ONGs medioambientalistas financiadas desde Estados Unidos y Europa, intentan desvirtuar los megaproyectos de desarrollo boliviano, a través de su influencia en las organizaciones indígenas, en lugar de plantear soluciones a los impactos ambientales que provocan. Este es el caso de las hidroeléctricas. A continuación esbozamos algunas reflexiones al respecto.

El rechazo a las hidroeléctricas

En una nota periodística del portal Eju! del 24 de febrero de 2018 bajo el título: “Bolivia avanza en la construcción de hidroeléctricas a pesar de daños”, se refleja claramente cómo los medios de comunicación privados enfocan la información en contra de las políticas de desarrollo del Estado plurinacional de Bolivia. Parten por ejemplo de una comparación entre las decisiones que dicen que tomarán otros países indicando que son sensatas frente a la insensatez desarrollista boliviana.

“Mientras los gobiernos de Brasil y Chile anunciaron la suspensión de proyectos hidroeléctricos en sus territorios por los impactos socioambientales entre diciembre de 2017 y de enero de 2018, el presidente Evo Morales avanza con su política de profundización de generación de energía de este tipo con la inauguración de la Central Hidroeléctrica San José I, que entró en operaciones el 17 de enero y elevó a 2.155 MW la oferta nacional de energía eléctrica”, se lee en dicha nota.

Además según esta, un estudio realizado por la Universidad Internacional de Florida habría advertido que en la cuenca andina amazónica de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú existen 142 represas activas y en construcción que fragmentaron seis de las ocho principales redes fluviales, y esto amenaza a 671 especies de peces.

Indica también que, según el estudio de la universidad norteamericana, las únicas cuencas andino-amazónicas que no fueron afectadas con las represas son Caquetá y Pumayo que atraviesan Colombia, Brasil y Perú, “el resto de las represas amenazan a parte de 671 especies de peces migratorios”, o sea, todas las represas de Bolivia y Ecuador. Veamos más de esta intencionalidad siniestra en el caso de la represa Rositas.

Siete hidroeléctricas se instalarán en la cuenca del río Grande. Rositas será la primera. Generará de 400 a 600 megavatios. En conjunto aportarán 3.000 MW al Sistema Interconectado Nacional (SIN). El doble de la demanda actual de Bolivia. Además de energía proveerá agua para consumo y riego para 160.000 ha de cultivos, y contribuirá a controlar las inundaciones. Con la hidroeléctrica se obtendrá energía para la exportación y se llegará a cumplir el sueño de convertir a Bolivia en una potencia energética.

Sin embargo, las ONG medioambientalistas promueven el descontento en las comunidades a través de la propia organización indígena que es la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), la cual siempre ha funcionado a través del paternalismo de dichas ONG. Esta vez, promueven el descontento en poblaciones guaraníes a través de la ONG Probioma.

De acuerdo a una nota que se publica en el portal, Mongabay Latam Periodismo Ambiental Independiente, y de autoría de Miriam Telma Gemio, los campos de cultivo de tres comunidades guaraníes (Tatarenda, Yumau y La Junta), quedarán inundadas por la represa, y serán afectadas otras comunidades que se encuentran en los municipios de Cabezas, Gutiérrez, Postrervalle, Lagunillas y Vallegrande.

Estas comunidades son productoras de maíz. “Este es nuestro único fuerte como comunidad. Todo este espacio el gobierno nos lo quiere llenar de agua”, comentó el dirigente indígena Changaray según Mongabay Latam. Este medio agrega sobre el dirigente indígena: “no entiende por qué ‘el gobierno siempre quiere afectar a los más pobres’”.

Tómese atención a estas dos frases: “Todo este espacio el gobierno nos lo quiere llenar de agua” y “el gobierno siempre quiere afectar a los más pobres”. La intencionalidad está clara, con esta nota se intenta conmover a la población, para que esta reaccione, bajo el estímulo que le da este mensaje: “éste es un gobierno de ricos que afecta a los pobres”.

