Algunos aspectos de la actualidad argentina están sujetos a diversas interpretaciones y merecen debates profundos, pero en materia de deuda pública no parecen caber dudas que vamos de mal en peor, y rápidamente. Mal, porque pese al promocionado “desendeudamiento” de los últimos años, venimos desde tiempos de la dictadura sin quebrar el ciclo de endeudamiento y hegemonía que sigue implicando su propio 2 x 1: cada dólar recibido en préstamo remite como mínimo 2 de ganancias, y otros más en calidad de poder de dominación[i]. Peor, porque mientras la economía se estanca con un profundo ajuste en curso y todos los indicadores de empleo, ingresos, bienestar social en franco retroceso, la deuda pública financiera ya dio un salto de 35 mil millones de dólares en 2016 y el presupuesto 2017 contempla un nuevo incremento de 38 mil millones de dólares[ii]. A modo de comparación, durante las gestiones Kirchner, el promedio de aumento anual de la deuda pública era de aproximadamente 10 mil millones de dólares.

Esta tasa de aumento (13%) en un contexto de recesión refleja centralmente la firme decisión política de gobernar con un ritmo de endeudamiento imposible de pagar, realmente inédito -aun comparando con el período de la última dictadura. Esta política beneficia directamente no solo a los prestadores, que cobran suculentos intereses, sino también a los colocadores de la deuda, que cobran importantes comisiones. Así, se deja atado el modelo productivo y todo el diseño de política económica a sectores del gran capital cada vez más concentrado y extranjerizado (incluso cuando su origen sea local).

Hay que resaltar que la nueva deuda pública no significa más inversión social, sino todo lo contrario. Se endeuda para cubrir el déficit fiscal que, pese a las promesas electorales de Mauricio Macri, se ha incrementado, tanto por la rebaja de las retenciones mineras y agropecuarias y otros regalos fiscales, como por el hecho de que crece el peso de los pagos de intereses. Lo que no tan eufemísticamente se llama “servicio de la deuda”, desde hace varios años se ha convertido en uno de los rubros presupuestarios más grandes y que más crece. El presupuesto 2017 prevé que 20% del gasto total de la Administración Central, 1 de cada 5 pesos, se aplique no para satisfacer los derechos humanos de la población -salud, educación, agua, vivienda o generación de empleo- sino para servir la deuda. Este pago de intereses, 30 millones de pesos por hora, equivale a un hospital completo cada día, insume más que el gasto federal en educación y deportes, salud, interior, obras públicas y vivienda –todo junto[iii].

La experiencia argentina reciente nos ha mostrado que el costo de servir la deuda es altísimo: más alto incluso que los posibles costos de cuestionar esa servidumbre. Son los grandes prestamistas y sus organismos – sean estos el Citibank, Paul Singer, China, el FMI, el Banco Mundial o quiénes más-  quienes avasallan con sus requerimientos toda pretensión de soberanía y democracia en aras de acrecentar la explotación, el saqueo y la destrucción ambiental[iv]. Es importante insistir: la deuda no sirve a los fines del desarrollo nacional, sino que constituye, hoy como ayer, una herramienta privilegiada del capital transnacional para llevar adelante sus procesos de despojo.

 No podemos olvidar que fue la dictadura militar-corporativa que impuso a sangre y fuego el ciclo de endeudamiento ilegítimo e ilegal que el gobierno Macri ahora profundiza, no casualmente a favor de muchas de las mismas empresas e intereses. Tampoco debe sorprender, entonces, la actualidad de una de las denuncias de ese período confirmadas por el Juez Ballestero en la Causa Olmos, cuando afirma “la existencia de un vínculo explícito entre la deuda externa, la entrada de capital externo de corto plazo y altas tasas de interés en el mercado interno y el sacrificio correspondiente del presupuesto nacional desde el año 1976”[v].

