceptación de estas condiciones de negociación conlleva una pérdida aun mayor en la capacidad de los gobiernos de los países en desarrollo de llevar a cabo políticas de promoción de sectores estratégicos, al tiempo que pone en riesgo los aparatos productivos nacionales y, por lo tanto, la posibilidad de generar empleo en dichas regiones. Esta situación ya era evidente con la crisis actual, sin embargo, la propuesta de la OMC de avanzar en la liberalización de los mercados, profundizaría aun más las condiciones de desindustrialización y precariedad del empleo que se han generado hasta ahora.

Otro tema que tiene una gran importancia en esta reunión ministerial es el de propiedad intelectual, como resultado de las confiscaciones de medicamentos genéricos en tránsito que ha realizado la UE a barcos provenientes de la India durante este año, se trata de medicamentos que se venden a un costo menor en los países en desarrollo, pero se está limitando su comercialización debido a que ello implica una pérdida de ganancias para las grandes empresas farmacéuticas de los países desarrollados. Se prevé que Brasil o la India presenten una demanda por dichas confiscaciones. La exigencia de los países desarrollados por el respeto a las patentes conduce a la prohibición de la producción y comercialización de productos genéricos, que normalmente son vendidos a un costo menor y constituyen una alternativa para que las personas de menores recursos accedan a ellos, se trata entonces de una violación al derecho a la salud de todas y todos. En relación con las llamadas “tecnologías verdes”, hay un debate acerca de la violación del acuerdo cuando se usan estas tecnologías. En la mayoría de los casos, la protección a la propiedad intelectual que se promueve en la OMC profundiza la dependencia tecnológica de los países en desarrollo, debido a que se limita el acceso a nuevas tecnologías a un bajo costo.

La cuestión de los subsidios agrícolas

La meta de Doha de un sector agropecuario sin subsidios en el contexto de la crisis económica mundial se ve en realidad como mosca en leche. Cabe preguntarse si Estados Unidos sin el tejido de subsidios agropecuarios no se hubiera encaminado a una gran depresión como la de los años 30. Estados Unidos, Europa y Japón no pueden, ni podrán vivir sin subsidios agropecuarios, esa es la verdad. El problema está en que la estructura de subsidios de Estados Unidos ha sido transformada de manera que su principal beneficiario no son los productores sino las grandes comercializadoras y exportadoras transnacionales y en el caso de Europa los grandes terratenientes.

Las delegaciones oficiales de los países desarrollados en realidad no tienen el menor interés en eliminar los subsidios agropecuarios y simplemente utilizan la OMC para tratar de imponer a los demás países la eliminación de las barreras para vender los productos de sus países y también los de sus transnacionales, así como para abrir a las transnacionales mayores espacios para sus lucrativas inversiones en energía y servicios financieros.

Muchas de las delegaciones de los países en desarrollo solamente se interesan en que las exportaciones de los agronegocios puedan ser vendidas sin barreras en los países desarrollados y en que estos eliminen los subsidios que les impiden competir en condiciones de igualdad con los agronegocios de los demás países. Un empeño que no lleva sino a pequeños compromisos a cambio de grandes concesiones en aperturas de los mercados de los países en desarrollo, privatizaciones y reconocimiento de la propiedad intelectual de las transnacionales. Los países desarrollados han venido ganando terreno en su agenda, imponiendo uno a uno tratados bilaterales que van mucho más allá de lo que se discute en la OMC, interviniendo en cien guerras en el mundo, en las elecciones de todos los países y multiplicando los golpes de Estado y las bases militares de sus ejércitos que les permiten imponer la diplomacia de las cañoneras y usar el factor militar para llegar mil veces más allá de lo que cualquier negociación en la OMC permite pensar.

Los intereses de quienes están negociando

Las negociaciones en el marco de la OMC no son democráticas, las decisiones se toman en grupos de trabajo por temas, en los que los presidentes presentan los textos y direccionan las discusiones, ello permite que haya mayor influencia de los países desarrollados. Así mismo, el espacio de la toma de decisiones, es la reunión del director general, los representantes del Cuadrilátero (Canadá, EE.UU., UE y Japón) con Brasil, India y China, que representan a las coaliciones de los países en desarrollo.

Sin embargo, la constitución de grupos de países en desarrollo, con el fin de defender sus intereses en temas como agricultura y NAMA ha permitido hacer un contrapeso a la agenda de las empresas transnacionales y ha logrado frenar las iniciativas de profundizar las reformas y avanzar en los temas de Singapur, promovidas por los países desarrollados en las anteriores reuniones ministeriales.

En este contexto, la actuación de Brasil, India y China ha adquirido un gran protagonismo, pues estos países asumen muchas veces la vocería de los grupos de países en vías de desarrollo, pero su participación está determinada por la búsqueda de sus propios intereses. En las últimas reuniones son estos países los que han logrado evitar un fracaso de la Ronda y han conseguido algunas concesiones en el capítulo de agricultura para productos de su interés.

