Otra vez de luto, los periodistas
20/09/2011
- Opinión
La sociedad se volvió a manifestar en un reclamo abierto a las autoridades. La marcha del 11 de septiembre inició en el Ángel de la Independencia de la ciudad de México y se replicó en otras de varios estados; ciudadanos y trabajadores de los medios de comunicación se manifestaron en las calles para reprochar al gobierno federal la impunidad ante la muerte o desaparición de 102 periodistas durante los dos sexenios panistas y más de 55 mil muertos caídos en la guerra contra el crimen, declarada por Felipe Calderón.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y diversas organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos consideran que México es el país más peligroso de América para ejercer el periodismo.
Así, literalmente, se expresó el periodista Miguel Badillo, director de la revista Contralínea, al señalar en su columna Oficio de Papel que al menos desde 2008, México ha mantenido una tasa de poco más de un periodista asesinado mensualmente (1.13). De continuar el comportamiento de las estadísticas, aún podrían ocurrir cuatro homicidios más en contra del gremio periodístico antes de concluir 2011.
Consideró que el reciente asesinato de Marcela Yarce Viveros, fundadora y gerente de relaciones públicas de Contralínea, y de Rocío González Trápaga, periodista independiente y exreportera de Televisa, podría alertar sobre una nueva tendencia en las agresiones contra mujeres del gremio periodístico.
En entrevista, el reportero que ha cuestionado al sistema político desde hace tres décadas, demandó a las autoridades que no abandonen ninguna línea de investigación y que lleguen hasta las últimas consecuencias.
“Hasta la fecha, los registros oficiales y de organizaciones no gubernamentales dan cuenta de ocho asesinatos de mujeres periodistas en lo que va del actual régimen calderonista. En toda la historia del periodismo en México y hasta antes del gobierno actual, habían sido asesinadas seis trabajadoras de los medios de comunicación”, escribió y comentó antes, durante el sepelio de ambas reporteras.
Informó que en el Distrito Federal, entidad que se había mantenido con los índices más bajos de agresiones a mujeres periodistas, ahora se pueden contar cuatro casos. Tres de ellos fueron asesinatos. Uno, desaparición forzada. Seis homicidios restantes ocurridos durante el panismo en Tamaulipas, Oaxaca, Veracruz y Guerrero.
De luto, una vez más, el gremio periodístico. La muerte con saña inaudita de Marcela y Rocío cimbró a las esferas oficiales justo el día del V Informe de Gobierno, en el que no se hizo ninguna mención al respeto por la libertad de expresión ni a los crímenes en contra de los informadores.
Según Reporteros sin Fronteras y organizaciones de periodistas mexicanos, de 2000 a la fecha han sido victimados o desaparecidos 102 periodistas en la misma vorágine provocada por la guerra contra el crimen organizado.
En los últimos cinco años, ocho mujeres fueron privadas de la vida en México, dos de ellas en el Distrito Federal, mientras que la impunidad y la falta de investigación prevalecen en la mayoría de los casos. Durante la actual administración se contabilizan 73 agresiones contra periodistas: 59 asesinatos y 14 desapariciones. Si se agregan los números del sexenio de Vicente Fox Quesada (27 asesinados y dos desaparecidos), la cifra se eleva a 102.
En el recuento de Reporteros sin Fronteras (RSF) se precisa que transcurrida la primera década de los gobiernos panistas han dejado un saldo negativo en el que suman más de 50 mil los muertos en la guerra contra el crimen organizado, que se ha ensañado contra los trabajadores de los medios informativos.
Una semana después de la muerte del periodista Humberto Millán Salazar, conductor de un noticiero de Radio Fórmula y director del diario digital A-Discusión, hubo una conmoción en el medio periodístico y en la sociedad al conocerse la muerte de las periodistas Ana María Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga.
Durante el velorio cientos de periodistas lamentaron la muerte de las compañeras, en tanto que el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, expresaba su repudio al cobarde asesinato, junto con diputados y senadores que pidieron justicia.
Reporteros sin Fronteras dio a conocer su postura: “Condenamos con firmeza la escalada de terror que enfrentan los periodistas en uno de los países más peligrosos del mundo para la profesión y el más mortífero del continente.
“La autocensura o el exilio son cada vez más las opciones de los profesionales de los medios de comunicación. ¿La prensa puede esperar sobrevivir en México? Las autoridades aún no han puesto en marcha los mecanismos de seguridad para periodistas firmados desde hace cerca de un año. Esperamos acciones concretas en este sentido”, exigió RSF.
En la tierra del narco no hay libertad de expresión. Una semana antes del hallazgo de los cuerpos de las dos reporteras en el Distrito Federal, el periodista Humberto Millán Salazar fue encontrado con un balazo en la cabeza el 25 de agosto de 2011 alrededor de las 10 horas, en un predio agrícola conocido como Campo Morelia, ubicado a 10 kilómetros al norte de Culiacán.
Antes, se informó que Millán Salazar fue secuestrado en la víspera junto con su hermano, quien fue liberado por los secuestradores a petición del periodista. La Procuraduría General de Justicia del Estado Sinaloa (PGJES) informó que se han establecido medidas cautelares para garantizar la seguridad de la familia y los colegas del periodista.
