1. ¿Quiénes se oponen a una Asamblea Nacional Constituyente de plenos poderes?

Terror mortal. Eso es lo que sienten los beneficiarios y usufructuarios tramposos de las privatizaciones, esto es los aprovechadores y lucradores del manejo delincuencial del patrimonio social y nacional de la República del Ecuador transferido, a espaldas del país y sin el menor consentimiento de su único y auténtico dueño, el pueblo del Ecuador, a manos particulares, "constitucionalmente", con las reformas colusorias de la Asamblea Nacional de mayoría vendepatria de 1997-1998, en escandalosa asociación ilícita de ciertos partidos para perjudicar a una nación entera.

Los partidos políticos y los dirigentes que más porfiaron por la realización de la referida Asamblea Nacional 1997-1998, que aprobó las privatizaciones y el despojo del patrimonio fiscal de la nación, encabezados sobre todo por el Partido Social Cristiano y la Democracia Popular Unión Demócrata Cristiana, ahora se han puesto en cruz, desesperados y enardecidos, junto a organizaciones de conducta camuflada (que dicen estar de acuerdo "pero con condiciones"), para que no se lleve a efecto una nueva Asamblea Nacional Constituyente de plenos poderes, espantados de la posibilidad de la revocatoria del despojo y de la recuperación del pueblo de su riqueza sustraída.

Los dirigentes de los referidos partidos políticos oligárquicos y pronorteamericanos, y sus socios de los grupos financieros y de las multinacionales usufructuarias, saben que la Asamblea Nacional anterior sirvió para el despojo, atraco, saqueo, pillaje de la riqueza nacional, y viven frenéticos y asustados que una nueva Asamblea de plenos poderes, y convocada sin trampas restituya al pueblo su patrimonio social y nacional.

Esa es la mayor desesperación para oponerse a que el pueblo sea consultado y recupere su patrimonio víctima del latrocinio de estos auténticos piratas de tierra firme, saqueadores de corbata y farsantes seudocristianos. Por generaciones y ancestro saben que en el Ecuador es mucho más efectivo e inmensamente más rentable robar con normas jurídicas, utilizando el Registro Oficial, antes que recurrir a simples armas de fuego como hacen los hampones vulgares, que cuando menos tienen el mérito de poner en riesgo su desnutrido pellejo y que sólo roban puchuelas al lado de estos super hampones.

Para disimular sus afanes, y dar la apariencia que atienden el clamor popular, hasta podrían aceptar una Asamblea Nacional pero siempre que ésta sea esterilizada o desnaturalizada, o controlada por ellos mismo mediante algún acuerdo de trastienda, a los que tanto han acudido a lo largo de los avatares políticos del país.

La partidocracia vendepatria no mostraría inconvenientes si existe una "Asamblea" con limitaciones a su temática a tratar, sobre todo si existe el firme compromiso, concertado bajo la mesa, de no abordar la anulación del más grande atraco de toda la historia republicana como es la privatización del petróleo, minas, gas, agua potable, agua de riego, electricidad, telefonía, puertos, aeropuertos, carreteras, entre otros bienes, que han sido transferidos a manos particulares, para beneficio sobre todo de grandes multinacionales asociadas a la casta, rosca y trinca oligárquica, que saquea y depreda en forma impune a nuestra nación, desde hace siglos e incontables generaciones.

Si les garantizan de antemano que los partidos y asambleístas privatizadores y colonialistas ejercerán la mayoría en una nueva Asamblea Nacional, de temática limitada, y con el Tribunal Electoral en sus manos, apoyarían encantados esta propuesta en el propio Congreso Nacional. Esto lo pueden convenir, como es público y notorio, con ciertos funcionarios del poder ejecutivo.

La delincuencia de alto coturno puede aceptar casi todo, menos devolver la colosal riqueza nacional apropiada con el empuñe autorizado por la mayoría vendepatria de la Asamblea Nacional de 1997-1998. Es conocido que lagarto que come no vomita. Ninguno de los beneficiarios de las privatizaciones, que se engullen miles de millones de dólares cada año con el manejo particular y fraudulento del patrimonio social y nacional del Ecuador quieren ni oir de la posibilidad de una Asamblea Nacional de Plenos Poderes, con elección transparente, limpia y democrática, y un Tribunal Supremo Electoral independiente de su control total.

