Con la actual crisis política por la que pasa el departamento la declaratoria de emergencia es lo más ajustado a la realidad. Córdoba ha quedado con uno de seis senadores que tenía en el Congreso. Esto complementado con el ya viejo y conocido conflicto armado; el número de muertos que crece todos los días; la pobreza que arroja a niños y adultos a la desnutrición y la miseria; el riesgo social en que se hallan los niños, adolescentes y jóvenes; el deterioro ambiental progresivo, ahora con una minería ilegal en la explotación del oro que está causando estragos en el alto San Jorge; un modelo de desarrollo basado en la ganadería extensiva y los monocultivos en auge (forestales, agroindustriales, transgénicos y agrocombustibles) que concentra tierra, deseca humedales, destruye bosques, reduce producción campesina y causa desplazamiento. Estas manifestaciones ya son permanentes y no vislumbramos solución a corto ni mediano plazo. En medio de todos estos factores el conflicto no cesa, causándonos daños y pérdidas irreparables. Por esta razón no hay que perderlo de vista y tratar de analizarlo en cada fase de su proceso.

Características de la actual fase del conflicto

La actual fase del conflicto en el departamento de Córdoba tiene las siguientes características:

1. La formación y crecimiento rápido que han tenido los grupos ilegales de la posdesmovilización. La Policía y las poblaciones hablan de Los Paisas, don Mario y los que sucedieron a don Mario una vez fue capturado, Águilas Negras y Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Parece ser que éstos dos últimos estaban bajo las órdenes de don Mario. Estos grupos fueron conformados con miembros de las AUC no desmovilizados, desmovilizados reincidentes, grupos narcotraficantes y delincuenciales y reclutados. El incremento se explica por contar con combatientes experimentados, logística, recursos y contactos; áreas, comunidades y economías ilegales controladas y abundante mano de obra disponible.

2. Involucramiento de nuevos municipios en el conflicto o presencia más activa en ellos. En especial Lorica que registra 18 muertos en los primeros cinco meses del presente año, San Pelayo 17, San Antero 13 y Puerto Escondido 5, pertenecientes a las zonas del bajo Sinú y costanera. Al parecer están abriendo nuevas rutas y disputando otras.

3. Empleo de granadas de mano en los atentados. Era un artefacto explosivo poco usado en el departamento, ahora las lanzan con alguna frecuencia en Lorica, San Antero, Puerto Libertador y Tierralta.

4. Aumento de homicidios. El año pasado hubo 512 homicidios, la más alta cifra registrada en Córdoba en toda su historia. En los primeros cinco meses del presente año la cifra llegó a 280 homicidios según el Observatorio del Delito de la Gobernación de Córdoba, más alto que los del período anterior. Para destacar: Montería con 53, Montelíbano con 32, Planeta Rica con 20, Tierralta con 19, Puerto Libertador con 13 y Sahagún y Cereté con 9 cada uno.

5. Aumento de la inseguridad en áreas urbanas. Ha crecido el número de muertes en las cabeceras municipales, incluyendo a Montería, la capital. La mayoría de los asesinatos sucede en las casas, estaderos y vía pública.

6. Reaparición de casos de desplazamientos, secuestros y reclutamientos. Tierralta, Montelíbano, Puerto Libertador, Montería, San Pelayo y Lorica son los lugares de más ocurrencia.

7. Manejo del conflicto por parte de actores externos al departamento. Los principales actores provienen de Medellín (Oficina de Envigado), Urabá antioqueño (reductos de Fredy Rendón o El Alemán) y Valle del Cauca, éste último a través de Los Rastrojos que al parecer obtuvo la franquicia de Los Paisas según la Policía. El mismo Comandante aseguró que esta organización cuenta con 150 sicarios o gatilleros en el departamento. Está por esclarecerse quienes son los socios, testaferros, colaboradores y miembros que tienen en Córdoba. Cuando Mancuso, don Berna y El Alemán, anteriores comandantes de las AUC que manejaban el departamento, no se logró conocer con exactitud quienes los acompañaron en sus planes y acciones.

8. Crisis política sin precedente. De seis senadores que tenía el departamento tres fueron condenados y encarcelados, uno de ellos ya está libre; uno renunció para atender mejor su defensa ante las autoridades y el otro, una mujer, renunció  y está detenida, a la espera de fallo. Quedó uno y está cuestionado. Todos por sus vínculos con los paramilitares.

