El comandante del Alto Mando Militar boliviano indicó que las FFAA estaban “desconcertadas” debido a la aprehensión y posterior arresto domiciliario del Gral. Alfredo Cuéllar por parte de la Fiscalía, que comenzó a investigar la actuación del ejército en la masacre de Huayllani (Cochabamba) región de la que Cuéllar es responsable. De acuerdo a las investigaciones realizadas por la Defensoría del Pueblo de Bolivia, la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, la CIDH y otras instancias, hubo allí diez personas muertas por disparos de armas de fuego y alrededor de cien heridos. Sugestivamente, no se produjeron bajas entre los efectivos militares o policiales, que para la represión contra los manifestantes contaron no sólo con poderoso armamento sino también con el blindaje que les proporcionó un decreto de la presidenta de facto (el 4078) eximiéndoles de responsabilidades penales.

El “desconcertado” comandante recurrió a viejos argumentos para defender lo indefendible. Por una parte, indicó que Cuéllar debía ser juzgado en el fuero militar. También explicó que las FFAA sólo cumplían órdenes, y que actuaron en respaldo de un contingente policial rebasado, con lo que se evitó el derramamiento de sangre. La última afirmación resulta por lo menos curiosa, habida cuenta de las muertes ya mencionadas.

Esas justificaciones son una muestra de lastres históricos que no se lograron alterar en doce años de gobierno popular, a pesar de ciertas modificaciones positivas (y de otras que se han revelado insustanciales…). Como indica la politóloga Loreta Tellería Escobar “…a pesar de los cambios mostrados en materia de independencia institucional respecto a la embajada norteamericana, de una nueva estructura en ámbitos de despliegue fronterizo y de roles enmarcados en el desarrollo y la ayuda social, las llamadas continuidades históricas en temas normativos, de estructura presupuestaria y de roles internos y externos tradicionales confluyen en el mantenimiento de una institución renuente al cambio o por lo menos rezagada en el proceso”.

Otra vez ¿cuál es el papel de las Fuerzas Armadas en Bolivia?

El diligente involucramiento de las FFAA en el golpe de estado de 2019, sumado a su activa disposición para intervenir como aparato de control interno y represión, instalan de manera dramática la pregunta acerca de la posibilidad real de modificaciones profundas en su estructura. Es ahora más que evidente que los cambios que se produjeron durante los gobiernos de Evo Morales no fueron suficientes. Las masacres de Huayllani y Senkata (La Paz), con un saldo total de 37 personas acribilladas y muertas constituyen un espeluznante cuestionamiento a políticas deficientes, concesivas e incluso complacientes con una instancia que se sigue asumiendo como superior al resto de la sociedad. Iniciativas bienintencionadas por parte del gobierno del MAS-IPSP como la creación de la Escuela Antiimperialista, la suspensión de becas y convenios con los EEUU, la disposición a conformar el Consejo Sudamericano de Defensa de la UNASUR o la Comisión de Defensa del Tratado ALBA-TCP, y aún la adopción de la consigna ¡Patria o Muerte! para las ceremonias castrenses, no lograron permear el blindaje de una institución que evidentemente requiere de otras estrategias para su transformación.

Entre los retos del gobierno legítimo de Arce y Choquehuanca se encuentra el de propiciar un amplio debate nacional en torno a las FFAA, su papel, organización y funciones, además de llevar adelante un proceso profundo de descolonización de las mismas, rectificando y actualizando de una vez por todas la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, tarea que quedó inconclusa. De lo contrario, y como ha demostrado en forma desgarradora la historia reciente, seguirán operando como espada de Damocles sobre la democracia, y verdugos de su propio pueblo.