Venezuela es víctima de las sanciones de Donald Trump, mientras que en países gobernados por el neoliberalismo como Argentina se imponen duras medidas de ajuste contra las clases medias y los sectores populares, en beneficio de las trasnacionales y las élites económicas. Quienes sufren en ambos casos son los pueblos.

Venezuela está sufriendo desde 2017 una fuerte crisis a raíz de las múltiples sanciones económicas y financieras impuestas por Estados Unidos, superpotencia que ha decidido estrangular al gobierno de Nicolás Maduro castigando a la población venezolana provocando escases de alimentos, subida de precios y emigración masiva. Sin embargo, los países aliados de Estados Unidos, como Argentina atraviesan una crisis económica mayor caracterizada por medidas neoliberales que provocan cierre de empresas, despidos e hiperinflación.

Sanciones a Venezuela

La guerra económica y financiera que Estados Unidos ha desplegado contra Venezuela puede tornarse más dura aún, y no lo hace porque en cierta medida ése país depende del petróleo venezolano. Su mayor comprador es Estados Unidos. El 33 % del crudo venezolano es exportado al país del norte.

Hasta el momento Washington no ha suspendido las compras del petróleo venezolano, porque la medida podría provocar una reacción negativa entre los consumidores estadounidenses que a corto plazo perjudiquen las aspiraciones políticas del presidente Trump. La gasolina en los surtidores podría subir y perjudicar al consumidor común y corriente, crearía un descontento entre los ciudadanos, eso afectaría al partido de Donald Trump en las elecciones parciales del Congreso Norteamericano en noviembre de este año.

Por otro lado, aunque menos influyentes en la economía global que Estados Unidos, Rusia y China podrían aumentar su apoyo a Venezuela ligándolo más a su bloque. Los analistas norteamericanos señalan ése peligro. Un bloqueo a sus exportaciones de petróleo, empujarían aún más a Venezuela hacia tratos con las grandes empresas petroleras de esas superpotencias.

Si bien en el plano del comercio del crudo aún titubea EEUU, no ha pasado lo mismo en el plano financiero. El lunes 21 de mayo pasado, Trump firmó un decreto endureciendo las sanciones financieras a Venezuela, dificultando a Caracas vender activos estatales, luego de la reelección del presidente Nicolás Maduro. La disposición es una orden ejecutiva que prohíbe a los estadounidenses comprar obligaciones de deuda a Venezuela. Caracas había utilizado estos instrumentos para obtener ingresos ante la necesidad de liquidez.

En lo que va del año 2018, el gobierno de Trump impuso más de 50 sanciones económicas al país de Bolívar, una de ellas fue el bloqueo de pagos internacionales para la importación. El director de Datanálisis, centro de encuestas y análisis venezolano, una empresa privada de encuestas, Luis Vicente León, señaló en una columna de opinión que estas medidas sólo castigan al pueblo venezolano, “puesto que los ciudadanos venezolanos no pueden conseguir lo que necesitan como productos alimenticios y medicamentos” (El Espectador, 21 de mayo de 2018). “Las sanciones no castigan solo a un gobierno; las sanciones castigan a un país. Castigan al empresario, que no puede sacar su producto fácilmente. Castigan al exportador que se encuentra con problemas en la banca internacional. Castigan a la gente que no puede conseguir lo que necesita. Por lo tanto, esa no es la solución”, dijo León en una entrevista televisiva (op. cit.).

El gobierno venezolano necesita recursos económicos para comprar alimentos y medicamentos. Así está recurriendo a sus aliados Rusia y China para acceder a préstamos. Estas sanciones en la vida diaria de los venezolanos están provocando una extrema escases de todo tipo de productos en los centros de abastecimiento y la subida exorbitante de sus precios, situación que ha llevado a miles de venezolanos a emigrar a otros países.

Ola migratoria venezolana en Suramérica

Se calcula que hasta la fecha casi dos millones de venezolanos han emigrado a causa de la crisis económica con dirección a diferentes países de Suramérica.

La ola inmigratoria de venezolanos a la Argentina se aceleró desde la llegada de Mauricio Macri al poder (diciembre de 2015). En 2017 superaron los 31.000 venezolanos que llegaron a ése país, según un informe de la Dirección de Migraciones. En 2018, solamente en el mes de enero llegaron 9.800 venezolanos. En los años 2016 y 2017 se entregaron 44.000 radicaciones a ciudadanos de ese país.