Esa estafa original ha atravesado diversos momentos: la década perdida de los ’80 (con el fallido intento del club de deudores), la entrega del patrimonio público en los ’90, la crisis de 2001 y la política de “pagador serial” de los gobiernos del kirchnerismo –incluyendo las concesiones al Club de París, al CIADI, o a Repsol, entre otras. Las formas del endeudamiento fueron cambiando, pero no su esencia de constituirse en poder de dominación –que vulnera democracia y soberanía- ni el hecho de que su costo siempre lo paga el pueblo con sus derechos. Así, mientras más se profundiza el sistema de endeudamiento perpetuo, más se incrementan las deudas con el pueblo: la deuda social, la deuda ecológica, la deuda democrática, la deuda de género, la deuda con los pueblos originarios, la deuda con la niñez. En fin, la dicotomía es entre una deuda ilegal e ilegítima, y las deudas que son legítimas, que tienen al pueblo por acreedor.
 
¿Qué hacer?
 
Ante este escenario, se plantea el gran desafío desde el campo popular de reconocernos como verdaderos acreedores, y dejar de pagar lo que no debemos. Podríamos incluso decir que, en esta era de la pos-verdad, todavía luchamos por desmitificar muchos conceptos de la pre-verdad. Seguimos escuchando, por ejemplo, a pesar de todas las pruebas en contra, que el país se endeuda para tener recursos para invertir, para desarrollarnos. O que existe margen para endeudarnos porque la relación deuda / PIB es baja, o que hay que aprovechar la posibilidad de endeudar el país en el exterior – pues los inversores estarían amigables con el gobierno de Macri, que hizo “los deberes” para “retornar” Argentina a la supervisión del FMI y al mundo del mercado, o al mercado mundial. Y desde luego, se insiste, las deudas no solo hay que pagarlas, sino que es necesario “honrarlas” y “servirlas”. El lenguaje no es neutro.
 
Al finalizar la dictadura, el futuro presidente Raúl Alfonsín hizo campaña sobre la promesa de no pagar la deuda ilegítima, y su primer ministro de economía intentó realizar una investigación en ese sentido, pero fue abandonada ante las demandas del FMI y demás prestamistas. Luego, en especial en los ’90, después de que la deuda sirvió de palanca y palo para la imposición de la agenda neoliberal como salida a la crisis, la mera mención de la deuda era un tabú. Al día de hoy continúa siendo difícil incorporar la problemática en la agenda popular y el debate político, incluso hemos sumado nuevos obstáculos a su tratamiento en los años recientes.

Cuando Néstor Kirchner planteaba que era bueno pagar la deuda –mediante su reestructuración en 2005, o más aún con el pago anticipado al FMI – se operó un golpe muy certero a la opinión progresista, que, aunque no lograba materializar el cómo, hasta ese entonces mantenía incólume el convencimiento que el no-pago era lo justo y necesario. Poco después, con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, sobrevino el relato del “desendeudamiento” y cundió la sensación que la deuda –salvo aquella ligada a los fondos buitre– había dejado de existir, cuando en realidad lo que había sucedido era una importante conversión de deuda pública externa en deuda pública interna, política revertida ahora por el gobierno Macri. Es decir, no significó una disminución ni del stock de deuda pública ni del costo de su servicio, sino todo lo contrario. Dado el cerrazón de los mercados internacionales de capitales y sobre la base del pleno reconocimiento de una deuda probadamente fraudulenta[vi] y la reafirmación de condiciones gravosas -como la cesión de jurisdicción a tribunales extranjeros y la renuncia a la inmunidad soberana -, se trató, en fin, de un traspaso del grueso de la deuda ilegítima de manos de prestamistas extranjeros al pueblo argentino entero, mediante su conversión en deuda intra-Estado. El 60% del fondo de garantía del ANSES, por ejemplo, está ahora prestado al Tesoro Nacional, para que éste pagara el servicio de una deuda que la justicia argentina ya había dictaminado fraudulenta.

 Por todo lo anterior, el primer paso en esta nueva fase pasa por reconocer que la política de endeudamiento permanente es un problema, y que no es nuevo, sino que viene de lejos y perpetúa ganancias y privilegios para los prestadores. No huelga reconocer además que la experiencia argentina, si bien tiene particularidades, es compartida con gran parte de América latina y el Caribe, así como otros países del Sur global donde el endeudamiento público, que sostiene el despojo neocolonial y la dependencia, define los modelos productivos bajo los ejes comunes de empobrecimiento, desigualdad y destrucción ambiental y cultural. Hay que enfatizarlo: la deuda no es un simple problema de liquidez o de solvencia, sino una herramienta de dominación que acentúa la extracción de nuestros bienes comunes y pone en riesgo la democracia, nuestros derechos humanos, la naturaleza; en fin, la vida de los pueblos en todas sus dimensiones.
 
