El país no debería pasar desapercibido ante la más reciente decisión  de la “honorable” Sala de lo Constitucional: la admisión de una demanda contra la Ley de Extinción de Dominio y la Administración de los Bienes de Origen o Destinación Ilícita, aprobada en forma unánime por la Asamblea Legislativa en noviembre de 2013.

Así es. Los magistrados admitieron una demanda contra la ley que permite al Estado confiscar bienes ilícitos a narcotraficantes y lavadores de dinero, con el argumento de que ésta podría vulnerar la seguridad jurídica de los ciudadanos.

La admisión de una demanda no significa automáticamente que la disposición impugnada será declarada inconstitucional; pero es una señal que debe alertar, sobre todo cuando en casos como éste una resolución favorable al demandado tendría efectos perniciosos para el interés común.

La Ley de Extinción de Dominio permite expropiar bienes que, luego  de un proceso judicial, se determine que provienen o van destinados a actividades relacionadas con el lavado de dinero y activos, narcotráfico, corrupción, crimen organizado, pandillas y cualquier agrupación de naturaleza criminal, actos de terrorismo, tráfico de armas, trata de personas, etc.

La referida normativa también aplica en actividades cuyo beneficio económico constituya incrementos patrimoniales injustificados o plantee elementos que permitan considerar razonablemente que provienen de actividades ilícitas.

Es pertinente, entonces, preguntarse ¿por qué la Sala declararía inconstitucional una ley tan necesaria para combatir la criminalidad y golpear las finanzas de los criminales? ¿Acaso busca favorecer la criminalidad y ayudar a los criminales?

La ley también plantea que los fondos confiscados se distribuyan entre las instituciones encargadas de la seguridad pública: 35% a la Policía Nacional Civil, 35% a la Fiscalía, 10% para el Ministerio de Defensa, 5% para la Procuraduría General y el 15% restante para la instancia encargada de administrar los bienes confiscados.

Entonces, también vale preguntarse ¿por qué los magistrados anularían una ley que permite a instituciones estatales obtener recursos adicionales para financiar la seguridad pública? ¿Acaso esto  es parte del boicot financiero contra el gobierno?

El país debe pedirle cuentas a la Sala y exigirle que se abstenga de hacer cosas tan malvadas como favorecer a los grupos criminales y bloquear las recursos de las instancias responsables de la seguridad pública; y las organizaciones sociales deben aumentar la presión por la renuncia o destitución de los magistrados.