El proceso de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC ha sido uno de los esfuerzos más importantes del mundo en la búsqueda de un mejor vivir para un país que lleva más de un siglo en una macabra matanza interna que se ve reflejada en una tenencia de la tierra que parece surgir de un mundo feudal¹.

El Punto 1 se refiere a la necesidad de una “Reforma Rural Integral”, que cambiará la estructura del campo, “cerrando las brechas entre el campo y la ciudad y creando condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural. La “Reforma Rural Integral” debe integrar las regiones, contribuir a erradicar la pobreza, promover la igualdad y asegurar el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía”².

En los acuerdos de La Habana se plantea que se requieren transformaciones para contribuir a solucionar las causas históricas del conflicto, incluyendo los elementos persistentes de la propiedad sobre la tierra y particularmente su concentración, la exclusión del campesinado y el atraso de las comunidades rurales³.

Es claro que se reconoce la importancia y urgencia de cambios profundos en una forma de tenencia de la tierra que, junto con otros factores, ha sido el origen de los conflictos armados a lo largo de la historia del país. Es tan injusta y absurda la situación de la tenencia de la tierra en el país que, es evidente la existencia de la protesta social como un justo reclamo por alcanzar las mínimas condiciones para alcanzar una vida digna.

Los predios más grandes del país pertenecen a muy pocas personas mientras que los pequeños propietarios tienen muy poca tierra. El caso de la jurisdicción de Corpochivor en Boyacá⁴, indica que el 89% de los propietarios tienen predios menores o iguales a una hectárea. Esto implica que el uso intensivo de estos predios genera afectaciones importantes y presenta limitaciones importantes para la producción. Ni soñar con proyectos de producción agrícola para comercializar.

Sumado a esto, existe un conflicto de uso del suelo que raya en el absurdo. Millones de hectáreas de selvas, bosques y tierras agrícolas han sido transformadas en potreros para ganadería con un promedio de 0,5 reses por hectárea lo cual indica una productividad muy baja⁵. Según el Estudio de los Conflictos de Uso del Territorio Colombiano, publicado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el 28 por ciento (32.794.351 hectáreas) padece de algún conflicto en la calidad de sus suelos, resultado del uso inadecuado o la falta de prácticas que estimulen el aprovechamiento de este recurso, ya sea por la sobreutilización o la subutilización.

Las mejores tierras del país, esas que son agrícolas, con vías, con infraestructura, con canales de comercio, con mercados, con apoyo del estado, están en las manos de las familias más enriquecidas y poderosas del país, dedicadas, en su gran mayoría a la ganadería extensiva. De acuerdo con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), en el país se presenta una sobrecarga pecuaria causada por la transformación de tierras de bosques y agricultura en áreas para el ganado. Las cifras reveladas por el Igac son abrumadoras: “en el país 14 millones de hectáreas son destinadas a ganadería neta aun cuando solo 2,7 millones son aptas para tal fin”⁶.

Mientras tanto, las familias empobrecidas se desplazan hacia zonas no aptas para la agricultura o la ganadería en condiciones lamentables que se agravan en la medida en la que se van asentando en estos sitios que requieren de condiciones especiales de preparación y adecuación de los suelos para poder producir alimentos⁷.

El conflicto armado de los recientes cincuenta años ha generado la increíble cifra de casi ocho millones de personas desplazadas⁸. La gran mayoría, familias campesinas que son despojadas de sus tierras y tienen que escapar hacia zonas boscosas para tumbar la selva y tratar de reiniciar sus vidas. Es claro que para poder producir es preciso deforestar. Es la tragedia que obliga a las víctimas de la violencia a afectar los bosques naturales para poder establecer sus cultivos de pancoger⁹ buscando alcanzar ingresos que permitan una vida digna.

Como si fuera poco, en estas áreas hacia donde están obligadas a escapar las familias, se presentan presiones de terratenientes para apoderarse de estas nuevas tierras que ingresan al sector productivo. Se generan nuevas violencias y propuestas de compra lo que reitera el proceso de desplazamiento hacia otras zonas boscosas.

Mientras tanto, se consolida el modelo agroindustrial exportador: Palma de aceite y banano principalmente. Esto en detrimento, no solo de bosques sino de familias campesinas que se convierten en empleados agrícolas de la agroindustria. Así, desaparecen valiosas culturas campesinas, la tierra se reconcentra en muy pocas manos y se destruye lo que podría ser la soberanía alimentaria.

Estas empresas exportan la fertilidad de la tierra, el agua de las regiones y la mano de obra de las familias que, no son más campesinas privatizando las ganancias y esparciendo los conflictos e impactos sobre la vida de las familias y las tierras.

La revisión del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Duque/Uribe deja una preocupación muy grande puesto que no propone alternativas para las familias campesinas ni una revisión de la tenencia de la tierra en el país. Por el contrario, se inclina sin restricciones hacia el modelo agroindustrial en el cual los campesinos se transforman en asalariados sin tierra; esta que Siervo Joya buscó durante toda su vida¹⁰.

Junio de 2019