Así también resulta necesario construir conciencia crítica de que el problema de la deuda se trata en realidad de un sistema de endeudamiento perpetuo, que la convierte en ilegítima, ilegal, odiosa e impagable. Desde la red de Jubileo Sur hemos planteado siempre esta ilegitimidad, fundamental a la hora de plantear la necesidad de romper con la lógica de este sistema, tan bien explicada en tan pocas palabras por ese gran escritor y compañero, Eduardo Galeano: “más pagamos, más debemos, menos tenemos”. Una deuda ilegítima es una deuda que no debemos, y que tenemos derecho a no pagar[vii].
 
¿Hay alternativas?
 
Tanto frente a la deuda existente, como ante la profundización del sistema de endeudamiento perpetuo, hay alternativas de corto, mediano y largo plazo. Impulsar la realización de auditorías integrales de las deudas es una estrategia que ha dado resultados importantes en contextos diversos, incluyendo Brasil en los años ’30, Ecuador y Grecia más recientemente. El caso ecuatoriano es particularmente significativo, pues entre 2007 y 2008 se realizó una Auditoría Integral del Crédito Público, que tuvo por efecto inmediato una fuerte devaluación de los bonos - los prestadores se saben dueños de títulos ilegales – y un posterior ahorro al tesoro nacional. Ecuador no tuvo por ello problemas para volver a emitir deuda o recibir inversiones, y fue de los países de mayor crecimiento en la región, contra lo que sugieren quienes critican las auditorías. En el caso argentino, la recuperación económica posterior al colapso de 2001 fue construida sobre la base de la suspensión de pagos de la mitad de la deuda pública, durante 3 años: una reacción tardía, incompleta y temporaria que, aun así, permitió frenar el drenaje de riqueza y bienes comunes y empezar a revertir el desastre provocado.
 
Teniendo la exhaustiva base probatoria que ya existe en Argentina, a partir de la Causa Olmos y otros juicios que duermen en distintos tribunales federales, es cuestión de actualizar y completar el proceso de identificar a cada paso la corrupción y las responsabilidades [viii]. Es preciso trabajar para que el poder judicial asuma su obligación de juzgar y sancionar los crímenes cometidos, y el poder legislativo su responsabilidad de contralor. Mientras tanto, se debe suspender todo pago sobre una deuda cuya legitimidad y legalidad no han sido comprobadas. Es esencial quebrar la lógica del sistema de endeudamiento que requiere cada vez más deuda, para servir a la deuda vieja.
 
En el largo plazo, la construcción de soberanía financiera pasa por la consolidación de un régimen fiscal más justo y la aplicación de controles al movimiento de capitales. Al respecto, es vital desandar el andamiaje de normas nacionales e internacionales que el gran capital ha establecido en estos años para facilitar su operatoria sin trabas: desde el FMI al GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), impulsores de la desregulación financiera y las leyes antiterroristas; los tratados de protección a las inversiones y de “libre” comercio –que solo liberan los movimientos de capitales y bienes, sin libertades para las personas-; los mecanismos para la resolución de conflictos (como el CIADI), que menoscaban la soberanía de los Estados y habilitan la acción de tribunales foráneos o árbitros privados vinculados a los intereses corporativos, entre otras. Es necesario que los Estados asuman la primacía de los derechos humanos por sobre las demandas del capital y que, entre todos, creemos la fuerza y mecanismos necesarios para asegurar su protección.

