La reciente euforia que se despertó en sectores de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional respecto a la celebración de un Acuerdo Humanitario entre el Gobierno del presidente Uribe y las FARC ha empezado a desvanecerse. La tozudez de los hechos ha puesto de presente los inmensos obstáculos por sortear e impone una expectativa bastante moderada sobre el asunto. El primerísimo y principal tiene que ver con la lógica que anima el intercambio de mensajes que sobre el tema han tenido el Gobierno y las FARC. Es evidente que el pulso militar que se desarrolla en el campo de batalla también está presente en la discusión sobre los términos del eventual Acuerdo. La discusión sobre el despeje de los municipios de Florida y Pradera es solo uno de los aspectos que revelan la militarización de la agenda humanitaria. Mientras para el Gobierno la denominada “Zona de Encuentro”, no debe ofrecer el espectáculo de contingentes armados y más bien tiene que ser útil para la entrega de los secuestrados en poder de la guerrilla; para las FARC la zona despejada debe permitir condiciones de seguridad para sus negociadores, esto es, presencia de columnas guerrilleras custodiándolos, mientras exigen un plazo de 45 días para “discutir los términos del intercambio”. Mientras el Gobierno se sigue negando a ceder la soberanía del territorio a la guerrilla; las FARC persiguen un “caguancito” aprovechando la bandera del Acuerdo Humanitario. La segunda piedra en el camino viene por cuenta de Estados Unidos. En efecto, para las FARC parece innegociable la libertad de Simón Trinidad y “la comandante Sonia” quienes se encuentran a disposición de los tribunales internacionales, tanto así, que encabezan su lista de “canjeables”. No parece posible que el Gobierno norteamericano acepte tal solicitud a cambio de la liberación de los tres ciudadanos americanos secuestrados por las FARC. Y parece menos probable que el Gobierno Colombiano celebre un Acuerdo Humanitario con las FARC que no incluya la libertad de los americanos. Todo indica que Uribe forzaría un acuerdo que libere a todos los secuestrados y retenidos sin vulnerar los tratados de extradición; mientras que las FARC buscan un escenario de presencia política simultaneo al juicio contra “Simón Trinidad” El tercer escollo sigue siendo la suerte de los guerrilleros que obtendrían su libertad como producto de un Acuerdo Humanitario. Y en ello el presidente Uribe sigue insistiendo en que debe haber un compromiso de “no volver a delinquir” por parte de los miembros de las FARC que resulten beneficiarios del intercambio; mientras que para la guerrilla la libertad de su gente es un asunto de honor militar y una oportunidad para enviar un mensaje de lealtad hacia sus tropas. Para Uribe el intercambio debe ser un pequeño pero significativo gesto de desmovilización de los presos de las FARC, mientras que para estas se trata de un acuerdo en el marco de la continuidad de la confrontación militar. Sorprende sin embargo que el presidente Uribe, consciente del tamaño de los obstáculos para un Acuerdo Humanitario puntual con las FARC, haya salido a proponer una negociación de paz que culmine con una Asamblea Constituyente. Pero si el Acuerdo Humanitario es un campo minado, el pronunciamiento de las FARC respecto a unas eventuales negociaciones de paz fue una verdadera carga de profundidad. En su carta a los poderes públicos, las FARC, piden nada más y nada menos que el despeje de dos departamentos y una larga agenda que tiene entre sus primeros puntos los doce puntos acordados con el gobierno Pastrana. ¿Es una “fuga hacia delante” de Uribe para sortear la crisis del proceso con las AUC, la lentitud del proceso con el ELN o los escándalos de los “positivos” que comprometen a miembros de las fuerzas armadas y los organismos de inteligencia ? A riesgo de aguar la fiesta, es un acto de responsabilidad con las victimas y sus familiares estar plenamente conciente de las dificultades y evitar que el sufrimiento de la gente no se instrumentalice a favor del pulso militar. - Antonio Sanguino Páez es presidente de la Corporación Nuevo Arco Iris. Analista Político. Fuente: Corporación Viva la Ciudadanía.
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