9. Reacomodamiento político sin perspectivas. Parece ser que dirigentes de todos los grupos políticos que funcionan en el departamento con representación en el Senado estuvieron vinculados con el paramilitarismo de una u otra manera: el Partido Liberal con Juan Manuel López, el Conservador con Julio Manzur, Colombia Democrática con Miguel de la Espriella, Cambio Radical con Reginaldo Montes y Unidad Nacional o de la U con Zulema Jattin. Los posibles sucesores de estos ex senadores, la mayoría familiares cercanos, no presagian ser los voceros que Córdoba necesita en esta situación de crisis, como tampoco lo fueron los que hoy están por fuera o cuestionados.

Respuestas a esta situación

Ante los temas señalados al principio de este material, sin duda una parte de la problemática del departamento, los ciudadanos esperamos respuestas de las instituciones, gremios, organizaciones y asociaciones que tienen que ver con la solución. Un breve vistazo a lo que hacen algunas de ellas y nos arroja el siguiente resultado: la Gobernación y las Alcaldías no los consideran prioritarios y la prueba está en que no cuentan con recursos y funcionarios que los atiendan ni programas de impacto que de verdad ejecuten; los Concejos, Asamblea departamental y Personerías parecen no existir, su silencio es lamentable; los grupos políticos es posible que superen la ausencia de sus dirigentes pero no tienen propuestas; los gremios poco opinan al respecto, prefieren guardar silencio porque algunos de ellos tuvieron relaciones con los grupos armados ilegales; las iglesias (católicas y evangélicas), las organizaciones no gubernamentales y las asociaciones comunitarias tratan de disminuir en algo los efectos del conflicto con pequeños y limitados programas humanitarios; pocas universidades adelantan estudios sobre estos temas o llevan a cabo alguna intervención en comunidades afectadas; los organismos de cooperación internacional poco a poco se retiran del departamento porque consideran que ya no se producen los grandes y constantes desplazamientos por violencia de años anteriores ni las inundaciones de los ríos con su alto número de damnificados. En resumen: hace tiempo estamos en emergencia por el conflicto armado y la situación económica, social, política y ambiental. En esta fase la emergencia se amplía con la ausencia de voceros en el Congreso y el Gobierno Nacional. Hace mucho tiempo no contamos con liderazgo democrático, preparado intelectual y éticamente comprometido de lleno con la suerte de la mayoría de la población, reconocido por su honestidad y transparencia. Sin embargo, hay personas capaces y honradas en las comunidades que no encuentran como materializar su deseo e interés por mejorar las condiciones de vida de sus familias y vecinos.

Las propuestas

Personas de distintas profesiones y oficios, dispuestos a trabajar por el bien del departamento hemos acordado presentar a consideración de la ciudadanía  las siguientes propuestas:

1. Impulsar la creación de la organización Corporación Desarrollo y Paz de Córdoba con el fin de gestionar apoyos diversos ante organismos nacionales e internacionales y de esta manera contribuir a mejorar las condiciones de vida de gran parte de los cordobeses.

2. Motivar la creación del Movimiento ciudadano Otro Córdoba es posible como alternativa amplia y democrática que recoja  los conocimientos, aspiraciones y propuestas  que ayuden a mejorar la actual situación del departamento.

3. Divulgar de manera permanente la situación del departamento en todo el país y los organismos internacionales.

4. Solicitar el regreso y permanencia  de los organismos de cooperación internacional que salieron del departamento o están próximos a hacerlo.

5. Conocer más a fondo la realidad de las zonas de conflicto y presentar propuestas para su atención. Actualmente son las siguientes, cada una con sus antecedentes y particularidades: alto Sinú, alto San Jorge, bajo Sinú, medio San Jorge y costanera.

6. Promover reuniones entre la fuerza pública, organizaciones sociales, gremios económicos, líderes comunitarios y administraciones gubernamentales de lugares de conflicto con el fin de buscar solución a los problemas locales.

Montería, junio de 2009

- Víctor Negrete Barrera, Centro de Estudios Sociales y Políticos Universidad del Sinú

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 163, Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org