2. El mayor atraco de la vida republicana

¿Cuál es la razón mayor para la rabiosa y furibunda oposición a una Asamblea Nacional Constituyente de poderes plenos y auténtica participación democrática? Muy sencilla. En 1997 empezó una Asamblea Nacional impulsada por la mafia partidocrática privatizadora con el auspicio de los círculos financieros, ciertos medios de comunicación televisiva y escrita (propiedad de los anteriores), así como del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, para cambiar el texto constitucional aprobado masivamente por el pueblo ecuatoriano en las urnas el domingo 15 de enero de 1978, y, de este modo, a espaldas del país, a hurtadillas, viabilizar la transferencia a manos privadas (de las multinacionales, círculos financieros y algunos políticos vivísimos "nacionales") del petróleo, electricidad, telefonía, agua potable y de riego, puertos, aeropuertos, carreteras, minas, gas, y otros recursos, conforme lo determinaron los actuales Art. 247, inciso segundo y cuarto, y Art. 249, del texto constitucional reformado y hoy vigente.

En otras palabras, en 1997 armaron una Asamblea Nacional de mayoría artera y ratera, con la participación exclusiva de los partidos legales y ciertos medios de comunicación de propiedad de los más grandes banqueros del país (que promocionaron, como inversión propia, a sus políticos ahijados). Fue una Asamblea de mayoría despojadora y vendepatria (donde la ciudadanía fue excluida, porque la inmensa mayoría de ecuatorianos no milita en ningún partido), en circunstancias que los candidatos sólo podían ser aprobados por los dueños de los partidos mafiosos (reconocidos en el TSE), proceso en el que, además, se eliminó la representación de las minorías, con el objetivo esencial de consolidar una mayoría para robarle el patrimonio social y nacional al pueblo ecuatoriano, eliminando el entonces artículo 61 de la anterior normatividad constitucional que establecía que el petróleo, minas, gas, agua, electricidad, telecomunicaciones, y demás recursos anotados eran "propiedad exclusiva del Estado", conforme lo aprobó el pueblo en las urnas el domingo 15 de enero de 1978, en el primer paso que entonces se adoptó para dejar la dictadura militar de la época.

Recordemos lo que consagraba la Constitución Política de entonces (su Art. 61) como área de explotación reservada al Estado, "propiedad exclusiva del Estado", norma que fue eliminada del actual texto constitucional. Estos eran los bienes de "propiedad exclusiva del Estado":

"a) Los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo y todos los minerales y sustancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo;" (petróleo, minas, gas, que son no renovables, y que a la vez son productos del subsuelo, minerales y sustancias distintas a la del suelo.)

"b) Los servicios de agua potable, fuerza eléctrica y telecomunicaciones; y"

"c) Las empresas estratégicas definidas por la ley."

"El Estado ejerce sus actividades en las ramas empresariales o actividades económicas que, por su trascendencia y magnitud, pueden tener decisoria influencia económica o política y se haga necesario orientarlas hacia el interés social."

¿Cuáles eran y son estas ramas empresariales de decisoria influencia económica y política de interés social? ¡Las del petróleo, minas, gas, electricidad, telecomunicaciones y agua, cuando menos!

Después de estas reformas constitucionales de 1998, desaparecieron al Instituto Ecuatoriano de Electrificación, INECEL, en marzo de 1999, única empresa que construyó las centrales hidroeléctricas del país como Paute o Amaluza, Agoyán, Pisayambo, entre otras. Y ahora, alrededor del 40% de la energía eléctrica se compra a empresas privadas termoeléctricas (que consumen derivados de petróleo), que son las que más se oponen a la construcción de nuevas centrales hidroeléctricas!

¡Sólo con lo que le abonan a las empresas colombianas de electricidad en menos de tres años se podría haber construido la presa de Mazar, cuya capacidad de embalse es de 500 millones de metros cúbicos de agua, esto es más de cuatro veces los 120 millones de metros de cuando se inauguró la de Amaluza o Paute, la más grande del país, mucho antes que gran parte de su capacidad de almacenamiento se cubra con sedimentos!

