El país recibió dos bombazos. El primero fue el jueves 19 de octubre en la Universidad Militar “Nueva Granada” que comparte sede con la Central de Inteligencia y la Escuela Militar de Guerra, de cuyos autores se han tejido diversas hipótesis. El segundo ocurrió el viernes 20: el incendiario discurso del presidente Álvaro Uribe Vélez.

Este segundo bombazo volvió añicos las ilusiones de quienes soñaban con un Uribe II. Los anuncios de un intercambio humanitario con las Farc y la promesa de una Constituyente como punto final de un acuerdo de paz quedaron regados como escombros de guerra, luego de la alocución presidencial. Volvimos a lo mismo del Uribe I: Seguridad democrática para enfrentar el conflicto, recursos para la estrategia militar y tono guerrero para enfrentar la violencia, solo que ahora fue más lejos, gobernar desde las guarniciones militares y rescate a sangre y fuego de los secuestrados en poder de la guerrilla.

Pero esta vehemencia del Presidente esconde el cambio significativo que acontece en el régimen político colombiano. Era evidente que la reelección presidencial inmediata modificó el principio de separación de poderes y los pesos y contrapesos que un sistema presidencialista como el nuestro requiere para garantizar la democracia. Muchos sectores de opinión estaban advertidos de la captura del Estado por parte de los paramilitares en importantes regiones del país en una suerte de sustitución autoritaria del Estado Social de Derecho. Pero lo que no sospechábamos eran los síntomas del colapso de porciones importantes del Estado Central. Y lo más grave, que ello ocurriera en el corazón institucional de la política de seguridad democrática: Las fuerzas armadas y los organismos de inteligencia.

En efecto, es noticia nacional que el Estado colapsó por acción de los paramilitares en extensas regiones del país. Que la institucionalidad pública ha sido capturada a sangre y fuego por estos grupos. Que los territorios y sus pobladores viven, a pesar de su desmovilización pomposa, bajo verdaderas dictaduras armadas ilegales. Que estos grupos siguen operando como eficaces reguladores de las estructuras criminales y delincuenciales. Que controlan el sistema político y las representaciones políticas y sociales.

Pero lo novedoso ahora es que estas prácticas mafiosas hayan penetrado los organismos del Estado Central. Los escándalos de la infiltración en el DAS y los montajes organizados por miembros del Ejército para colocar carros-bomba en Bogotá y cobrar “positivos” o recompensas, son síntomas de una ruptura de la institucionalidad pública al más alto nivel. Y el discurso presidencial esconde estas verdades apresurándose a culpar a las FARC del atentado.

Uribe con ello ha militarizado su agenda de gobierno. Ha cerrado las puertas de un intercambio humanitario con las FARC y ha desechado la idea de un proceso de paz con las guerrillas que culmine en una Constituyente. Ha puesto contra las cuerdas al proceso de diálogo con el ELN y ha cerrado los oídos para no escuchar las demandas de una rectificación de fondo al proceso con las AUC. Uribe se ha puesto del lado de un cambio perverso del régimen político colombiano.

- Antonio Sanguino es Presidente Corporación Nuevo Arco Iris.

Fuente: Corporación Viva la Ciudadanía.
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