Tan sólo en el llamado gobierno del cambio, de 2000 a la fecha han sido asesinados 20 informadores, dos desaparecidos y cientos de agresiones, lo que ha marcado a la administración foxista como el período más violento y fatídico de la historia para los periodistas. “Terrorismo de Estado en contra de los comunicadores”, denuncia la Felap y Fapermex en San Lázaro”. Como si hiciera falta: quedó demostrado en semanas recientes que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo con el escándalo por el injusto proceso penal en contra de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, después de haber documentado casos de pederastia cometidos por el empresario libanés Jean Succar Kuri, preso en Arizona, Estados Unidos, y en espera de ser extraditado a México tras descubrirse una red de prostitución infantil en Cancún, Quintana Roo; además del ataque a El Mañana, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde resultó herido de gravedad el reportero Jaime Orozco, quien recibió cinco balazos, uno de ellos en la columna vertebral. “Todo esto se puede inscribir dentro de un terrorismo de Estado en contra de los comunicadores”, denunció el periodista Teodoro Rentería Arróyave, durante una reunión, efectuada en la Cámara de Diputados, entre representantes de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (Fapermex), el Club Primera Plana (CPP), la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap) y diputados. Tan sólo en el llamado gobierno del cambio, de 2000 a la fecha han sido asesinados 20 informadores, dos desaparecidos y cientos de agresiones, lo que ha marcado a la administración foxista como el período más violento y fatídico de la historia para los comunicadores. La vergüenza mayor es que México ocupa el primer lugar en el mundo en asesinatos y agravios a periodistas por arriba de Colombia que resiste una antigua guerra civil no declarada, e Irak que sufre la invasión de Estados Unidos. De 1983 a la fecha, 54 periodistas cayeron bajo las balas de sicarios que a la fecha siguen impunes y han sido desaparecidos otros dos. En Martínez de la Torre, Veracruz, el 10 de julio de 2003, se denunció la desaparición del periodista radiofónico, Jesús Mejía Lechuga, y el 20 de abril de 2005, en Hermosillo, Sonora, la de Alfredo Jiménez Mota, reportero de El Imparcial Junto con Dolores Guadalupe García Escamilla, baleada a las puertas de la estación de radio Stereo 91 de Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 5 de abril pasado y fallecida tras 11 días de agonía, son tres las mujeres sacrificadas en estos 23 años. Este informe fue presentado ante el Grupo Plural Parlamentario de la Cámara de Diputados, que preside la legisladora perredista Beatriz Mójica Morga; por parte de integrantes del CPP que dirige Raúl Durán Cárdenas, la Fapermex, presidida por José Antonio Calcáneo Collado, y la Felap, representada por Teodoro Rentería, vicepresidente de la misma. Los crímenes siguen impunes Estos hechos y cientos de agresiones sufridas por los informadores, que han sido denunciados ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, permanecen en la más absoluta impunidad. No se tiene noticia de que autoridad alguna haya detenido a los presuntos responsables de ningún crimen; tampoco se ha informado en la Procuraduría General de la República (PGR) que haya intención de hacerlo. Entre marzo de 2004 y octubre de 2005, 19 meses, se convirtió en el período más trágico en la historia de México para el gremio periodístico. Fueron asesinados nueve compañeros, dos fueron desaparecidos, no se descarta que permanezcan secuestrados, y muchos otros fueron víctimas de toda clase de agresiones. Si en el periodo comprendido entre 1983 y 2000, 17 años, fueron sacrificados 34 periodistas, en promedio dos informadores por año; la cifra se elevó al doble, es decir fueron victimados cada año cuatro comunicadores en promedio, señala el informe a los legisladores. En esa reunión de trabajo con los legisladores se expuso que tanto el Senado y la Cámara de Diputados se solidarizaron con los periodistas al demandar a las autoridades el esclarecimiento de los asesinatos y demás agravios a periodistas; el presidente Vicente Fox Quesada, ante esta ola de violencia en contra del periodismo nacional afirmó que pondría toda la fuerza del Estado para que la justicia alcance y castigue a los que atentan contra la vida de los periodistas porque eso representa detener el avance de las libertades. “La orden presidencial era en el sentido de crear una Fiscalía Especial –hecho que sucedió posteriormente– para atender los asesinatos, secuestros y demás agresiones a periodistas. Con la llegada del nuevo procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, se decidió crear la Fiscalía Especial en cada entidad federativa, que obviamente disgrega las investigaciones y ha quedado comprobado que no han servido para nada, la misma impunidad y la misma situación de indefensión de los periodistas y sus medios prevalece ante la abulia, la