Antecedentes

La figura de la lucha internacional contra las drogas emergió con la Convención Única de Estupefacientes de las Naciones Unidas de 1961, cuando aún no se había extendido el tráfico de cocaína a los países desarrollados, con la intención de generar una problemática que sirva de pretexto a EEUU para intervenir en los países de Sudamérica. La Convención de 1961, contemplaba por primera vez a nivel internacional, la hoja de coca sujeta a fiscalización. Con el pretexto de proteger la salud humana, la disposición de la Convención de 1961 obliga a los países firmantes a arrancar de raíz todos los arbustos de coca que crezcan en estado silvestre y a destruir los que se cultiven ilícitamente.

Bolivia se suscribió a la convención de 1961 y se comprometió formalmente en 1979 a eliminar la producción y el consumo de coca en un lapso de veinticinco años.

En el país, la década de los 60 y 70, la producción de la coca creció paulatinamente, para luego dispararse en la década de los 80. En 1961, en Bolivia apenas se producía 4,8 toneladas de coca por año. Esta cifra subió a 38,3 toneladas desde 1981. En 1988 se produce 136,8 toneladas.

A inicios de la década de los 80 la demanda internacional de cocaína crece. Entonces, la dictadura militar en Bolivia promueve sin escrúpulos la producción y el tráfico de cocaína. Esto provoca el crecimiento de la demanda de la coca.

El número de personas que vivían de la hoja de coca también aumentó. Si en 1950 apenas había 2.929 productores de hoja de coca en la región del Chapare para consumo tradicional, ése número subió a 61.641 en 1987. Si bien el crecimiento poblacional en el Chapare también se debió a los programas de colonización del Estado de bienestar que promovían la marcha hacia el Oriente, es con el ingreso al neoliberalismo cuando este se dispara.

La incapacidad de los gobiernos dictatoriales, luego neoliberales, para impulsar el crecimiento del aparato productivo del país, llegó a límites tales que una parte significativa de la población se desplazó al Chapare para sembrar coca. Esto sucedió con mayor proporción después de la relocalización de las minas (1986).

Los cocaleros se organizan

El cierre de las minas en la década de los 80 hizo que miles de trabajadores del occidente del país migren a las ciudades del eje troncal. Una parte importante de esta población se trasladó al Chapare para cultivar coca, una actividad muy rentable.

El movimiento campesino cocalero surge en esta época. Este se estructura con elementos del movimiento obrero minero principalmente, aunque también con elementos de las organizaciones campesinas de la región. Utiliza las asambleas donde los dirigentes discuten y resuelven con sus bases, las medidas a tomar para defender la hoja de coca. Las marchas hacia la ciudad de La Paz, los bloqueos de las carreteras son las acciones de hecho que toman para defender sus cultivos.

La numerosa existencia de sindicatos de campesinos que se dedican a cultivar coca en el Chapare, pronto hace que se unifiquen en federaciones. Sus demandas en la década de los 80 se establecen en torno a su derecho a cultivar la hoja sagrada, como parte importante de sus estrategias de sobrevivencia, pues además cultivan frutas. Con el pasar de los años, ya en la década de los 90, cuando se posicionan los paradigmas de la tolerancia e inclusión a la diversidad étnica en el mundo, se incluye en el discurso del movimiento cocalero, el respeto al cultivo de la coca como una tradición milenaria heredada de siglos atrás.

El Chapare, al ser una zona hostil y de difícil acceso, brindaba las condiciones para que la organización abarcara los diferentes ámbitos de la vida de los agricultores. La distribución y titulación de tierras se trató en el sindicado. En un inicio se denominaron “juntas vecinales”, ya que la dictadura prohibió la sindicalización de los colonizadores. La organización sirvió a los campesinos como la mejor forma de proteger la posesión de los chacos (parcelas) y de interponer demandas ante las autoridades con miras a mejorar sus condiciones de vida (electrificación, apertura de caminos, establecimiento de escuelas). El sindicato trataba temas de justicia, organización de las familias y establecimiento de lazos de solidaridad y reciprocidad. Estar fuera del sindicato en el Chapare, significaba no ser nadie, ya que se corría el riesgo hasta de perder las tierras.