Estamos seguros que el impacto ambiental de este proyecto será considerable, pero es algo que no se puede ni se debe dejar de hacer. Las ONG y los medios de comunicación, en lugar de intentar promover una oposición al proyecto de parte de la población boliviana, deben plantear soluciones a los problemas que va generar éste proyecto, y recomendar qué se debe hacer, cómo las comunidades pueden actuar para tomar lo que les corresponde en recursos que va generar la hidroeléctrica con la exportación de energía, por ejemplo.

La nota que publica Mongabay Latam insiste en que las comunidades tienen que quedar atrapadas en una economía de subsistencia. “Los recursos vegetales del bosque de la Capitanía Kaaguasu, que alberga a 24 comunidades incluida Yumao y Tatarenda Nuevo que serán afectadas por el proyecto Rositas, son importantes para sus familias porque los usan en la medicina tradicional, alimentación, forraje, construcción, leña y artesanía”. ¿Leña y artesanía? Es decir, cuando en la época de las Guerras Chiriguanas sucedidas durante la colonia española, los guaraní libres de la región denominada entonces Cordillera, aspiraban a tener todo lo que pensaban que a los blancos les engrandecía, como caballos y armas de fuego, y de hecho las llegaron a tener y a usar con destreza, ahora, en pleno siglo XXI ¿tienen que cocinar a leña?, ¿no aspiran a un servicio de gas domiciliario como los que gozan muchos aymaras y quechuas urbanos y rurales?

Mongabay Latam, además hace una comparación que de ningún modo tiene parangón. Compara al gobierno del dictador Hugo Banzer Suárez de la década de los 70 con el gobierno progresista de Evo Morales. “A inicios de la década de 1970, cuando poca gente vivía en la ribera del río Grande ya se hablaba de la represa Rositas. Benito Changaray dice que ahora hay mucha más población en la región (…) que serán alcanzadas por la represa Rositas”. Pero Banzer no hizo la represa Rositas porque se lo pidieron los indígenas que no lo hiciera, lo que no aclara Mongabay, sino porque como otros dictadores puso un tema de moda para despertar la esperanza en los bolivianos sobre la posibilidad de realizar grandes obras para salir de la pobreza, aunque nunca tuvo la mínima voluntad de cumplirlo.

Por su parte, Morales insiste en avanzar en este proyecto porque es una necesidad nacional para el conjunto de los bolivianos, y algo tan grande no puede aplazarse por culpa de algunas comunidades, o peor aún, a causa de la manipulación que ejercen las ONG sobre estas.

Probioma alerta sobre el impacto que la construcción de la hidroeléctrica Rositas generará sobre la seguridad y soberanía alimentaria al anular las tierras de una de las zonas prioritarias para la producción de alimentos, según Mongabay. ¿Qué debe hacer el gobierno? ¿Abandonar un megaproyecto que incrementará en el futuro los ingresos del Estado significativamente y permitir que algunas comunidades continúen con su economía de subsistencia? ¿No debería más bien Probioma plantear soluciones a esta población en la transición hacia un nuevo sistema de vida distinto a la economía de subsistencia?

Lejos de plantear soluciones para aminorar el impacto ambiental que traerán las hidroeléctricas y soluciones para las comunidades, las ONG insisten en preocupar a la población. Se dice por ejemplo que no solo las propiedades e inversiones realizadas por los comunarios se perderán, también la infraestructura como escuelas, carreteras, puentes y tendidos eléctricos. “Se trata de una importante inversión pública”, explica Antonio Sanjinez, investigador de la Unidad de Agroecología de Probioma a Mongabay.

Ante los cuestionamientos y críticas de la oposición política, los medioambientalistas y las ONG, el presidente Evo Morales en abril de 2018 dejó el destino del proyecto hidroeléctrico Rositas en manos del departamento de Santa Cruz. Un hecho más había provocado esta determinación: la campaña medioambientalista en el extranjero.