Asimismo, se constituyó una comisión de investigación, encabezada por el titular de la PGJES, Marco Antonio Higuera Gómez, en colaboración con la Procuraduría General de la República (PGR). Higuera asumió "el compromiso de trabajar en el esclarecimiento del caso", sin precisar las principales líneas de investigación.
"Pedimos a las autoridades que no descarten la pista profesional. La víspera de su secuestro, Humberto Millán Salazar, conocido por sus críticas al gobierno local, publicó en el diario digital A-Discusión un artículo sobre la gestión de cuentas del gobierno de Coahuila", demandó RSF en su momento.
De acuerdo a un comunicado del gobierno de Sinaloa, Millán habría sido interceptado por un grupo de hombres armados a bordo de dos vehículos cuando circulaba en su automóvil por el norte de Culiacán, en el fraccionamiento Canaco.
“Los mecanismos de protección para periodistas ratificados por la Secretaría de Gobernación, en noviembre de 2010, encuentran aquí materia para aplicarse. Recordamos que desde hace varios años uno de los principales cárteles de la droga del país, el cártel de Sinaloa, forma parte de la lista anual de Predadores de la Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras”, subrayó la organización.
José Alfredo Beltrán, presidente de la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio, a la que pertenecía Millán Salazar, explicó a RSF que éste habría sido secuestrado junto con su hermano, quien padecía una discapacidad y habría sido liberado a petición del periodista.
Humberto Millán, de 53 años de edad, ejerció el periodismo desde hace 30 años. Fue colaborador de Radio UAS (Universidad Autónoma de Sinaloa) y de los periódicos El Debate y El Sol de Sinaloa. Escribía sobre la actualidad política de la región, y era conocido por sus fuertes críticas al gobierno local.
RSF pidió a las autoridades que privilegien la pista profesional en la investigación y se brinde protección inmediata a sus familiares, en particular a su hermano, testigo presencial de este hecho.
“Pedimos a las autoridades federales que hagan todo lo necesario para encontrar al periodista. Con este caso asciende a 14 el número de periodistas desaparecidos en el país desde el año 2003. Este secuestro tiene lugar a menos de un mes después del de la columnista del diario regional Notiver, Yolanda Ordaz de la Cruz, quien fue encontrada asesinada 48 horas después de haber sido levantada en el estado de Veracruz”.
Ordaz de la Cruz apareció muerta la madrugada del 26 de julio pasado, atrás de las instalaciones del periódico Imagen de Veracruz, ubicado en el fraccionamiento Jardines del Virginia, en Boca del Río.
La Procuraduría General de Justicia de Veracruz inició las investigaciones en relación al asesinato de Ordaz de la Cruz, luego de que vecinos del lugar reportaron al número de emergencias 066, que sobre la calle de Habaneras, había una persona tirada sobre la banqueta.
Con las mismas características, el pasado 20 de junio fue asesinado también el periodista del mismo medio, Miguel Ángel López Velasco, su hijo menor, Misael López Solana, quien era fotógrafo de dicho periódico y la esposa del informador; los tres fueron ejecutados en su domicilio.
RSF refiere que la ofensiva contra el narcotráfico emprendida en diciembre de 2006 por Felipe Calderón –quien movilizó a 50 mil militares– dejó como resultado, casi cinco años más tarde, más de 55 mil muertos en todo el país. Más de 15 mil se registraron en 2010.
"Esta guerra que no se llama por su nombre, se desarrolla junto a una sangrienta batalla entre los cárteles por el control del tráfico de droga, lo que ha provocado una trágica degradación de las condiciones de trabajo de los periodistas, en especial en el norte del país, la zona geográfica que representa el mayor riesgo".
El fiscal está solo. Rogelio Hernández López, director de la Casa de la Defensa de los Derechos de Periodistas, recordó la comparecencia del fiscal especial de la PGR ante diputados priístas el 9 de agosto:
"Los reclamos que le hicieron al fiscal los legisladores del PRI, son los mismos que le hacemos nosotros cada día: se informa de mucho trabajo de gabinete pero sin los resultados de condenas a quienes agreden a periodistas que exige la situación; es voluntarioso, pero está solo institucionalmente. El gobierno federal no quiere, no puede y no tiene la capacidad real de frenar el ciclo de agravios y asesinatos contra periodistas y prensa…"
Relata: "Así traté de evaluar, palabras más o menos, aquella comparecencia del fiscal especial de la PGR, frente al periodista Mike O’Connor del Comité de Protección a Periodistas de Nueva York. El balance era negativo, otra vez".
Consideró Rogelio Hernández que ése es el mismo ánimo colectivo que privó entre organismos civiles defensores de periodistas después de la comparecencia el 9 de agosto de 2011, "ánimo que se confirmó, por si hiciera falta, en las semanas siguientes cuando esperamos infructuosamente a que el fiscal cumpliera su promesa de conseguir el apoyo de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación para enviar una misión disuasiva a Veracruz que atajara el ambiente hostil contra periodistas y medios; o a Quintana Roo donde le probamos que el acosador es el gobierno estatal; o a Chiapas, donde se reinició la presión y censura oficial contra periodistas incómodos, lo que eleva su vulnerabilidad ante agresores agazapados. Nada ocurrió".
Fuente: Forum en línea
https://www.alainet.org/de/node/152737?language=en
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