La primera crisis global que ha experimentado la humanidad, resultado del COVID-19, anuncia el inicio de una nueva época. Pero mientras el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en ese claroscuro, parafraseando a Gramsci, aparecen los monstruos.

Definitivamente en estos momentos grises, es importante caracterizar a los protagonistas para comprender lo que acontece. Esos actores en la esfera nacional son siete, por el momento. Ellos han desarrollado sus roles en el marco de tres medidas distintas para administrar y contener la propagación del virus. Estas son: 1.- no hacer nada, 2.- mitigación y 3.- supresión. La primera se aplicó del 1 de febrero al 10 de marzo, con la celebración de carnavales, la segunda del 11 de marzo, con la suspensión de clases y el 17 de marzo se suspenden la mayoría de las actividades laborales. De este último momento a la fecha se han aplicado medidas de supresión. 

En ese marco, es visible que la primera línea de actores son los trabajadores de la salud (Ministerio de Salud - Caja del Seguro Social), los científicos (GORGAS e INDICASAT AIP) y el Ejecutivo. Los trabajadores de la salud, en un acto de humanismo y entrega, están lidiando -cada segundo- con la vida y la muerte de sus pacientes y arriesgando incluso la suya. En esa misma línea, la capacidad de producción de conocimientos de los científicos ha sorprendido a la sociedad panameña. En hora buena. A pesar de los pobres presupuestos destinados a Ciencia y Tecnología en los últimos años. Los científicos del GORGAS han logrado encontrar la secuenciación del genoma completo del coronavirus. Mientras los del INDICAST AIP han fabricado reactivos para los diagnósticos de coronavirus. Este hecho supone un lugar privilegiado para la Ciencia en la agenda pública.

Mientras el Ejecutivo decretó un Estado de Emergencia mediante Resolución de Gabinete No. 11 del 13 marzo de 2020. En respuesta han implementado un Plan denominado Panamá Solidario. Éste consiste básicamente en solucionar necesidades de orden material para la reproducción de la vida, por medio de bonos y bolsas están abasteciendo de alimentos a la población que han dejado de percibir ingresos. Sin embargo, en la entrega de éstos existe una gran confusión sobre a quiénes le corresponde una cosa o la otra. Aunado a esto se suma el grado de corrupción que acampa en cada una de las Juntas Comunales, e incluso en las compras directas con sobrecostos. En ese sentido, las entregas también son utilizadas como botines políticos por las autoridades locales.

En la segunda línea están los empresarios quienes exigen la suspensión de las políticas de supresión a cambio de medidas de mitigación, piensan en términos de flujo de caja. Éstos optan por mantener el libre mercado abierto. Para mitigar sus pérdidas, han suspendido y recortado salarios. También, han ocurrido despidos de trabajadores. Cónsonos a su lógica de acumulación operan para que el Estado les cubra los días en que se han detenido sus actividades económicas. Éstos al contrario de la población, que exigen moratorias para pagar al término de dos años sus deudas, exigen exoneraciones de pagos de impuestos e “incentivos”. Simultáneamente, los más cercanos al Estado lucran directamente del Plan Panamá Solidario. Encuéntrese aquí: supermercados, importadoras, crematorios, bancos, etc.  

Por otra parte, está la Embajada de la República Popular de China quienes donaron 15 mil kits de pruebas. También, ha estado desde el primer momento de mitigación capacitando al personal sanitario vía conferencias virtuales con expertos chinos. En contraste, su homólogo norteamericano está ocupado con su política interna e injerencista con respecto al hostigamiento a la República Bolivariana de Venezuela.

En la segunda línea, está rezagada la Asamblea Nacional ante la concentración de poder en el Ejecutivo. De hecho, por algunos días quedó inhabilitada la Asamblea. El Ejecutivo en la práctica ha estado operando en la coyuntura como un “estado de excepción”. Por el momento, lo poco o mucho logrado por el primer Órgano del Estado ha sido la aprobación de la suspensión temporal (90 días) en el pago de servicios públicos en atención al Estado de Emergencia Nacional (Proyecto De Ley 295). También, aprobaron el Proyecto De Ley 287 que impone una moratoria de 90 días en el pago de compromisos financieros, comerciales, de vivienda y otros. Para ambos, falta la aprobación del Ejecutivo. Pero el último Proyecto De Ley entra en contradicción con los intereses de los grupos financieros del país.    

En la tercera -y última fila- están los trabajadores organizados y las comunidades. De los primeros poco se sabe. Suponemos que al igual que toda la sociedad no estaban preparados para enfrentar a una crisis de esta naturaleza. Por el momento están confundidos sobre las dimensiones del problema. Lo poco conocido es el acuerdo del sindicato de la construcción (SUNTRACS) con la Cámara Panameña de la Construcción en función de sus prestaciones. Mientras las comunidades resisten confinados en sus espacios, en dónde si no los mata el virus, los mata el hambre. Por lo menos, el 45% de la fuerza de trabajo en Panamá dejó de percibir sus ingresos. Algunas comunidades se han organizado para realizar jornadas de limpiezas contra el virus y otras para exigir alimentos al Ejecutivo. Sin embargo, este último no ha “pensado un plan para incorporar a la gente a las de tareas de contención del virus. Ni para la cuestión económica”.

7 de abril de 2020

Mario Enrique De León

Investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos, (CELA), “Justo Arosemena”. Becado IDEN-SENACYT. Maestrando en Ciencias Sociales. Correo: mariodeleon.ilg@gmail.com