Colombia

Buen viento y buena mar a la Región Caribe

Víctor Negrete Barrera

29/08/2010

Opinión

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Entusiasmados por la promulgación de la Constitución Política de Colombia en 1991 por la Asamblea Constituyente, un grupo de congresistas presentó el proyecto 178 de 1992 de ley orgánica de ordenamiento territorial que terminó archivado por vencimiento de términos. Al año siguiente, con más ánimo todavía, radicaron en el Senado el proyecto 089 de 1993. En la ponencia para primer debate hablaron de dar “inicio al “foro” nacional sobre el nuevo modelo territorial colombiano; el desarrollo de los principios del ordenamiento territorial; la regulación de la autonomía, la descentralización integral y la regionalización; el repartimiento de las competencias, funciones y recursos así como las reglas de creación, supresión y función de las entidades territoriales y administrativas”. Desafortunadamente esta iniciativa tampoco prosperó.

La Comisión de Ordenamiento Territorial creada por el gobierno (1992-1995), debió observar cierto desgano en el gobierno y el congreso y decidió recoger en una publicación al final de su mandato, a manera de guía y testamento, diez recomendaciones “como elementos de juicio y reflexión” que habían producido durante el período comprendido entre febrero de 1992 y mayo de 1994. En estas recomendaciones están consignadas las bases del ordenamiento territorial que presentaban para la época, la gestión directa para impulsar procesos de paz y de participación ciudadana, la inconveniencia de crear nuevos distritos, los alcances y materias de la ley orgánica de ordenamiento territorial, algunas disposiciones del proyecto de Ley del Ministerio del Medio Ambiente, la inconveniencia de convertir capitales departamentales en distritos, los recursos, municipalización y territorios indígenas, la necesidad de ajustar las Corporaciones Autónomas Regionales a la Constitución, las regiones administrativas y de planificación y materias de la legislación orgánica territorial. Hasta este momento el ordenamiento territorial seguía en el limbo.

Seis años después, en el mes de julio del 2001 los gobernadores de los departamentos de Caquetá, Cauca, Huila, Nariño, Putumayo y Tolima, cansados de tanta espera, dieron a conocer una declaración donde expresan, entre otras cosas, que la concepción centralista de la economía y del Estado derivó en el desarrollo desigual de las regiones y en el atraso y la pobreza en que permanecen la mayor parte de los departamentos. Que a pesar del mandato de descentralización y autonomía que para las regiones consagró la Constitución de 1991, la voluntad política del Estado debilita la capacidad fiscal de los entes territoriales. Que han pasado 10 años sin que el Congreso de la República haya cumplido el mandato constitucional de expedir la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial que le de existencia jurídica a la región como ente territorial.

Ante esta situación decidieron ratificar la voluntad de constituir, con el apoyo de las comunidades y sus organizaciones y con el cumplimiento de las formalidades requeridas, la Región Administrativa y de Planificación del Surcolombiano. Solicitar que la aprobación de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial sea antecedida de un amplio debate nacional que permita recoger y plasmar en su texto la voluntad de los habitantes y autoridades de todas las regiones acerca de los contenidos de descentralización, autonomía, democracia, participación, pluralismo, respeto a la dignidad humana, solidaridad y prevalencia del interés general consagrados en la Constitución.

La participación de la Costa Caribe

Por los lados de la Costa Caribe, desde la Asamblea Constituyente de 1991 algunos costeños vienen empeñados, de manera obstinada, en convertir la Costa en región administrativa y de planificación RAP en una primera etapa para pasar después a región como entidad territorial RET. Gracias a este interés de constituyentes de varias partes del país tomaron cuerpo los artículos 306, 307 y en concordancia con ellos los números 1, 286 y 287 de la Constitución Política del mismo año, reconociendo esta legítima aspiración.