“No puedo entender que algunas familias y algunos pequeños grupos se opongan sobre los sueños de un departamento, dejo en manos del departamento, superemos los problemas. Algunas personas que tienen hotelería y empresas turísticas del Oriente boliviano, van a Estados Unidos a protestar contra el proyecto Rositas y el Bala”, dijo entonces el mandatario.

El medioambientalismo nos quiere vulnerables

El medioambientalismo en Latinoamérica promueve que se mantengan las condiciones de vida precarias de los habitantes de las zonas selváticas y que se petrifiquen las relaciones coloniales de pobreza y sometimiento construidas a lo largo de los siglos y aún vigentes hoy. En este momento, por ejemplo, la actividad extractivista transnacional del litio en Chile y Argentina, está provocando enorme deterioro del medioambiente, y no hay solución para las comunidades de alrededor que están siendo afectadas en sus terrenos de cultivos. A las compañías estadounidenses Rockwood-Albermarle y FMC, como a la compañía australiana Orocobre, que son las que explotan el litio en el norte chileno y argentino no les interesa regenerar el medioambiente porque esto afectaría sus ganancias. Sin embargo, en este caso, los medioambientalistas no dan un grito al cielo como en el caso de las hidroeléctricas estatales bolivianas, que pretende generar ingresos para su inversión en beneficio de la sociedad.

El ser humano en todas las civilizaciones y en diferentes épocas siempre ha transformado la naturaleza para aprovechar de manera más óptima los recursos naturales. Esto ha significado un impacto en el medioambiente, ha afectado la reproducción de la vida animal como vegetal. De lo que se trata aquí es que la academia, las denominadas ONG, y los investigadores planteen propuestas para la regeneración de la naturaleza o para evitar un impacto mayor e incontrolable. No está mal que adviertan sobre el impacto, o alerten sobre el deterioro intensivo y extensivo de la naturaleza, pero esto debe ir acompañado de propuestas, medidas para controlar este deterioro. Con respecto a las comunidades que van a hacer afectada, se podría contribuir a los procedimientos para su tránsito de economías de autosubsistencia a la economía de mercado.

La utilización de información por parte de ONG, universidades, activistas medioambientalistas y medios de comunicación para oponerse al desarrollo por el simple hecho de que éste provocará un impacto ambiental o deterioro de la naturaleza y/o destruirá áreas de cultivo de algunas comunidades que viven de la agricultura de subsistencia, sólo puede tener un fin político en el caso de los proyectos del Proceso de Cambio que impulsa el Estado boliviano actualmente.

Las hidroeléctricas forman parte de un proceso de industrialización estatal con el cual se pretende generar energía eléctrica para exportar. Siendo éste un proyecto que generará mayores ingresos para el Estado que se invertirán en salud, educación, carreteras, bonos sociales, etc., es para el beneficio de todos los bolivianos. Oponerse a este proyecto sería pretender negarse a uno de los mandatos más fundamentales que emergieron de los sectores populares en las movilizaciones sociales de 2003, como es la industrialización, que es uno de los ejes de la descolonización del Estado y la sociedad.

Lo que el gobierno de Bolivia está haciendo con los recursos para beneficio de los propios bolivianos, no es ni debe ser asunto de grupos o entidades foráneas, como las ONG financiadas desde Europa y Estados Unidos. Esto es algo que sólo debe correspondernos a los propios bolivianos. En esto la autovaloración es fundamental. Es además una cuestión de soberanía.

El restablecimiento de los principios de soberanía nacional, es decir, la autodeterminación, es uno de los pilares para el desmontaje del orden neoliberal en Bolivia como bien lo menciona el vicepresidente Álvaro García Linera (García, agosto, 2015). Antes, en todos los niveles del Estado y la sociedad estaban presentes las entidades foráneas, ya sea como imposiciones de los organismos internacionales o como solidaridad paternalista de las ONG.

