Guatemala es parte de las Naciones Unidas y como tal adquiere compromisos de diversa índole. En el ámbito social está comprometida a presentar cada 5 años un informe sobre las medidas adoptadas en el país con relación al cumplimiento del Convención sobre los Derechos del niño. Los informes son recibidos por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, organismo que da seguimiento y monitorea la aplicación de la Convención en los países que la han ratificado. El Estado guatemalteco firmó la Convención el 26 de enero de 1990 y la ratificó el 6 de junio del mismo año. Desde esa fecha debió presentar tres informes. Sin embargo fue en marzo del 2000 que presentó el segundo informe, que debió presentar en 1997, correspondiente al período 1993-1997. Por este informe, en febrero de 2001, el Comité de los Derechos del Niño solicitó al Estado guatemalteco información adicional y actualizada como: datos estadísticos desglosados por sexo, edad, grupos indígenas y minoritarios, y zona urbanas y rurales; la facilitación de copias del texto de la Convención sobre los Derechos del Niño en todos los idiomas oficiales; entre otra información. La respuesta del Estado a estos cuestionamientos fue presentada en abril del 2001. Las observaciones finales del Comité siguen siendo de preocupación porque aún en Guatemala no se garantiza la protección integral de la niñez, especialmente nueve puntos: a) medidas generales de aplicación, como la legislación, la coordinación entre organismos del Estado, la asignación de recursos presupuestarios, la difusión y capacitación, especialmente en las zonas rurales y entre niños indígenas; b) la definición del niño en relación al matrimonio y el empleo; c) los principios generales, tales como la no discriminación, el interés superior del niño y el respeto de la opinión del niño; d) los Derechos y libertades civiles, entre ellos la inscripción de nacimiento, las torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes; e) sobre el entorno familiar y otro tipo de tutela, la responsabilidad de los padres, la adopción, la salud de los adolescentes; f) en lo concerniente a educación, esparcimiento y actividades culturales, entre ellas la situación de la repitencia escolar y la deserción; g) en las medidas especiales de protección están los casos de niños afectados por el conflicto armado, la explotación económica, la explotación sexual, los niños que viven en la calle, la justicia de menores, a lo que el Comité alienta a que el Estado ratifique y aplique los Protocolos Facultativos de la Convención, relativos a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, y la participación de niños en los conflictos armados; y h) la difusión de la documentación específicamente en la divulgación de éste segundo informe periódico. El Estado guatemalteco tiene pendiente la presentación del tercer informe con los avances a estos nueve puntos, pero aún no lo ha presentado. Es un informe que sólo contiene un máximo de 35 páginas y es el resultado del análisis de aspectos legislativos, administrativos, de políticas, de instancias de coordinación, de planes de acción, recursos presupuestarios, etc. Todo lo que permita evaluar cómo se lleva el proceso de aplicación de la Convención de los Derechos del Niño en Guatemala. Los avances llegan a ser significativos, pero también se vuelven trascendentales los retrocesos. En el caso del Código de la niñez y la juventud o la Ley de adopciones y la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, en determinado momento éstas se han constituido en temas de discusión y se podría decir que son parte de una visión que protege a futuras generaciones guatemaltecas. Lo lamentable de estos casos es que, como ya casi es costumbre, son utilizados para hacer propaganda y se llegan a politizar tanto que vulneran, aún más, la situación de la niñez y adolescencia, es un ejemplo. Aunque el Estado es el obligado a cumplir con las convenciones internacionales por ser el signatario principal de las mismas, el papel de la sociedad civil es muy importante para que éste adopte las medidas necesarias en su cumplimiento. Es por ello que existe la posibilidad de brindar un informe alternativo o independiente sobre el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño en Guatemala. Pero estos informes sufren de una dolencia, no pueden ser presentados si el Estado no presenta el que le corresponde. Actualmente existe, de parte de la sociedad civil a través de la Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez, un informe que está prácticamente detenido. Al respecto, hace unos días estuvo en Guatemala la Doctora Rosa María Ortiz, integrante del Comité de Derechos Humanos del niño de Naciones Unidas, que brindó una importante charla acerca de la importancia de la elaboración de estos informes, la necesidad de implementar acciones para dar cumplimiento a las recomendaciones del Comité y al papel de las organizaciones de la sociedad civil. En ella destacó, entre otros aspectos, la falta de coercitividad de los Estados, por la tardanza en la presentación de los informes, aunque hasta cierto punto puede llegar a poner límites a los Estados para la presentación de los mismos. Además, mencionó que no es posible discutir únicamente el informe de la sociedad civil, porque esto no permite que los Estados se sientan obligados a cumplir con las recomendaciones. Del mismo modo, mencionó que ningún organismo internacional puede hacer lo que a las organizaciones sociales locales les corresponde realizar, exigir y obligar al Estado a que cumpla con las recomendaciones. Pero nuevamente resalta la debilidad del movimiento social, a nivel general, así como la dispersión de la lucha social. Hay un alto nivel de conciencia en muchos guatemaltecos sobre la necesidad de poner atención a la situación que atraviesan los niños y adolescentes, pero aún no hay conciencia que un movimiento social de lucha nacional no se logra si no se aglutina a todos los sectores. - La autora es analista de Incidencia Democrática. Fuente: Boletín Noticias y Análisis de Tendencias Nº 1005 Incidencia Democrática http://www.i-dem.org Guatemala, 11 de julio de 2006