Recuerdo que alentados por este logro los funcionarios del Consejo Regional de Planificación de la Costa Atlántica CORPES (1986-2000) con algunos congresistas y académicos siguieron organizando los Foros del Caribe, que venían desde antes, con lemas categóricos como Región, ¡siempre!. Región legal, ¡ahora! o Autonomía, Competitividad y Sostenibilidad, propósitos sanos y plausibles que, como muchos otros, quedaron en el papel y la RAP siguió como una ilusión más. El punto culminante, cuando el sueño pareció que se cumpliría, sucedió en 1993 con César Gaviria (1990-1994), el mandatario de entonces. No sólo firmó el acta de intención sino que manifestó estar de acuerdo con la región como entidad territorial y el federalismo como su máxima expresión. A su lado estaban Francisco Jattin y Jorge Elías Náder, dos congresistas costeños, ambos del departamento de Córdoba, como presidentes de la Cámara y el Senado de la república respectivamente, un suceso excepcional, quienes se comprometieron de lleno a sacarla adelante. Al final quedó apenas el compromiso de dar vida institucional a las RAP en tiempo prudente, promesa que no cumplió. Desesperanzado, Eduardo Verano de la Rosa, promotor del voto Caribe, en uno de los últimos encuentros de esta etapa propuso la creación de un Movimiento Caribe con el propósito de adquirir instrumentos de poder que permitieran mejorar las condiciones de vida de las familias costeñas. No fue posible. Muchos entendieron entonces que la regionalización es un proceso integral complejo y prolongado que demandará esfuerzos, creatividad, negociaciones, participación consciente y decidida de la sociedad civil costeña.

Algunos pensaban que tantos impedimentos se debía a que el país todavía no estaba preparado para avanzar en un proceso de ordenamiento territorial de esta clase; los otros Corpes activos que operaban no marchaban al mismo ritmo ni coordinaban sus acciones y la ley sobre ordenamiento territorial estaba en hibernación. En la Costa, el proceso quedó en manos de pequeños grupos de parlamentarios, académicos y funcionarios, lo que explica el desconocimiento de la mayoría de los costeños medianamente informados; el Corpes no montó un programa permanente de información y capacitación a las comunidades y organizaciones sobre el particular, en cambio dedicó mucho tiempo a interesar a las cúpulas del ejecutivo y el congreso sin resultados importantes; los foros terminaron convirtiéndose en exposiciones interminables de necesidades y aspiraciones; los logros conseguidos, representados en recursos y obras, por el Corpes y el Sistema de Planeación Urbano Regional SIPUR (1970-1983) fueron mínimos; los promotores del proceso y los mandatarios seccionales (alcaldes y gobernadores) impulsadores de la regionalización en ningún momento creyeron necesario adelantar proyectos pilotos en áreas contiguas de dos o más departamentos que convencieran y familiarizaran con los principios y objetivos de la RAP en aspectos viables.

Después de la desaparición del Corpes, la regionalización entró en letargo. Solo interrumpido por la Red de mujeres del Caribe, empeñada en promover y orientar el proceso desde el 2006. A este esfuerzo se le suma el Compromiso Caribe con su propuesta del Fondo de Compensación y la declaración de los gobernadores en San Andrés Islas en el 2008, como manifestación de protesta por la pobreza y el centralismo y un llamado al despertar del pueblo costeño. Aprovechando las elecciones para Congreso el día 14 de marzo pasado, a grupos de entusiastas simpatizantes de la regionalización se les ocurrió la idea de presentar el voto Caribe como manifestación de apoyo a la propuesta de regionalizar el país.

¿Después de la consulta, qué?

La consulta del 14 de marzo por la región Caribe fue de verdad un hecho importante, llamativo y alegre. Un poco más de dos millones y medio de habitantes respondieron si a la propuesta. El efecto inicial causado por la campaña, a pesar de la premura, incredulidad y suspicacia que despertó en algunos o muchos, cumplió su papel: llamar la atención, otra vez, sobre la importancia de constituirnos en región.