Brasil, por ejemplo, convocó una mini-ministerial para los días previos a la reunión ministerial, con el fin de avanzar en acuerdos en materia agrícola y presionar la eliminación de subsidios. Por su parte, India recogió el descontento de algunos países en relación a la falta de transparencia de las negociaciones ocasionada por la realización de múltiples reuniones bilaterales durante los últimos meses, y presentó una propuesta encaminada a cambiar los mecanismos de funcionamiento de la OMC, bajo el pretexto de hacer más transparentes y eficientes las negociaciones. Sin embargo, la ambigüedad de la propuesta ha permitido inducir una eliminación de la necesidad del consenso para las resoluciones finales.

Si bien no son países que hayan desempeñado un papel protagónico en las reuniones anteriores, Argentina y Ecuador presentaron una propuesta para enfrentar la crisis, en la cual se plantea la necesidad de permitir y promover ayudas y subsidios del Estado a sectores estratégicos de las economías nacionales. Así mismo, se pide que haya revisiones periódicas de los resultados de las políticas formuladas por la OMC, con el fin de evaluar su efectividad real en la solución de la crisis.

Resistir al libre comercio y construir otro mundo

Ha llegado la hora de parar la agenda de las transnacionales que consiste en ganar tiempo en la OMC para imponer en todo el mundo lo que quieren mediante tratados bilaterales e intervenciones políticas y militares. Es necesario construir una estrategia alternativa que permita defender los intereses de los agricultores familiares que son la mitad de la población mundial, que priorice la construcción de los mercados internos y del tejido social de los países en desarrollo, que priorice el derecho a la alimentación, al agua y a la soberanía alimentaria, que restablezca y asegure los derechos laborales de los trabajadores y que defienda a la madre tierra.

No puede hoy ya sostenerse la ideología según la cual el destino de la población rural del mundo es urbanizarse. Ese paradigma es ahora tan absurdo como pretender que cada familia del mundo tendrá un carro propio como la mayoría de las familias de Estados Unidos. Lo que se pensaba como un modelo de vida universal se ha demostrado como un modelo de vida establecido sobre la miseria de la mayoría de la población mundial y del planeta. En cambio, hoy es evidente que las granjas de los agricultores familiares, no solamente seguirán aportando su producción de alimentos y otros bienes al mundo por muchos años, sino que debe ser apoyado ese aporte, de manera que el mundo pueda beneficiarse más de él en lo productivo y en lo ambiental y de manera que se consiga un impacto social positivo para detener el hambre y evitar el crecimiento de los cinturones de miseria de las grandes ciudades.

Un modelo alternativo se debe basar en la equidad social, en la heterogeneidad económica, la diversidad cultural, en la defensa del ambiente y los ecosistemas, en el fortalecimiento de los mercados internos, en los derechos fundamentales de las comunidades rurales, incluida su territorialidad y en la soberanía alimentaria concebida como poder de las comunidades, regiones y naciones para garantizar su vida sana y libertad. Este será un modelo ahorrador de energía, de costos de transporte y ambientales. Un modelo para “enfriar” el planeta, para garantizar la vida de los pueblos indígenas y de las comunidades rural y la alimentación sana y abundante de las ciudades del mundo.

A diez años de la Batalla de Seattle, esta reunión ministerial presenta para los movimientos sociales del mundo la oportunidad de alzar sus voces de resistencia a este modelo económico, que genera mayores desigualdades sociales y de género, más pobreza, destrucción de la producción nacional, desconocimiento de los saberes tradicionales y de las economías campesinas, eliminación de la soberanía alimentaria y productiva de nuestros países, al tiempo que profundiza la destrucción de la Madre Tierra.

Durante estos años se han fortalecido las alianzas, se han intensificado las reflexiones en torno a las alternativas. Frente a la liberalización y desregulación de las economías, las organizaciones sociales de América Latina propendemos por una solución a la crisis a través de la integración de los pueblos y la firma de tratados de comercio justos, que se fundamenten en el respeto de los derechos humanos y en la generación de mejores condiciones de vida para todas y todos. Ante el modelo consumista y despilfarrador neoliberal, instamos a la búsqueda del Buen Vivir y a la transformación de la relación con la Madre tierra.

Nuestra agenda incluye el respeto y revalorización de la producción local, de la economía campesina, de los pueblos indígenas y su cosmovisión, de los derechos de las trabajadoras y trabajadores, la creación de una nueva matriz energética, que no esté basada en el uso de combustibles fósiles.

Es necesario transformar la arquitectura financiera internacional, reestructurando completamente las IFIS; apoyamos la propuesta de crear un Banco del Sur, que promueva las iniciativas de las comunidades de nuestro continente, sin generar más formas de deuda. Instamos a la creación y promoción de mecanismos para el manejo autónomo y en beneficio del desarrollo económico y social de las reservas.

Exigimos de nuestros gobiernos la defensa de nuestra soberanía frente a los intereses de las empresas transnacionales y los países desarrollados, la implementación de políticas sociales fuera del mercado que reconozcan la diversidad y la heterogeneidad de nuestros pueblos.

Llamamos a la movilización civil organizada en Ginebra y en todo el mundo para conseguir el cumplimiento de estas exigencias. Solamente cuando millones de personas en el planeta nos movilicemos activamente por estos objetivos, vamos a derrotar el modelo de globalización de las transnacionales que quiere imponerse a los pueblos mediante la OMC, los TLC bilaterales y la interferencia política y militar de las transnacionales y los estados más poderosos en la vida de los pueblos.

Alianza Social Continental, noviembre 30 de 2009

https://www.alainet.org/es/articulo/138078