La reinserción de los paramilitares desmovilizados se evidencia como una de las grandes debilidades o riesgos del proceso. Desde cuando se empezaron a observar los grupos de hombres y mujeres dispuestos en Frentes y Bloques, en traje de fatiga prestos a entregar sus armas con cara de ilusión o expectativa en la mirada dirigida al frente, la Organización de las Naciones Unidas en Colombia advirtió sobre los riesgos de un proceso carente de claridad respecto a las acciones necesarias para lograr la reincorporación a la sociedad civil, de quienes en aras de confrontar a la guerrilla se acostumbraron a vivir de la ilegalidad.

E incluso, al promediar el año anterior, fue el Alto Comisionado quien en un arrebato de realismo calificó la reinserción como “un monstruo de dos cabezas”. La Misión de la OEA alborotó los corrillos y las fuentes de opinión luego de aseverar que por lo menos 4.000 paramilitares habían decidido retornar a sus criminales andanzas armadas. Posteriormente, antes de que terminara el 2006 y uno a uno, los caracterizados comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC): Salvatore Mancuso, Jorge 40 y Ernesto Báez confirmaron la veracidad de las afirmaciones de los voceros de la OEA al predecir el surgimiento de nuevas o viejas generaciones de paramilitares a partir de las incongruencias o falencias del proceso alrededor de la reinserción. La desmovilización de los miembros de las Autodefensas Unidas no va a implicar la erradicación del paramilitarismo: fue su inquietante sentencia. Más pronto que tarde, la realidad se ha encargado de confirmar que podemos estar ad portas de tener que deshacer buena parte de los pasos ya andados.

Pablo Hernán Sierra García, alias “Alberto”, sorprendió a todos los que hace muy pocos días lo vieron por las cámaras de los noticieros de televisión, con las esposas o grilletes propios de los detenidos en la mano, al lado de dos vigilantes policías, vociferar fuertes consignas dirigidas a los micrófonos pregonando su estatus de paramilitar no desmovilizado mientras sobre el territorio colombiano existan los guerrilleros. Este comandante fue detenido y sindicado de ejercer como responsable del no desmovilizado Bloque Cacique Pipintá de las AUC, actuante en la zona cafetera y en la frontera limítrofe con Antioquia. El hombre sabe por qué dijo lo que dijo. La desmovilización del Bloque Cacique Pipintá, ligado al ex Bloque Central Bolívar, estuvo programada para comienzos del pasado año, pero se suspendió, intempestivamente, luego del pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la ley de Justicia y Paz. Nadie volvió a hablar del tema. Al parecer, el Bloque había decidido ingresar al territorio antioqueño con el propósito de poner en cintura a los miembros del desmovilizado Bloque suroeste de las AUC. Fue acusado del asesinato de varios desmovilizados y de diversas actividades delincuenciales en la zona sur de Antioquia. Sus acciones se confundieron con las acciones de la agrupación conocida como las Águilas Negras. Algunos, con razones, creen que se trataba de la misma organización.

El Pipintá y las Águilas Negras o doradas, o con cualquier otra denominación, constituyen un embrión ya muy desarrollado de un paramilitarismo reciclado para persistir en el control de las estructuras criminales lucradas desde el narcotráfico y la extorsión, disfrazado de la lucha contra la subversión e incluso contra cualquier asomo de la izquierda llamada democrática. A los nuevos jefes del paramilitarismo nacional hay que buscarlos entre los comandantes desmovilizados o no, nunca recluidos, y entre los veteranos mandos medios conocedores de los intríngulis de los lucrativos negocios ilegales, asumidos, hasta ayer, como peones; hoy dejaron de ser cola de león.

Durante la campaña electoral por la Presidencia de la República de 2006 se encargaron de inundar de amenazas los recintos de las universidades públicas y las oficinas de las ONG, mediante panfletos y correos electrónicos insultantes contra docentes, estudiantes y líderes sociales. Periodistas de Sincelejo y Sucre han recibido panfletos intimidadores, lo mismo que 51 sindicalistas del Atlántico, entre obreros y docentes. Su existencia se ha detectado en por lo menos cinco regiones del país: Norte de Santander, Santander, Cesar, Caquetá y Antioquia. Su contingente se calcula, para arrancar, en 1.500 hombres asignados a por lo menos 43 nuevos grupos, según lo reportan estudios de la unidad investigativa de Indepaz. Si superponemos los mapas con sus áreas de operación, encontraremos coincidencias con las que fueron atendidas por los frentes y bloques formalmente desmovilizados, y la coincidencia será mucho más impactante si recurrimos a considerar las zonas y regiones dedicadas a los cultivos ilícitos y al comercio de la coca.

Pero lo que podría llamarse como la nueva generación ‘paraca’, nace bajo el influjo de tres circunstancias que quiero destacar como determinantes para visualizar algún posible desenlace en un futuro ojalá cercano: 1º detrás del discurso de la lucha por contener a la guerrilla hay un evidente afán de lucro, alimentado por la economía ilegal del narcotráfico. Ello no le permitirá, a estas nuevas estructuras criminales, construir el indispensable apoyo social y político para su subsistencia o consolidación. 2º las bondades de la ley de Justicia y Paz, para los victimarios no dejará de ser un motivo de atracción para que nuevos comandantes enriquecidos, cansados o envalentonados, quieran renegociar una nueva fase de entrega. 3º el Estado y la sociedad no serán tan condescendientes como lo fueron antes. El presidente Álvaro Uribe Vélez dio la orden perentoria de perseguirlos; hay recompensas públicas vigentes ofrecidas por la delación de los jefes; las autoridades han capturado a comandantes y troperos en un muy buen numero –-en Antioquia la Policía ha encarcelado a 25 miembros— y, hasta una alcaldesa ya fue detenida en dos ocasiones, la del municipio de Algarrobo, Magdalena, por haber sido pillada mientras se reunía con integrantes reconocidos de las Águilas Negras.

Lo cierto es que lo dicho por algunos funcionarios nacionales, de alto nivel, en el sentido de que el paramilitarismo criminal ya era historia del pasado en esta tierra nuestra, resultó ser una pamplinada. La realidad se encargó de demostrarlo muy rápido, para desgracia de todos.


Jorge Mejía Martínez
Secretario de Gobierno de Antioquia

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 46

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