desfachatez y probablemente hasta la complicidad de ciertas autoridades. Esa impunidad prueba que no existe argumento en contrario”, sostuvo el periodista Rentería Arróyave. En coincidencia, el periodista Jesús Blancornelas, director del semanario Zeta, de Tijuana, Baja California, y colaborador de La Crónica de Hoy, del Distrito Federal, sostiene que el presidente de la República “nos ha fallado. Jamás envió iniciativa a la Cámara de Diputados para tipificar como delito federal el agravio o asesinato a periodistas. “Tampoco promovió eliminar la prescripción de los delitos contra periodistas; otras iniciativas de diputados y organizaciones periodísticas no han prosperado y la PGR no ha resuelto ningún crimen de periodistas cometido durante el presente sexenio”, agregó durante un encuentro de periodistas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, luego de los hechos de violencia contra el diario El Mañana. Por el contrario, dijo, continuaron agravios, denuncias y ataques a periodistas en diferentes partes de la República, en ocasiones con la abierta complicidad de los gobiernos locales cómo fue el caso de Lydia Cacho, en Puebla. “Pero no debe cesar la exigencia de justicia al gobierno del presidente Vicente Fox”. En lugar de resolver los casos de agravios, secuestros o muertes de informadores, en la PGR se mantienen criterios distintos. El anterior titular, Rafael Macedo de la Concha, se atrevió a declarar que “existen grupos y personas que utilizan los medios de comunicación para lastimar, intimidar y descalificar a la PGR y amenazar a servidores públicos”. Al cinismo por vía corta Si se compara el tono con el utilizado por el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, no es muy distinto, éste ostenta su bien ganada fama de odiar a los periodistas, a los que acusa de haber montado un complot en su contra. Rechaza la autenticidad de las grabaciones filtradas a La Jornada, donde se exhiben diálogos entre el empresario Kamel Nacif Borge –Rey de la mezclilla y ahora Rey de las chiquillas, como lo llama Jaime Avilés en el mismo diario (18-II-06), y el gobernador Marín, y se manifiestan los detalles del complot contra la periodista Lydia Cacho. El priísta Marín no ha podido demostrar que no es su voz; sólo lo niega y organiza manifestaciones, como la del 17 de febrero, en su apoyo y de rechazo a los trabajadores de los medios: “¡Televisa y La Jornada se van a la chingada”, corearon los empleados y manifestantes de Marín. Al día siguiente, en un acto oficial, se produjeron las primeras agresiones físicas con la complacencia de los cuerpos policiacos. En los mismos términos se expresa el gobernador chiapaneco Pablo Salazar Mendiguchía, quien promovió en la entidad una ley mordaza, donde están penalizadas la difamación y la calumnia. Refiere el informe presentado a los legisladores que con el asesinato de Hugo Barragán Ortiz, reportero de Radio Max, de Tierra Blanca, Veracruz, el 30 de octubre de 2005, suman 20 los asesinatos de periodistas en el país de 2000 a la fecha, la era foxista, y el sexto en Tamaulipas, según documentaron la Faparmex, el CPP y la Felap. Por su parte, en la columna Utopía del 10 de febrero, Eduardo Ibarra Aguirre sostiene: “Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari fueron asesinados 24 colegas. En el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León las víctimas mortales del periodismo fueron 14. Y en el autodenominado gobierno del cambio los periodistas asesinados suman, hasta el día de ayer, 23”. Un antecedente del ataque a El Mañana fue que su director editorial, Roberto Javier Mora García, fue ultimado a puñaladas en frente de su casa en marzo de 2004, lo que motivó al diario a censurar su cobertura periodística sobre temas delicados como el narcotráfico y el crimen organizado. “No podemos realizar investigaciones sobre estos temas ya que el Estado no garantiza la protección de los periodistas”, indicó en entrevista radiofónica el director editorial del diario, Heriberto Cantú, para quien “no existe libertad de expresión sin garantías para ejercer el periodismo”. Un escándalo de controversia Tras difundir La Jornada las grabaciones de las conversaciones entre Nacif y Marín en que se utiliza un lenguaje de ignaros y misóginos, en el que manifiestan ambos su odio a los periodistas en general y a Lydia Cacho en particular, hubo condenas en todos los tonos por parte del vocero de la Presidencia, diputados, senadores y candidatos presidenciales. Inicialmente Roberto Madrazo había exculpado a su correligionario poblano, pero al final tuvo que recular y pidió que fuera investigado al comprobar que si lo defendía podría opacar su ya de por sí deteriorada campaña proselitista. Madrazo obtuvo una respuesta casi inmediata de la periodista Isabel Arvide, quien reveló que fue el aspirante priísta quien la entregó, hace poco más de tres años, a las autoridades de Chihuahua para que fuera procesada por similares motivos. Fuente: http://www.forumenlinea.com/articulos/articulo4.html