En 2015, el gobierno identificó a algunas ONG como peligrosas, y acusó de mentir en su contra. Estas intentaban entonces desprestigiar al gobierno indicando que su accionar es desarrollista y depredador del medioambiente, y poner trabas a los proyectos de producción hidrocarburífera en Bolivia, instigando entre los pueblos indígenas a levantarse y negarse a la exploración y explotación de gas en sus territorios.

Si bien es cierto que hoy en día los pueblos indígenas ya no pueden ser inadvertidos, cualquier proyecto de desarrollo, o programa como los POA municipales, no puede ya hacerse sin la presencia de las organizaciones indígenas y campesinas de las áreas en las cuales se encuentran, la manipulación de las ONG en algunos casos es determinante. Estas realizan estudios de impacto ambiental, y con los resultados, carentes de propuestas para aminorar estos impactos o regenerar el medio ambiente dañado, promueven entre los indígenas oposición a estos proyectos.

La pregunta es, ¿si en todo megaproyecto de desarrollo estatal siempre va haber un impacto ambiental, un daño a la naturaleza, entonces el gobierno debe abstenerse de todo megaproyecto, olvidarse de desarrollar el país? Las ONG medioambientalistas lo que buscan es preservar nuestras riquezas para que en un futuro lejano, o tal vez no tan lejano, sean las trasnacionales las que las exploten y las aprovechen para obtener ganancias, cuando la derecha antinacional tenga la posibilidad de tomar el poder e imponga un nuevo modelo neoliberal. Entonces, ni los indígenas, menos el resto de los bolivianos podremos aprovechar de lo que es nuestro porque seremos despojados de su control. Pero además un segundo daño es el que lo hacen al gobierno, y al partido de gobierno. Sus críticas son bandera de la derecha, como en el caso de la negativa a la construcción de la carretera por el parque TIPNIS.

Tomar nuestras propias decisiones con dignidad

El proceso de descolonización, ha implicado también la expulsión del Fondo Monetario Internacional (FMI) de las oficinas privadas que tenía en el Banco Central de Bolivia (BCB); de la CIA, que tenía oficinas en el Palacio de Gobierno; del cuerpo militar norteamericano, que tenía su base extraterritorial en un aeropuerto en la Amazonía boliviana; de USAID y al embajador de los Estados Unidos, que conspiraba junto a sus grupos separatistas de extrema derecha, apoyando la división del país en micro-republiquetas bajo tuición extranjera (García, op. cit.). Esta es una faceta del proceso de cambio que no hay que olvidarlo.

La soberanía plena del Estado Plurinacional, y la más alta dignidad del pueblo de Bolivia, sólo será posible si tomamos nuestras propias decisiones sobre nuestro destino sin aceptar pasivamente observaciones sobre nuestra conducta de entidades paternalistas que aún hoy intentan tratarnos como minusválidos mentales, mostrando conmiseración hacia nosotros e indicándonos qué debemos hacer y qué no.

Fuentes consultadas

“Bolivia avanza en construcción de hidroeléctricas a pesar de daños”. En portal: Eju!, 24 de febrero de 2018.

“Evo deja el destino de hidroeléctrica en manos de Santa Cruz”. En portal: Página Siete, 24 de abril de 2017.

García Linera, Álvaro. “El rol de las ONG ambientalistas”. En portal: Latinoamérica piensa, 20 de agosto de 2015.

García Linera, Álvaro. Geopolítica de la Amazonía. Vicepresidencia del Estado Plurinacional. La Paz, 2013.

Jemio, Miriam Telma. “Hidroeléctrica Rositas: el proyecto que rechazan las comunidades y que amenaza a un área protegida de Bolivia”. En: Mongabay Latam. Periodismo Ambiental Independiente. 19 de julio de 2017.

Emilio Hurtado Guzmán

Escritor y periodista. Autor del libro: Orígenes del Estado republicano colonial (2009). Redactor del semanario Alerta, especializado en política y economía.