El proceso ocho mil puso al descubierto el poder corruptor de las mafias del narcotráfico, su capacidad de penetración en distintos ámbitos de la sociedad y lo más grave, la perversión del sistema político por la vía de la financiación ilegal de las campañas y de la actividad política.

Estaba claro que el poder de los capos y sus estructuras se derivaron de las inmensas fortunas amasadas con la producción y el tráfico de las drogas. La dimensión de esta acumulación ilegal de capital constituyó una variable explicativa de la estabilidad de nuestra economía; renglones como el de la construcción o economías regionales completas dependían de los mercados de la droga. En aquella ocasión, el entonces presidente Ernesto Samper, duramente cuestionado por la infiltración de dineros ilícitos en la campaña que lo llevó a la presidencia, planteó la necesidad de un “ajuste ético de la economía” que desterrara los capitales ilegales y restableciera las condiciones de productividad de nuestra economía.

Pero este ajuste ético fue un intento fallido. Peor aún, en la última década las mafias encontraron en la arena de la política un escenario propicio para proteger sus negocios, blindarse jurídicamente y encontrar nuevas fuentes de enriquecimiento. En sentido inverso, las cruzadas contrainsurgentes animadas por sectores empresariales, miembros de las fuerzas armadas y representantes de las élites políticas encontraron en las mafias el aliado que les garantizaría el sostenimiento de un verdadero ejército paramilitar. Esta mutación y matrimonio de políticos, empresarios, mafiosos y guerreros es lo que ahora conocemos con el nombre de la “parapolítica”.

Ello se ha puesto en evidencia a propósito del accidentado y polémico proceso de negociación entre el gobierno Uribe y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El famoso computador de “Jorge 40” incautado por la Fiscalía General al jefe paramilitar conocido como “Don Antonio” puso al descubierto la macabra cruzada política, mafiosa y contrainsurgente en solo una parte de la Costa Atlántica y obligó a la sala penal de la Corte Suprema de Justicia a iniciar investigaciones contra varios congresistas. Al mismo tiempo, las declaraciones de testigos claves revelaron la naturaleza paramilitar del sistema político en el departamento de Sucre. Previamente, el país se enteró de la penetración paramilitar en altas esferas del Estado como el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y la Fiscalía General en tiempos de Luís Camilo Osorio.

Las declaraciones prefabricadas del jefe paramilitar Salvatore Mancuso ante la Fiscalía General indican que el asunto es mucho más grave, no tanto por lo que ha dicho, que es muy poco, sino por lo que oculta. En todo caso su declaración indica el descomunal y sangriento poder de las estructuras paramilitares en sus regiones de control, el tipo de relaciones con agentes del Estado y actores políticos, el papel de estas estructuras en la lucha contrainsurgente y en la regulación de la criminalidad.

Pero lo más grave, sin duda, ha sido el famoso documento del “pacto de Santa Fe de Ralito” suscrito por la cúpula paramilitar e importantes representantes de la clase política de la Costa Atlántica. El propósito de “refundar la nación colombiana” que anima a los firmantes del documento de marras demuestra que el propósito político-militar de esta alianza ha sido la sustitución del pacto constituyente de 1991.

Declarar como enemigo y objetivo militar a la Constitución de 1991 significa ni más ni menos que blindar jurídicamente a los dueños de los inmensos capitales acumulados ilícitamente y garantizar el monopolio del poder político en manos de las tradicionales élites regionales y nacionales.

Por ello la “parapolítica” no es un evento pasajero, constituye más bien un rasgo esencial de nuestro régimen político, una estructura de relación entre partidos, políticos, instituciones públicas y ciudadanos. El poder paramilitar ha sustituido las fuentes democráticas del poder político y ha roto con el monopolio de las armas en manos del Estado. Cada revelación demuestra que ni la guerra contrainsurgente se dirigía desde los cuarteles, ni la lucha por el poder político se dirimía en las urnas.

Precisamente, esta crisis de la “parapolítica” constituye una singular oportunidad para una transformación democrática del régimen político que restituya la vitalidad de los partidos, equilibre la competencia política, desmilitarice la controversia pública, libere la voluntad ciudadana de los poderes ilegales, recupere la institucionalidad pública y desestime el uso de la violencia con fines políticos. Ello exige un pacto nacional para producir un ajuste ético estructural a la política en Colombia.

Este ajuste ético no debe, en ningún modo, convertirse en una cortina de humo que proteja a los responsables de esta crisis, ni en una fuga hacia adelante que evada la verdad de lo acontecido. Primero se requiere la plena actuación de la justicia, sobre cuyo veredicto construyamos un acuerdo de refundación de la política, condición necesaria para la reconciliación.

Antonio Sanguino
Analista político
Corporación Nuevo Arco Iris

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 46

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