El sábado 27 de agosto del 2016 ocurrió la muerte de 8 militares en la zona del Asentamiento Arroyito, Departamento de Concepción, a unos 400 km al norte de la Capital del país. El gobierno acusó a los miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) de ser los autores del atentado, inmediatamente las fuerzas represiva iniciaron la búsqueda de los criminales en los ranchos campesinos. Los pobladores del Asentamiento fueron claros en repudiar este hecho de violencia, así como todos los hechos de violencia provengan de donde provengan, enfatizaron.

Lo ocurrido facilita profundizar la criminalización hacia los sectores populares, de izquierda, progresistas en general y contra el campesinado en particular, pero desnuda una vez más las falencias que tiene el órgano represivo creado por el presidente Horacio Cartes, la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC). Ésta había sido creada a sólo días de la asunción de Cartes, para lo cual tuvo que modificar la Ley de Defensa y Seguridad Interna y otorgarse el poder de disponer de las Fuerzas Militares para cuestiones de seguridad interna, modificaciones que por cierto alteran la Constitución Nacional, pero a pesar de ello siguen vigentes.

Este nuevo hecho de violencia tiene como escenario el Departamento de Concepción, donde las Organizaciones Sociales y campesinas llevan años en la lucha contra la expansión del modelo extractivista, quienes a través de varias acciones vienen exigiendo el cese de la expansión de la siembra sojera, estas mismas organizaciones reclaman a las autoridades locales declarar sus distritos como zonas libres de agrotóxicos, para evitar la fumigación masiva sobre las comunidades campesinas e indígenas.

Específicamente ocurre en el Asentamiento Arroyito, lugar que podría considerarse como uno de los hito de la lucha campesina por la tierra en Paraguay, fundado a partir de una ocupación hace 27 años, en donde se ganaron 8.600 hectáreas para que alrededor de 800 familias estén viviendo y produciendo en el lugar, fue el primer asentamiento ganado por los campesinos después de la caída del dictador Alfredo Stroessner. Arroyito es como el sacerdote Francisco Oliva lo define en la actualidad “… una comunidad luchadora pero presionada por los sojeros, ganaderos, narcos, militares y policías” (2015).

Arroyito, como muchas otras comunidades campesinas sufre de falta de caminos, atención en salud, educación, pero es víctima también de un proceso con alto grado de estigmatización y violencia estatal, la excusa de que el EPP está vinculado a la comunidad campesina en cuestión se utiliza para ingresar al asentamiento y realizar allanamientos, operativos militares, policiales violentando a mujeres, varones y niños/as, utilizando método para humillar y degradar a las personas, detenerlas por “sospechosas”, patrullar constantemente sus calles, controlar las radios comunitarias, atemorizar a los pobladores/as, sobrevolar el lugar, así como instalar un destacamento militar prácticamente en la entrada de la comunidad.

Lo ocurre en Arroyito, no es un giro hacia el pasado o un error de la democracia, al contrario, es parte de un engranaje moderno y democrático del (des) orden neoliberal, conlleva la aplicación de medidas de seguridad que tiendan a crear un clima social favorable para la persecución de los sectores excluidos. En donde las medidas de seguridad tienden a convertir en delitos las acciones derivadas de las protestas sociales y asimilación de las reivindicaciones de los grupos empobrecidos con “consignas peligrosas” que buscan perturbar a la sociedad, así se justifican la creación de figuras penales para perseguir, reprimir y encarcelar a dirigentes o luchadores sociales; acompañado por lo general de una estrategia de estigmatización mediática y social.

Arroyito es una comunidad que lucha y que necesita hoy de la solidaridad nacional e internacional.