El gobierno de Argentina ha decidido abrir plenamente sus fronteras a los venezolanos. El trámite para solicitar la radicatoria para éstos ciudadanos es bastante sencillo. De acuerdo a la Dirección de Migraciones, sólo se les pide el documento de identidad, haber ingresado por un paso habilitado, presentar un certificado de carencia de antecedentes penales de su país y otro de la Argentina, y una constancia de domicilio.

El ministro del Interior Rogelio Frigerio pidió a la población ser abiertos con “la gente que quiera venir a trabajar y no a delinquir”, refiriéndose a los inmigrantes venezolanos. La posición del gobierno de Macri, promueve la aceptación argentina a estos migrantes. Frigerio, expresó que se flexibilizarían las condiciones sin perder de vista la seguridad y los requisitos que deben presentar los inmigrantes venezolanos. Esto significa que se podría suspender temporalmente la presentación del certificado de carencia de antecedentes penales a los que no lo tuvieran, pero que tarde o temprano se exigiría su presentación.

En sólo casi tres años, los venezolanos escalaron rápidamente al tercer puesto entre la población inmigrante en Argentina, después de paraguayos y bolivianos. Sin embargo, el crecimiento de los inmigrantes de estas dos últimas nacionalidades data de las décadas de los 70, 80 y 90, y en la actualidad la mayoría ya tiene la nacionalidad argentina. Además, estas poblaciones inmigrantes no sólo no han aumentado sino que han disminuido en ése país.

El fenómeno de la migración venezolana resulta un problema para los países gobernados por el neoliberalismo, que son los lugares donde se les están abriendo las fronteras, y crea conflictos con los nacionales que intentan salir adelante a pesar de las duras medidas de ajuste estructural. En Argentina, se viven constantemente actos de xenofobia contra los venezolanos, a quienes se los insulta de “chorros” (ladrones), aunque exista una campaña gubernamental de integración.

En otros países como Ecuador han llegado a realizar manifestaciones en contra de estos. En un campamento improvisado en el norte de Quito 50 venezolanos vivían en pésimas condiciones, no han encontrado empleo, informaba el canal Telesur el 5 de septiembre pasado. “Nosotros hemos decidido volver a nuestro país, luchar allá por un mejor futuro”, expresaba un señor de más o menos 45 años. “Lastimosamente la xenofobia ha venido a tomar forma en una sociedad que siempre ha tenido las puertas abiertas (…). Hay un bombardeo permanente en todo momento y en todo lugar que genera ése rechazo, que genera la visión de que el venezolano viene a quitar algo”, explicó a Telesur una venezolana que vive en Ecuador desde hace muchos años y que ha visto cómo las cosas han cambiado para los inmigrantes.

Una manifestación en contra de los venezolanos en Quito, se leía en una pancarta: “Señor Lenín presidente de los ecuatorianos ¡no de los venezolanos! Son huéspedes no dueños de casa. Fuera ventas informales”. Muchos venezolanos esperanzados en llegar a un país extranjero impulsados por la propaganda constante e ilimitada a través de las redes sociales de que allí encontrarían trabajo y alimento, ahora decepcionados se muestran desesperados por abandonar Ecuador, y retornar a su patria.

Algo parecido pasa en Perú. El 5 de septiembre un vuelo del Plan Vuelta a la Patria del gobierno de Nicolás Maduro, trasladó 89 venezolanos a su país desde Lima, Perú. Los venezolanos que se acogieron este plan, antes de partir contaron sus experiencias a Telesur: “hay venezolanos que están durmiendo en las calles, los hacen una oferta de trabajo y son mentiras”, dijo un señor mayor de 50 años. “la verdad nosotros nos vinimos para una mejor vida y no… prefiero estar en Venezuela, en mi casa, así de sencillo”, dijo una joven de unos 25 años. Otra persona que fue a parar al Amazonas, y fue explotada brutalmente es Auri una joven de unos 22 años: “no había control médico, no sabía cómo estaba mi bebé en mi vientre, trabajaba 20 horas diarias, así trabajaba embarazada”. En las imágenes que trasmitió Telesur, todos, hombres, mujeres y niños se veían contentos por el retorno a su patria.

A la pregunta de la periodista de cuántos meses había estado en Lima, una migrante respondió a punto de romper en llanto “tres meses, los tres peores meses de toda mi vida”. “Es cosa muy diferente cuando llegas, entonces te das cuenta que aquí la ley del trabajo no funciona, trabajan 12 horas al día, no tienen descanso, te pagan mal. Entonces ¿cuál es el beneficio?, en mi país eso está más que abolido. Eso es esclavitud, prefiero regresar a mi casa. Si voy a luchar aquí por cuatro reales como decimos nosotros, entonces lucho en mi casa, por los mismos cuatro reales, pero allí soy libre”, expresó una madre con sus hijos pequeños en sus brazos.

