El gobierno de Ecuador acaba de declararse en moratoria de pagos internacionales. Es la segunda vez en menos de 10 años que ese país se decide por la cesación de pagos, así que en el contexto de la crisis financiera global quizás no sorprenda.

Pero hay algo nuevo en el paisaje. Esta vez no se trata de una moratoria por falta de capacidad para enfrentar el calendario de pagos. La decisión del gobierno ecuatoriano está basada en las recomendaciones de una comisión especial de auditoría de su deuda externa. La principal conclusión de la comisión: la deuda ecuatoriana es ilegítima e inmoral.

En sus deliberaciones, la comisión revisó la historia de la deuda externa ecuatoriana desde que el Parlamento fue excluido de todas las decisiones sobre endeudamiento en 1978. Esto dio pie a un sinnúmero de irregularidades y a un excesivo endeudamiento a través de la expedición de bonos Brady y otros. También durante los años 80 el gobierno rescató al sector privado de la crisis con la llamada “sucretización”, transformando deuda privada en deuda pública, en lo que debió haber sido un atraco sin piedad al pueblo ecuatoriano. Por fin, en 2000, el gobierno decidió canjear los bonos Brady, que ya estaban muy devaluados en el mercado real, por una nueva serie de bonos Global 2012, 2015 y 2030.

Salomon Smith Barney (hoy parte del vapuleado Citigroup) realizó esa última reestructuración con tasas de 10 y 12 por ciento sin la autorización explícita de Ecuador. Un año después se aprobó una nueva ley mediante la cual los pagos de estos bonos estarían garantizados por los ingresos petroleros. De este modo, la deuda vieja, de origen especulativo y producto de prácticas crediticias predadoras, quedó garantizada por el Estado.

La deuda externa acumulada por Ecuador rebasa los 29.9 mil millones de dólares (mmdd) y en promedio se utilizan unos 388 millones de dólares para pagar intereses. En los últimos 30 años, Ecuador ha destinado en promedio 22 por ciento de su presupuesto de egresos anual al pago de intereses sobre deuda externa. A pesar del empeoramiento de los indicadores sobre pobreza, este país nunca fue admitido en las iniciativas de reducción de deuda.

En cambio, se le admitió en numerosos procesos de reestructuración, cuyo único resultado fue el aumento del monto de recursos presupuestales destinados al servicio de la deuda: de 11 por ciento en 1981 a 36 por ciento en 2006. En contraste, el monto promedio destinado a educación ronda 10 por ciento del presupuesto, mientras el rubro salud apenas alcanza 5 por ciento. En total, el gasto social recibió 22 por ciento del presupuesto.

Desde 1976, Ecuador pagó más de 35 mmdd como servicio de su deuda externa. De ese monto, la mitad ha sido por concepto de intereses. Decidido a romper el ciclo perverso de endeudamiento y reestructuración, el gobierno convocó la comisión de auditoría con el fin de revisar el origen, legitimidad e impacto social de la deuda externa. El viernes pasado el presidente Rafael Correa hizo suyas las conclusiones de la comisión, anunciando que la deuda era ilegítima y que su país dejaría de hacer los pagos del cupón de 31 millones de dólares de los bonos Global 2012 (con vencimiento el 15 de diciembre).

La medida era esperada por el mercado financiero. Muchos de los tenedores de estos bonos son fondos de cobertura y algunos fuertes especuladores. Los swaps de moratoria de pagos (CDS) ya estaban aumentando en las últimas semanas. Esta decisión probablemente presionará todavía más al alza los diferenciales de los CDS en América Latina. Por lo pronto, la calificadora Standard & Poor colocó el riesgo país de Ecuador en el nivel CCC-. Pero el gobierno parece dispuesto a enfrentar las consecuencias.

El proceso de endeudamiento ecuatoriano es parecido al de muchos países latinoamericanos. Su base de recursos naturales condujo a préstamos predatorios de bancos y gobiernos de los países ricos. La crítica a esas prácticas no es muy diferente a los reproches que hoy se dirigen contra el sistema financiero estadounidense en el contexto de la crisis del mercado hipotecario. La decisión del gobierno ecuatoriano puede ser la clave de una relación menos injusta entre deudores y acreedores en el contexto de una nueva arquitectura financiera que podría emerger de la crisis.

Quizás lo más interesante de este episodio es que la comisión especial concluyó que la deuda era ilegítima y no sólo ilegal. Eso la acerca al concepto de deuda odiosa del derecho internacional. Hay que recordar que en su obra Del derecho de la guerra y la paz, Hugo Grocio afirmó en 1625 que los contratos celebrados por un soberano que no benefician al Estado, o incluso lo perjudican, no deben ser respetados, especialmente cuando involucran dineros públicos y no entrañan beneficios para la sociedad. Los países ricos han establecido muchos precedentes de esta doctrina. Ahora deben acatarla.

http://www.jornada.unam.mx/2008/12/17/index.php?section=opinion&article=029a1eco