Pasada la consulta debió venir un proceso organizado que nos permitiera, primero que todo, sacar lecciones de nuestras experiencias. Por ejemplo: alguien que nos explique los aciertos y errores del Sistema Integrado de Planificación SIPUR durante su existencia (1970 – 1983); las enseñanzas que dejaron los siete foros regionales celebrados en las capitales durante los años ochenta y noventa; las experiencias del Consejo Regional de Planificación CORPES, 1986 – 2000, durante sus 14 años de funcionamiento; los aportes del Primer Plan de Desarrollo Regional que elaboraron algunos políticos y académicos en 1984; lo significativo del Plan de Desarrollo Regional que hicieron los técnicos del Corpes en 1990. A esto debemos agregarle la multitud de eventos organizados, el elevado número de profesionales capacitados y obras publicadas. En fin, son muchos los conocimientos y experiencias que tenemos como región y ahora necesitamos con urgencia que nos aclaren el camino para no seguir repitiendo errores.

Lo que sigue de aquí para adelante debe descentralizarse en todos los ocho departamentos, adoptar un plan de trabajo serio y responsable, someter a análisis todo estudio que se haga y toda propuesta que se formule, estimular la participación ciudadana, gremial y académica con pleno derecho a plantear toda iniciativa que crea conveniente.

Creemos que el proceso no será tan fácil y lineal. Los pasos previstos son los siguientes: trámite y aprobación del proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial por parte del Congreso, formalización de la RAP, constitución de la Costa como Entidad Territorial y elaboración de los Planes Regionales de Desarrollo y Competitividad.

Algunas opiniones

Conocida y promovida la consulta empezaron a escucharse opiniones que enriquecen el debate. Jaime Castro por ejemplo, nos pide que nos decidamos: si queremos “entidades supradepartamentales que no reemplacen a los departamentos o regiones que surjan de la fusión de dos o más departamentos que desaparecerían”. (El Tiempo, 27-2-10, pág.1-25)

Socorro Ramírez se hace vocera de los “distintos sectores a quienes les preocupa que intereses políticos y económicos de élites clientelistas, corruptas, mafiosas o paramilitares traten de aprovechar el proceso para acumular más poder y liberarse de todo control. Además se preguntan cómo garantizar que un mayor aporte del presupuesto nacional beneficie a los sectores marginales y no a quienes siempre lo acaparan”. Reconoce que “un proyecto de ley de ordenamiento territorial implica grandes negociaciones. Las élites políticas centrales tienden a bloquearlo. Las locales no parecen dispuestas a ser desplazadas por las regiones y estas no pueden reducirse a una agrupación de departamentos empeñados solo en obtener mayor tajada del presupuesto nacional”. (El Tiempo, 6-3-10, pág. 1-27).

Amilkar Acosta menciona los distintos pretextos y subterfugios que ha utilizado el centralismo para no reconocer la autonomía de las regiones consagrada en la Constitución Política de 1991. Menciona las Áreas de Desarrollo Territorial como “personas jurídicas de derecho público que expresan alternativas flexibles de organización territorial para la promoción del desarrollo a partir de lo local”; la “asociatividad” como mecanismo de gestión y articulación de lo local con lo nacional; la supresión de los Corpes, la abolición de los fondos de cofinanciación y los recursos del Fondo Nacional de Regalías y otros recortes que van en desmedro de la autonomía de las entidades territoriales. (Caja de herramientas, febrero 2010, pág. 20-21).

Personas de distintos sectores manifiestan que el mejoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de la población de la Costa es factible de alcanzar fortaleciendo los departamentos, escogiendo buenos congresistas y mandatarios locales y nacionales y llamando a las organizaciones a participar en las decisiones y controlar el gasto público. Están convencidos que este medio es menos dificultoso que el viacrucis de la regionalización. Aseguran que en la actual campaña existen intereses políticos de por medio y no ocultan su preocupación por la generación del centralismo barranquillero en reemplazo del “cachaco”.