El bombardeo mediático, por todos los medios, televisión, redes sociales, confunden a la gente y los llevan a dar pasos en falso. Los inmigrantes a su retorno, se prometen a sí mismos luchar por su patria, sacar adelante a su país.

En las calles de Lima decenas de inmigrantes venezolanos hombres y mujeres, tratan de ganarse la vida vendiendo en los mercados, venden principalmente arepas, y se generan roces con la población peruana, que también vende informalmente. Y estos roces son aprovechados por los medios de comunicación para promover la xenofobia. En Perú hay más de 100.000 venezolanos.

La predisposición gubernamental venezolana de establecer un puente aéreo entre las principales ciudades suramericanas y Caracas en el marco del Plan Vuelta a la Patria, de acuerdo a la exitosa convocatoria que ya tuvo en ciudades como Lima, contribuirá a la disminución de los inmigrantes venezolanos.

Políticas neoliberales en Argentina

Las políticas neoliberales castigan a los sectores populares y las clases medias en todos los países gobernados por el neoliberalismo. Argentina no es la excepción. Los venezolanos en busca de trabajo para vivir modesta pero dignamente empujados por la crisis en su país, y por el terrorismo mediático en contra del gobierno de Nicolás Maduro que se ejerce a través de los medios de comunicación masiva y las redes sociales, se lanzan a la aventura de trasladarse por tierra, y en ocasiones a pie, a estos países donde tendrán que enfrentar a una población que se encuentra en una situación similar o peor.

En Argentina el gobierno de Macri, guiado por un pragmatismo económico neoliberal, decide implementar políticas de ajuste estructural hacia abajo, hacia el ciudadano de a pie, y no arriba. Estrangular a la clase media, a los pequeños y medianos empresarios, a los trabajadores, lo que genera mayor injusticia social.

Se ha quitado las retenciones a las exportaciones de la industria manufacturera, del sector agropecuario (excepto de la soya cuya reducción sería gradual) y de la minería; se ha abierto el país a las importaciones eliminando las trabas por ellos definidas como burocráticas; se ha implementado una reforma Tributaria que establece la baja en la tasa de impuesto a las Ganancias de las empresas (de 30 a 35 %) y la baja del Impuesto a los Bienes personales (1,25 % para aquellos que tienen bienes superiores a 5 millones de pesos, a 0,25 en forma progresiva hasta el 2019) (Arencibia, 5 de septiembre, 2018). Es decir, el gobierno se ha concentrado en políticas en beneficio de las élites económicas y las trasnacionales.

Macri ha accedido a un multimillonario préstamo del FMI para alivianar la crisis en su país, endeudándolo como jamás se lo había hecho, como si esto fuera la solución. Cierre de fábricas en todo el territorio argentino, despidos masivos de trabajadores, subida de los precios de los servicios básicos, son las medidas en contra de la población, siguiendo la lógica de la reducción de costos para el Estado y las empresas transnacionales, como el aumento de sus ganancias de estas últimas.

En cuanto a aliviar al Estado del peso de su responsabilidad con la sociedad argentina, seguirán los recortes que esta vez alcanzarán a los gastos en obras públicas, recortes a los subsidios de luz y gas, lo que significará aumento de tarifas en los servicios públicos. Se pasaran a las provincias y los municipios, los subsidios al transporte automotor. Se congelará el ingreso del personal estatal, además de otros gastos de la administración nacional para lo cual redujeron a la mitad los ministerios, quedando en rango de secretarías los ministerios de Trabajo, Salud, Ciencia y tecnología y Cultura, entre otros. Varias organizaciones sociales salieron a las calles a repudiar estas decisiones (op. cit.).

Todo esto se traduce en la reducción del Estado a su mínima expresión, lo que lo hará incapaz de corresponder a todas las necesidades de su sociedad. Es lo que se quiere, de eso se trata el Estado neoliberal, el destino de la sociedad lo deja al libre mercado, y se ocupa de facilitar el movimiento empresarial transnacional. Este es el caso de Argentina.