El Estado contra los campesinos

En 1988 se implementó la Ley 1008, que prácticamente criminaliza la hoja de coca indicando que ésta debe ser erradicada en Bolivia hasta hacerla desaparecer. Los campesinos defienden que se les deje cultivar algo de la hoja sagrada. La comercialización de la coca forma parte de su fuente de subsistencia. Pero el problema se agrava. No se trata solamente de una parte de la población boliviana frente a un Estado republicano y neoliberal del que no reciben nada, sólo represión, sino además está el gobierno de Estados Unidos, que es en realidad el que dirige la guerra contra el narcotráfico a nivel mundial.

La lucha contra las drogas, que después de la Convención de 1961 se ha convertido en un pretexto de la potencia del norte, para intervenir en los Estados de América del Sur, toma matices más violentos.

En Bolivia, el establecimiento de cuarteles militares y los constantes operativos policiales de erradicación de cultivos de la hoja de coca, impusieron en el Chapare un estado de persecución y alerta permanente que criminaliza la vida cotidiana de los agricultores. En la década de los 80 la guerra contra el narcotráfico, que en la práctica es más una guerra contra los campesinos cocaleros, y no así contra los narcotraficantes, hace visible claramente la condición de neocolonia que ha adquirido el país, con la presencia de soldados de la DEA norteamericana que entrenan a efectivos antinarcóticos, y la presencia del embajador estadounidense interviniendo en la política boliviana, en ocasiones con mayor autoridad que los altos funcionarios nacionales.

La intervención norteamericana, que provoca masacres de campesinos en el Chapare, como la Masacre de Villa Tunari (junio, 1988), promovida por el embajador estadounidense David Greenlee, será uno de los aspectos más importantes que impulsará a los campesinos a pasar de la lucha económica a la lucha política, y constituirse en términos de acción en la presencia de lo nacional-popular reactualizado, utilizando una categoría del sociólogo René Zabaleta.

Bajo el lema “kausachun coca, huañuchun yanquis” (Viva la coca, mueran los yanquis), los agricultores cocaleros rechazan la intervención norteamericana, y defienden la libertad de cultivar la coca al igual que lo hacen con otros productos para subsistir.

Con la intención de influir en el gobierno para cambiar las políticas en contra de su sector y denunciar la denigrante intervención norteamericana con todos los abusos que conlleva, toman la decisión de participar en la política, a través de un partido, en las elecciones en el marco de la democracia representativa y formal. En 1997, el máximo dirigente de los campesinos cocaleros, Evo Morales Ayma, es elegido diputado nacional por el partido de la Izquierda Unida (IU), una sigla prestada.

Más adelante, en las elecciones generales del 2002, los campesinos cocaleros, en alianza con otros movimientos sociales populares e indígenas, obtienen un gran logro, esta vez con su propio partido, el MAS (Movimiento al Socialismo). Evo Morales se convierte en un líder nacional, y las reivindicaciones campesinas ahora también son nacionales.

La nacionalización de las empresas estratégicas, el control de los recursos naturales, la industrialización del gas y la Asamblea Constituyente, son sus principales ejes de acción y de su futuro programa de gobierno del movimiento campesino cocalero, que después de las jornadas de lucha de enero de 2003, las de octubre del mismo año, las protagonizadas durante el 2004 y 2005, no sin la pérdida de vidas humanas por la represión militar y policial, y las elecciones generales de 2005, lo llevará a ocupar el gobierno y le dará la posibilidad de transformar el Estado boliviano.

Emilio Hurtado Guzmán

Periodista y escritor. Redactor del Semanario Alerta, medio escrito especializado en política y economía en Santa Cruz - Bolivia