Los sures y otros problemas territoriales

No sé si por fatalidad o infortunio el sur de algunos departamentos y ciudades es el territorio ocupado por comunidades pobres, con servicios deficientes, presencia de actores armados ilegales y precarias condiciones de vida. En nuestra región tenemos varios sures: los que corresponden a los departamentos de Cesar, Magdalena, Bolívar y Córdoba. Ellos, conscientes de sus desdichas, han reclamado y protestado. El momento más importante lo vivieron cuando hablaron de ordenamiento territorial en la Constituyente. Entonces levantaron la voz a los gobiernos y autoridades locales y con gritos les dijeron que estaban dispuestos a segregarse y hacer parte de otras regiones sino los atendían, que los departamentos aledaños del interior los tratarían mejor. Hubo revuelo, como suele suceder, los llamaron con zalamería a la unidad costeña, les ofrecieron promesas y algunas obras que no lograron cambiarles su vergonzosa situación.

La experiencia con el grande y viejo departamento de Bolívar es que los pueblos del sur solo pueden progresar un poco si crean nuevos departamentos. En 1952, los pueblos que entonces fueron el primer sur de su territorio crearon el departamento de Córdoba y en 1966, los pueblos que quedaron formando el segundo sur también se separaron y crearon el departamento de Sucre. En la actualidad el sur de Bolívar, el tercero, reúne todas las condiciones que caracterizan a los sures costeños.

Lo llamativo de esto es que no solo los departamentos nombrados tienen sus sures, la región Caribe como tal también tiene el suyo, conformado por los departamentos de Córdoba, Sucre y el sur de Bolívar. Este territorio cubre cerca de 48.000 kilómetros cuadrados y alberga casi dos millones y medio de habitantes. Su economía está basada especialmente en actividades agropecuarias y minería. La mayoría de la población es mestiza, mulata, negra e indígena. Hacen presencia la guerrilla, los diferentes grupos de la posdesmovilización y el narcotráfico. Los indicadores sociales por debajo del promedio nacional son la educación, salud, nutrición, hábitat, empleo y saneamiento básico.

Eduardo Verano, gobernador del Atlántico, comparó con el cuerpo humano la dramática desigualdad regional: “Barranquilla, Cartagena y Santa Marta representan una gran cabeza mientras el resto es raquítico y debilucho”, entre estos los sures departamentales y el regional.

No solo a los sures hay que atender. Ahí están presentes, reclamando solución, los casos de la Sierra Nevada, la Mojana, el Magdalena medio, el Gran Urabá, el bajo Cauca y el San Jorge, donde confluyen intereses de varios departamentos, los Parques nacionales naturales, los límites interdepartamentales, las fuentes de agua, la minería, los cultivos de uso ilícito, entre otros aspectos de envergadura.

¿Terminará el viacrucis?

Después de 19 proyectos fallidos, dicen los entendidos, el día 24 de agosto pasado el gobierno radicó un nuevo proyecto de ley de ordenamiento territorial. Era de esperar porque todos los candidatos presidenciales se comprometieron con hacerlo, incluido el ganador, el hoy presidente Juan Manuel Santos.

Llama la atención que el proyecto no es de público conocimiento. Nadie da razón de él. Es más, la prensa local, asegura que hay “un proyecto consensuado por la dirigencia costeña”. ¿Cuál dirigencia costeña?, ¿cuál proyecto consensuado? El descontento, según la prensa, empieza a aflorar precisamente en la mayoría de los gobernadores de la Costa quienes expresan que el proyecto del gobierno va en contravía de los principios constitucionales de autonomía y descentralización, mientras la minoría pide calma y ecuanimidad. Comienzan las dudas y las inquietudes a hacer sus efectos en la buena fe de las personas que apoyan la regionalización. No digamos nada más. Esperemos a ver qué sucede y en el fondo de cada uno deseemos buen viento y buena mar a nuestro futuro como región.

Montería, Agosto de 2010

- Víctor Negrete Barrera, Centro de Estudios Sociales y Políticos, Universidad del Sinú

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 221, Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org

https://www.alainet.org/de/node/143723