Las diligencias de la Fiscalía efectuadas en las últimas semanas provocan reacciones encontradas: por un lado, generan expectativas positivas en casos como “Rais-Martínez”; pero, por otro, reciben duras críticas por el show montado contra el ex presidente Mauricio Funes y el empresario Miguel Menéndez.

Estas críticas, incluso, se convierten en preocupación cuando sectores conservadores aparecen respaldando tales acciones y el propio Fiscal Douglas Meléndez admite en un entrevista televisiva que cuenta con apoyo estadounidense.

En tal sentido, no es descabellado sospechar que, ante el irreversible descrédito de los magistrados de la Sala Constitucional, el nuevo actor político de la oligarquía y la embajada de Estados Unidos pueda ser el Fiscal General de la República.

Por tanto, es necesario que organizaciones progresistas, sectores democráticos y población decente exijan a la Fiscalía seriedad e imparcialidad: seriedad para evitar shows como “Funes-Mecafé” e imparcialidad para investigar todos los delitos de corrupción sin importar quién los cometió.

Esta imparcialidad implicaría procesar también, al menos, los siguientes casos:

1. “Caso FECEPE”: la ex vicepresidenta de la república, Ana Vilma de Escobar, entregó irregularmente 38.5 millones de dólares del Fideicomiso Especial para la Creación de Empleos en Sectores Estratégicos a empresarios que no crearon los puestos de trabajo que comprometieron.

2. Los 150 casos de corrupción de los gobiernos de ARENA documentados por la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia, presentados a la Fiscalía durante el gobierno del ex presidente Mauricio Funes.

3. Ex presidente Antonio Saca: el último gobernante arenero incrementó escandalosamente su patrimonio y sus empresas aumentaron ganancias en 1,600% durante su gobierno (2004-2009), según publicó el semanario digital El Faro.

4. Magistrados de la Sala Constitucional Belarmino Jaime, Rodolfo González, Florentín Meléndez y Sidney Blanco, acusados de prevaricato y otros delitos referidos al incumplimiento de la Constitución y las leyes, violación a derechos políticos de ex funcionarios, entre otros.

5. Grandes evasores de impuestos: según un estudio reciente de la UCA, empresarios oligarcas no le pagan al fisco 1,500 millones de dólares anuales.

6. Irregularidades en concesiones radioeléctricas, especialmente la asignación anómala de siete canales de televisión abierta a Telecorporación Salvadoreña (TCS) en marzo de 2009, al final del gobierno de ex presidente Saca.

Investigar estos casos, sería una demostración de imparcialidad de la Fiscalía. El país debe exigírselo al Fiscal General Douglas Meléndez.

Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS)