Estados Unidos decidió acelerar su presión sobre Venezuela con vistas a la Cumbre de la OEA que se llevará a cabo en Lima durante abril. El objetivo central de ahogar al gobierno de Nicolás Maduro se viene ejercitando con sistematicidad desde hace un lustro a través de medidas que Thomas Shannon, Subsecretario de Asuntos Interamericanos, ha verbalizado en su gira por América Latina, efectuada entre el 27 de febrero y el 3 de marzo.

La última etapa del despliegue estadounidense contra Caracas comprendió una nueva coacción sobre la oposición venezolana para que se exima de presentar candidaturas para las próximas elecciones —incluso aunque se le conceda las exigencias planteadas originalmente—, cuya nueva fecha fue estipulada por Caracas para el 20 de mayo.

Además Shannon adelantó la necesidad de deslegitimar los resultados de los comicios, incluso cuando se presenten contrincantes de renombre para enfrentar al chavismo. Simultáneamente el funcionario de EE.UU. descartó taxativamente una invasión militar y se encargó de transmitir en Quito, Bogotá y Santiago de Chile que “el mundo está dispuesto a ayudar a Venezuela”. La colaboración humanitaria ofrecida fue debatida en el “Séptimo Diálogo de Alto Nivel” entre EE.UU. y Colombia, reunión en la que también participó el Consejero de Seguridad Nacional Adjunto, el general Ricky Waddell.

El objetivo de fondo de desmoronar el proceso bolivariano se ha desplegado en los últimos años mediante acciones entrelazadas y una cronología concebida con una secuencia que no ha sido examinada en forma pormenorizada por los analistas latinoamericanos. Las primeras medidas consistieron en sanciones económicas y financieras orientadas a limitar las capacidades económico-comerciales de Venezuela, sobre todo en relación a la producción y venta de petróleo. Estas acciones fueron desplegadas durante el gobierno de Barak Obama y mutaron con Donald Trump hacia una literal amenaza de invasión militar.

Humo de amenaza

El tercer formato se circunscribió a morigerar la intimidación del presidente estadounidense, hecho que fue tomado con agradecimiento por los simpatizantes que Trump posee en la región. El encargado de mitigar los discursos belicistas fue el vicepresidente Michel Pence, quien en agosto de 2017 invitó a la OEA y a sus socios dentro del continente a redoblar la presión sobre Caracas, ofreciendo a cambio convenios de cooperación en las áreas de seguridad y de defensa.

Este periplo de Pence indujo a varias cancillerías de la región a colaborar con la agenda dispuesta por el departamento de Estado con la certeza de estar eludiendo potenciales externalidades negativas de un conflicto bélico dentro de la región, que podría estallar al interior de varios de los países latinoamericanos. La cuarta etapa del cronograma fue desplegada durante la visita del jefe de la diplomacia, Rex Tillerson, a principios de febrero del presente año. La gira estuvo orientada a hacer visible las consecuencias humanitarias de la crisis económica venezolana, invitando a Colombia, Guyana, Brasil y Panamá a redoblar sus esfuerzos para repeler situaciones de violencia y posibles desbandes humanitarios fronterizos.

La penúltima fase de la ofensiva de Washington incluyó la presencia en Bogotá del jefe del Comando Sur, el almirante Kurt W. Tidd, y la renovación de los efectivos que posee en las nueve bases del Pentágono en Colombia, sumado a los ejercicios militares como Amazon Log el año pasado y los que tendrán lugar en Guatemala en abril, con el despliegue de marines en el golfo de México. La oferta de colaboración en temáticas de seguridad y asistencia para la lucha contra el narcotráfico iniciadas por Patricia Bullrich en Florida se encuadran en esa misma ofensiva de encolumnar a los socios que se encuentran (bien) dispuestos s enfrentar al populismo. La declaración de Shannon ante el periódico El Comercio de Quito, en el sentido de que sus presiones han sido eficaces, quedó expuesta en su aseveración:

 “La decisión de Ecuador, Nicaragua y El Salvador de abstenerse en la última votación de la Organización de Estados Americanos (OEA) fue un mensaje fuerte para Venezuela sobre la necesidad de que encuentren una manera de presentar elecciones confiables”. Su visita a Quito, Bogotá y Santiago de Chile es —por lo tanto— el último capítulo de un planificado despliegue encaminado a aislar a Maduro con una apariencia multilateral, destinada a implosionar el proceso político liderado por el chavismo durante casi dos décadas.

Los complementarios movimientos de pinzas reclamados por las corporaciones petroleras, ávidas de volver a tener injerencia en una de las reservas de petróleo y gas más extensas del mundo, fueron el resultado de pormenorizados estudios previos. En documentos internos de los investigadores ligados al Consejo Nacional de Seguridad de los EEUU se proponía utilizar la amenaza militar como una posición de máxima para negociar desde ese piso.

Eso fue lo que ejecutó Trump en agosto pasado mientras se ampliaban las presiones económicas, financieras y políticas, acompañadas de una persistente y pormenorizada deslegitimación institucional a través de campañas mediáticas y de redes sociales, focalizadas en aspectos humanitarios.

 Uno de sus más conocidos analistas ligado a la producción de contenidos estratégicos, Frank Mora, advirtió el 8 de noviembre último en la revista Foreign Affairs —influyente medio del que son tributarios gran parte de los funcionarios del Departamentos de Estado—, que un desembarco de tropas supondría un costo excesivo en vías humanas (y un exagerado acrecentamiento del presupuesto militar), dado el significativo armamento con el que cuenta las Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

 En el influyente artículo de referencia, “¿Cómo sería una intervención en Venezuela? Riesgosa, costosa y contraproducente”, Mora advierte que la solución militar exigiría desatender la situación en Siria, en Turquía y en la península de Corea, e implicaría una peligrosa elevación del precio internacional del crudo, con su consecuente inestabilidad para la economía mundial. El analista del Pentágono sugiere, por el contrario, evitar la confrontación directa de Estados Unidos con el gobierno de Maduro, que podría brindarle al chavismo herramientas políticas nacionalistas de resistencia popular contra la soberbia hegemónica de Washington.

 Frente a esta situación, el ex integrante del Consejo Nacional de Seguridad y actual director del Kimberly Green Latin American and Caribbean Center propone establecer la estrategia de pinzas multiforme y paulatina que Rex Tillerson estaría ejecutando con urgencia y sistematicidad. Dicho dispositivo requiere la impostergable colaboración y compromiso de los gobiernos amigables de México, Colombia, Perú y la Argentina y permite a EE.UU. escudarse en una alianza multilateral que sea capaz de diluir y difuminar la presión ejercida por el Departamento de Estado.

Se constituiría, de esa manera, en un paraguas para la injerencia colectiva, no adjudicable únicamente al gobierno de Trump. En última instancia existiría la posibilidad —sugiere Mora— de disponer de operaciones higiénicas basadas en la activación de los bombarderos B-1, aptos para dañar la infraestructura del gobierno de Maduro, que hasta el día de hoy le permite comunicarse geográficamente y continuar desplegando su gestión gubernamental.

Tesoro Negro

Venezuela se ha consolidado como la obsesión de la política exterior del gobierno de Trump debido a los fracasos asociados a la desnuclearización de Corea del Norte, la sistemática pérdida de incidencia en el conflicto militar sirio y las dificultades de Trump para prescindir del tratado con la República Islámica de Irán que Obama firmó con el aval de China, Rusia, el Reino Unido, Francia y Alemania. El lugar prioritario en su agenda —que incluye la doctrina Mora— se expresa con inusitada transparencia en los objetivos estratégicos del Comando Sur para el periodo 2017/2023.

El documento del Pentágono titulado “Estrategia del Teatro” postula entre sus objetivos: “El Southcom y los países asociados están preparados para responder rápidamente y mitigar los efectos de cualquier crisis humana o natural” en la región de las Américas. Por “crisis humanas” se refiere a todo aquello que supone una confrontación política en la que los vencedores no sean los socios estratégicos de EEUU. En relación a las impugnaciones jurídicas que pudieran generarse por su injerencia en terceros países, el Comando Sur notifica que “la ley de los Estados Unidos provee la autoridad jurídica para que Southcom realice actividades específicas, especialmente aquellas que se centran en la capacitación y el apoyo a las Agencias de Cumplimiento de la Ley de los Estados Unidos”.

Sus declaradas faenas se asumen como un “Comando Combatiente Geográfico predilecto para asuntos de interagencia y de cooperación pública y privada” que ejercitan sus labores en cooperación con agencias humanitarias como “la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), el Departamento de Seguridad Interna, el Departamento de Hacienda, el Departamento de Justicia, y colaborando con las ONGs y organizaciones intergubernamentales, empresariales y académicas [que] nos permite avanzar hacia objetivos nacionales que serían imposibles de alcanzar sólo con el poder militar”.

El gobierno de Estados Unidos está decido a acelerar la presión en los distintos formatos disponibles debido, además, a la urgencia que ejerce el cronograma de procesos electorales dispuestos para el año en curso. Las elecciones en Brasil, México, Colombia, Paraguay y Costa Rica configuran —para los analistas de la política exterior radicados en Washington— un claro riesgo de reconfiguraciones “populistas” que limitarían la capacidad del Departamento de Estado para asfixiar a Caracas. Venezuela en particular y América Latina en general aparecen en el imaginario hegemónico de EE.UU. como un continente asociado básicamente a estas problemáticas: migratorias, el narcotráfico, la política del denominado populismo progresista y la disponibilidad de acceso a los recursos naturales estratégicos.

En referencia al primer ítem la actual política exterior de Trump se encuentra fuertemente influida por la “doctrina Huntington” que percibe a los sudamericanos y caribeños como poblaciones que contradicen actitudinalmente los valores anglo-protestantes y que por lo tanto deben restringirse sus hibridaciones al interior de la sociedad estadounidense. El narcotráfico aparece como otro de los temas vinculados con la oferta, mientas que el populismo es catalogado como el mayor obstáculo al libre acceso a los recursos estratégicos que las corporaciones requieren para continuar son su posicionamiento privilegiado en la producción y el comercio mundial.

Quizás es por esa causa que el párrafo final del documento de planificación del Comando Sur anuncie que “Juntos, con los copartícipes que integran nuestra Red de Redes, defenderemos las vías de acceso del sur de los EE.UU. y nos aseguraremos que nuestro Hemisferio Occidental siga siendo un modelo compartido de progreso mutuo, prosperidad y valores democráticos”.

Jorge Elbaum

Sociólogo argentino, doctor en Ciencias Económicas. Analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)