 Una ventaja de estas luchas, como ocurrió con el ALCA hace poco más de una década, es que permiten construir alianzas amplias en toda la región, y más allá también. Ahí está nuestro gran desafío: para construir las alternativas que queremos, cobra vital importancia la lucha de los pueblos. Por eso la centralidad de impulsar una gran campaña popular hacia el financiamiento soberano, contra el sistema de endeudamiento perpetuo, tal como acordamos en la I Conferencia Internacional sobre Deuda, Bienes Comunes y Dominación – Resistencias y Alternativas hacia el Buen Vivir, realizada aquí en Buenos Aires, hace dos años [ix]. Para ello, es necesario articular las diversas resistencias y propuestas contra el ajuste social, el extractivismo, el “libre” comercio, la impunidad corporativa, las megarepresas y los megaeventos, la criminalización de la protesta, la militarización, el avasallamiento de los pueblos originarios… vincular a todas y todos quienes pelean por la soberanía y la autodeterminación en defensa de nuestros derechos humanos, de los pueblos y de la naturaleza. No hay tiempo que perder para avanzar en la misma, reconociendo que forma parte del igualmente impostergable desafío de construcción hacia un nuevo proyecto popular superador del colonialismo, del capitalismo, del imperialismo y del patriarcado y en armonía con la naturaleza.

  Notas

[i] De hecho, la deuda pública argentina –correspondiente solo a la administración central– aumentó en 102 mil millones de dólares durante los 12 años de gestión del kirchnerismo (de 152 a 254 mil millones de dólares), pese a la jactancia de la Presidente Cristina Fernández de Kirchner, de haber pagado más de 190 mil millones de dólares entre 2003 y 2014.
[ii] El incremento de deuda en 2016 no incluye el blanqueo realizado en diciembre 2015, apenas asumido el gobierno Macri, de 32 mil millones de dólares de deuda no reconocida por el gobierno anterior (Reclamos de los fondos buitre y cupones CER pendiente (Ver Giuliano, Héctor, “El aumento de la deuda pública en 2016”, 26/4/17). El presupuesto 2017 contempla la colocación de un total de nueva deuda por 96 mil millones, 58 mil millones para cubrir el refinanciamiento de vencimientos (que es como se “paga” deuda), y 38 mil millones de incremento neto. Según el Observatorio de la Deuda Externa de la UMET, se trata del mayor incremento de deuda de una economía “emergente”.
[iii] Giuliano, Héctor, “Incidencia real de los intereses sobre el Gasto Público”, 1/4/17.
[iv] Los diálogos de acercamiento al FMI del nuevo gobierno, que incluyen la auditoría de las cuentas nacionales, suponen un riesgo muy importante a la soberanía nacional. El propio FMI hizo una autocrítica de su responsabilidad en la crisis de 2001, pero no modificó por ello sus demandas.
[v] Causa N° 14.467, Olmos, Alejandro S/dcia, tramitada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 de la Capital Federal, Secretaría N°4, y fallada el 13 de julio de 2000, http://www.laeditorialvirtual.com.ar/Pages/Ballesteros_JuicioSobreDeudaE...
[vi] Idem. La decisión del Juez Ballesteros en la célebre Causa Olmos (13/7/2000, Causa 14.467 Olmos, s/ denuncia), señalando la comisión de no menos que 477 arbitrariedades en la contratación de la deuda durante la dictadura y requiriendo la intervención del Congreso Nacional para la dilucidación de responsabilidades no ha sido nunca apelada, ni aplicada.
[vii] Ver al respecto, Jubileo Sur/Américas, ¿Quién debe a quién? Apuntes para abordar la ilegitimidad de la deuda, Rio de Janeiro, 2013, http://dialogo2000.blogspot.com.ar/2011/09/quien-debe-quien.html
[viii] Lamentablemente, en el marco del conflicto con los fondos buitres, se creó en 2014 una Comisión parlamentaria bicameral para investigar la legitimidad de la deuda al mismo tiempo que se declaraba su pago de “interés público” –un verdadero contrasentido. Sin resultados que presentar, por falta de funcionamiento real, la misma fue anulada en 2016, junto con la aprobación parlamentaria del pago a los fondos buitre, y reemplazada por una nueva comisión de “seguimiento” a la deuda, igualmente inoperante.
[ix] https://asambleadeudaybienescomunes.wordpress.com/2015/06/15/declaracion...

Beverly Keene, Diálogo 2000-Jubileo Sur Argentina