En la intersección del Alto Amazonas y la cordillera de los Andes, en Ecuador, se encuentra el Parque Nacional Yasuní, uno de los lugares con mayor índice de biodiversidad en el planeta. Yasuní es también uno de los centros de biodiversidad más importantes: en cada hectárea se encuentran más especies de árboles que en todo Estados Unidos y Canadá. Lo más importante es que en sus dos millones de hectáreas habitan los huaorani, tagaeri y taramenane, descendientes de los pueblos originarios de América y dueños de una cultura milenaria sobre la vida en los ecosistemas tropicales.

Yasuní es probablemente uno de los últimos y más importantes campos de batalla para salvar de la rapiña de las industrias extractivas lo que queda de bosque tropical húmedo del alto Amazonas. Quizás es también la encrucijada para nuestra civilización. Pero Yasuní tiene petróleo, y uno de sus campos más importantes es el Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT), con reservas probadas de 920 millones barriles de petróleo.

El presidente Rafael Correa ha propuesto no explotar las reservas del ITT para preservar el patrimonio cultural de los pueblos originarios que habitan el parque y conservar la extraordinaria biodiversidad de Yasuní. Esto es compatible con el objetivo de contribuir a la estabilización de gases invernadero en la atmósfera por dos razones. Primero, el crudo no quemado representa unos 115 millones de toneladas de carbono que no serían inyectadas a la atmósfera. Segundo, no abrir los campos de Yasumí a la explotación evitará la deforestación, que es uno de los más importantes generadores de gases invernadero.

La economía ecuatoriana depende fuertemente del petróleo: alrededor de 45 por ciento de los ingresos fiscales provienen de las exportaciones de crudo. Así que la no explotación del campo ITT en Yasuní es una costosa aportación de Ecuador a los esfuerzos internacionales para mitigar el calentamiento climático. A cambio de ello, Ecuador pide una compensación por 350 millones de dólares anuales por los futuros ingresos sacrificados. El cálculo es como sigue: por cada barril de petróleo extraído en Yasuní, el gobierno recibiría entre 10 y 15 dólares (el crudo en este campo es pesado y los costos de extracción son elevados), pero Ecuador sólo está pidiendo cinco dólares por barril dejado en el subsuelo. Este monto es realmente modesto si se considera el precio actual en el mercado internacional.

Las reservas del ITT-Yasuní se convertirían en un fondo de 4 mil 600 millones de dólares y los rendimientos de dicho fondo servirían para encaminarse hacia un modelo de desarrollo que no descanse en la destrucción del medio ambiente y la diversidad cultural. Los fondos se destinarían a programas organizados alrededor de principios de sustentabilidad social y ambiental. La propuesta se complementa con la organización de un fideicomiso con garantías internacionales para asegurar que las aportaciones se devolverán si el proyecto no prospera.

Las presiones en contra de esta propuesta son formidables. Para empezar, Ecuador es uno de los primeros receptores de inversiones chinas y uno de los objetivos más importantes se encuentra precisamente en la extracción de petróleo, entre otras actividades cercanas a la base de recursos naturales. Por otro lado, la empresa estatal brasileña Petrobrás ha estado muy activa y actualmente tiene una concesión de exploración y explotación en el parque. En octubre pasado el gobierno ecuatoriano subió fuertemente los impuestos a las petroleras extranjeras para ajustar los beneficios de éstas, derivados del extraordinario aumento en el precio del crudo. Pero las demandas en tribunales estadunidenses en contra de la medida no se hicieron esperar. No es la primera vez que este tipo de diferendos se ventila en cortes de Estados Unidos, sólo que esta vez la embestida va por todo.

Las exportaciones de crudo han sido la piedra de toque de la economía ecuatoriana desde hace tres décadas, pero los beneficios han sido pocos y mal distribuidos. En cambio, los costos son descomunales. Para los pueblos de Yasuní, la penetración petrolera implica la contaminación de cuerpos de agua subterráneos y de superficie, degradación de suelos, deforestación y explotación comercial insostenible, así como el desplazamiento de comunidades en la región en donde han habitado durante siete siglos. La explotación petrolera es literalmente un peligro mortal, pues esos pueblos carecen de defensas frente a las enfermedades que lleva la colonización salvaje. Los pueblos de Yasuní, y en especial los huaorani, dependen críticamente de los recursos del bosque tropical por lo que la explotación del campo ITT será muy probablemente la terminación de su cultura.

Claude Levi-Strauss, el célebre etnólogo francés, escribió en sus Tristes trópicos que para uno de los pueblos originarios del Amazonas la verdadera riqueza radicaba no en la acumulación de objetos tangibles provenientes de su actividad artesanal, sino en su heráldica y en su coreografía. Algo para reflexionar en estos tiempos en los que el bienestar se mide por el consumo de materiales y energía, las marcas comerciales amenazan con dominar la simbología y la coreografía más importante es la de la sumisión cortesana en los salones del poder.

La propuesta de Ecuador debe ser analizada con la atención que merece.