Para el mes de octubre se prevé una subida de las tarifas de gas en un 30 %. La inflación estimada por el gobierno para el presente año es de un 42 %, el combustible sigue en aumento con las consecuencias que trae en los precios de los productos de primera necesidad. Los haberes de los jubilados siguen perdiendo frente al aumento de los precios. De acuerdo a Arencibia, ningún salvataje financiero puede enfrentar estos problemas que son económicos y estructurales (op. cit.).

Una familia de dos adultos y dos niños pequeños al final de 2017 requería de 6.144 pesos para solventar su consumo mensual de alimentación, mientras que en el pasado mes de agosto debió contar con 8.007 para cubrir los mismos gastos.

El analista Claudio Fabián Guevara escribe “la administración colonial de Mauricio Macri ha puesto en marcha en forma acelerada un programa económico que aparece como un diseño premeditado para poner al país de rodillas” (Guevara, 5 de septiembre de 2018).

Algunos puntos de ése programa son: la apertura a la importación irrestricta; el aumento salvaje de tarifas de servicios públicos; la desgravación impositiva de grandes grupos empresariales del agro y la minería. ¿De dónde obtendrá ingresos el Estado argentino si las élites económicas no contribuyen? Las élites empresariales tampoco quieren cumplir con la generación de fuentes de empleo, de ahí los despidos en el sector privado en una lógica de reducción de costos de producción. Estas medidas obligaron a Argentina a levantar la mano con vista cabizbaja frente al Fondo Monetario Internacional (FMI).

A esto se suma la hiperinflación, la devaluación de la moneda argentina. Por si fuera poco, las tarifas de servicios públicos fueron dolarizadas, con lo cual cada incremento del dólar impacta indirectamente sobre el costo interno de la producción de bienes y servicios. Se anuncia miles de despidos más en los próximos meses.

Según Guevara, la administración colonial no sólo está atacando el nivel de ingresos de la clase trabajadora, está minando incluso las bases de sustentación de los propios capitalistas locales. “Se trata del diseño de un colapso inducido: el país marcha hacia la cesación de pagos, la parálisis productiva y el desempleo masivo” (op. cit.). Todo un desastre para los sectores populares y la clase media. Se trata de un nuevo neoliberalismo que a diferencia del neoliberalismo de los años 90 se implanta sin discreción, descaradamente leal a los principios del libre mercado para los pequeños y medianos empresarios, y ventajas estatales para las grandes empresas y las multinacionales.

Siendo obvias el rechazo y las movilizaciones sociales en contra de las medidas que implementa Macri, un segundo lote de políticas se refiere al desmantelamiento anticipado de cualquier intento de resistencia y oposición social activa. Se está impulsando medidas represivas como: el silenciamiento de periodistas y medios críticos; encarcelamiento y hostigamiento judicial de líderes de oposición; ingreso de tropas estadounidenses y establecimiento de bases militares.

En países como Perú, Ecuador y Brasil se sigue los mismos pasos que Argentina, ya que también están gobernados por el neoliberalismo antinacional y neocolonial. En última instancia, sus pueblos son víctimas del imperialismo estadounidense, cuyos dictados son obedecidos sin objeción alguna por sus gobernantes, quienes tienen como prioridad favorecer a las trasnacionales y a las élites económicas.

La migración venezolana con dirección a estos países, fue la mejor lección para muchos, quienes abrieron los ojos, obstruidos por el terrorismo mediático de las redes sociales, y comprendieron que el culpable de la crisis es Estados Unidos, tanto en Venezuela, que está siendo sometida a una guerra económica y financiera, como en otros países a los cuales ha convertido en sus colonias.

Fuentes consultadas

Arencibia, Fabiana. “Nuevas/viejas medidas y un mismo destinatario: El FMI”. En: América Latina en Movimiento, 5 de septiembre de 2018.

Gambina C. Julio. “Macri reconoce que su política incrementa la pobreza”. En: Rebelión.org, 21 de agosto de 2018.

Guevara, Claudio Fabián. “Tres metas del Nuevo Orden Mundial en el colapso económico argentina”. En: América Latina en Movimiento, 5 de septiembre de 2018.

Majfud, Jorge. “Y cuando los de abajo despertaron, el dinosaurio todavía estaba allí”. En: América Latina en Movimiento, 3 de septiembre de 2018.

“La llegada de venezolanos a Argentina creció 1.600 % en cinco años”. Portal: Perfil.

“Siguen los despidos y crece el desempleo”. En: Indymedia, 31 de julio de 2018.

Emilio Hurtado Guzmán

Escritor y periodista. Redactor del Semanario Alerta, especializado en Política y Economía, en Santa Cruz, Bolivia.