El gobierno de facto en Bolivia acelera maniobras que superan holgadamente su supuesto carácter transitorio y responden a intereses y proyectos pergeñados mucho más al norte de La Paz. Como ya han señalado varios analistas, Bolivia es el laboratorio de ensayos hacia una nueva ofensiva de Washington en la región. Una parte de la estrategia se concentra en destruir la participación del país en espacios soberanos como ALBA y Unasur, quebrar relaciones diplomáticas y de cooperación con miembros del “eje del mal” (Venezuela y Cuba) y a la vez fortalecer vínculos de tipo genuflexo con los EEUU y sus cómplices, Israel en primer lugar, de los cuales se solicita asesoría y equipamiento para tareas represivas.

En el ámbito doméstico se mantiene el nombramiento de funcionarios públicos de evidente perfil y convicciones neoliberales, que ya comienzan a anticipar medidas económicas favorables a la clase empresarial, lo cual incluye el listado de clásicos vituperios contra las empresas estatales (ineficientes, proclives al derroche, inútiles, sobredimensionadas, etc.) a modo de prólogo para futuras privatizaciones.

En los cálculos del golpe de estado se incorpora además la necesidad de quebrar con ataques diversos al campo popular, y en particular al MAS-IPSP. En una primera fase consistieron en golpizas, amenazas de muerte, vejámenes, secuestros de sus familiares e incendio de viviendas de parlamentarios o funcionarios, con el objetivo de paralizar la Asamblea Plurinacional. Una segunda etapa está centrada en el entorno de la información y comunicación, y se agudizó aún antes de la renuncia de Evo Morales. Allí cumple un rol medular la prensa, que comenzó con una campaña orientada a criminalizar las marchas y manifestaciones que defendían los resultados de las recientes elecciones. Se denostaba a esos grupos calificándolos como hordas delincuenciales o vándalos que atemorizaban a la ciudadanía. El periodista boliviano Fernando Molina analizó tempranamente ese fenómeno en su artículo “Hegemonía instantánea: la prensa en la crisis boliviana” (https://www.cronicadigital.net/hegemonia-instantanea-la-prensa-en-la-crisis-boliviana-fernando-molina/).

Consumado el golpe de estado se produjo en la mayor parte de los medios de prensa una agudización de aquella tendencia. Incluyó la crítica y ataque a equipos periodísticos extranjeros que cubrían los hechos, así como la prohibición de las emisiones de Telesur, RT de Rusia, y C5N de Argentina, cuyas señales ya no existen en la programación de TV abierta o por cable. En forma paralela surgió en algunos medios escritos de circulación nacional como Página Siete o El Deber la publicación sistemática, alevosa y descarada de noticias falsas, en una muestra de que todo vale en el empeño de demoler al MAS-IPSP. En este caso se trata del componente mediático que procura confinar prácticamente a la categoría de sub-humanos a sus militantes y simpatizantes, a partir de la multiplicación machacona de ficciones que los denigran (una especie de reedición de esfuerzos similares en diferentes épocas de la historia nacional, fortificada ahora con nuevas tecnologías).

A pesar del sometimiento de la mayor parte de la prensa a los dictados del gobierno golpista, unido a las omisiones y silencios que impone esta neo-dictadura, la ministra de Comunicación acaba de presentar un decreto cuyo paradójico título es “La recuperación de la libertad de expresión en Bolivia”. Fue incluso festejado como “un huracán imparable de libertad de expresión” por algunos periodistas obsecuentes, y también por empresarios de medios de comunicación.

Con escasos considerandos que no hacen más que reiterar y copiar artículos vigentes de la Constitución Política del Estado, la cereza del pastel la podemos encontrar en dos puntos clave: uno señala que la publicidad estatal (fuente considerable de ingresos para los medios) la otorgará el gobierno luego de considerar “la trayectoria, profesionalismo, ética y compromiso social” del medio a beneficiar. El otro punto señala que el ministerio del ramo asignará o reasignará las radioemisoras pertenecientes a Pueblos Originarios (que en la práctica son hoy parte de las escasas voces públicas discordantes).