Desde la desaparición del INECEL, entidad que debe ser reconstituida con sus mejores técnicos de manera urgente, las empresas privadas termoeléctricas, con dueños de enorme influencia política, han hecho lo que les ha venido en gana, al extremo que en el Ecuador el promedio de costo del kilovatio/ hora es de 10,36 centavos de dólar, en tanto en Miami es de 4,5 ctvs., en Madrid 5,2 ctvs., en Bolivia 4,1 ctvs., en Brasil 3,42 ctvs., en Venezuela 2,8 ctvs., en Argentina cuesta 2,17 ctvs. (Ver Vistazo, Nro. 865, del 4 de septiembre del 2003, págs. 20 y 21).

Después de esta "modernización" del Estado, tan ponderada por Durán Ballén, Dahík Garzozi, Febres Cordero, Nebot Saadi, Hurtado Larrea, Larreátegui Nardi, Jamil Mahauad, los hermanos Noboa Bejarano, entre otros, y las organizaciones políticas a las que pertenecen, posiblemente tenemos la electricidad más cara de todo el mundo. ¡Y ellos, que han sido gobierno y han manejado el Estado a su antojo, se quejan del Estado! ¡Lo primero que necesitamos hacer es desprivatizar el Estado!

Los "modernizadores" también desaparecieron al Instituto Ecuatoriano de Recursos Hídricos, el INERHI, primer paso para la privatización del agua. Vendieron Ecuatoriana de Aviación para que jamás la flota aérea de bandera nacional vuelva a volar. Transfirieron la fábrica nacional de fertilizantes, FERTISA, para que este negocio boyante lo manejen los agnados y cognados de los gobernantes que se autodenominan "cristianos"! ¡Los ejemplos podríamos darlos por decenas y sólo de las empresas más valiosas o importantes!

El artículo 61 de la Constitución aludido, protegía el patrimonio del pueblo en forma triple: 1. Como recursos no renovables; 2. Como productos del subsuelo; y 3. Como empresas y actividades de decisoria influencia económica y política. En texto constitucional vigente hasta el 10 de agosto de 1998, y que aseguraba la posesión para el pueblo de su patrimonio social y nacional, como "propiedad EXCLUSIVA del Estado". ¡Si la riqueza era propiedad EXCLUSIVA del Estado nadie podía apropiarse o adueñarse!

Pero ¿qué es tener "propiedad exclusiva"? ¡Es ser el único dueño de un bien patrimonial, sin compartirlo con nadie! Recordemos que si alguien dispone del 99 por ciento de la propiedad de una casa, no es su propietario exclusivo; porque para ser propietario exclusivo debe disponer del ciento por ciento o totalidad patrimonial de ese bien; ¡el que posea el restante 1% sería el condueño de ese bien!

¡Esto es lo que decía la Constitución política aprobada por el pueblo en las urnas! ¡En ningún caso por un puñado de asambleistas malandrines de la partidocracia cleptómana a espaldas del pueblo, víctima inerme de solapados delincuentes (despojadores de la riqueza del pueblo), y que encima colocaron un "candado jurídico" para disponer de más tiempo para el robo! ¡Todos ellos alabados como "patriotas" desinteresados, "sabios" del derecho, "juristas" singulares, "ciudadanos sacrificados", en ciertos medios de comunicación partícipes de las privatizaciones! ¡En vez de alabanzas merecerían la cárcel si no la infamaran con su presencia antipatriótica y antipopular!

¡Cuánta razón tenía el dirigente y patriota cubano Julio Antonio Mella, asesinado a los 27 años por la tiranía de Machado, cuando escribió que existía algo muchísimo peor y más triste que una mujer venda su cuerpo, y ello era "que un hombre venda su alma", lo que no supuso entonces era que en un país de nuestra América Latina los enemigos del pueblo comprarían almas por docenas!

Este texto constitucional que garantizaba el "patrimonio exclusivo del Estado", rigió desde el 10 de agosto de 1979 y hasta el 10 de agosto de 1998, texto inalterable que constó como artículo 61 de la Constitución al tiempo de ser eliminado. Antes de la Asamblea Vendepatria instalada en diciembre de 1997 y que laboró durante 1998, se hicieron cinco intentos de reforma en el Congreso Nacional para autorizar las privatizaciones y permitir el despojo y robo de los bienes referidos, así como para llevarse y transferir los fondos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, a favor de las Administradoras de Fondos Previsionales Privados, o también llamadas Agencias Colocadoras de Ahorros Previsionales, ACAPs, de propiedad de los bancos privados, dueños a la vez de la mayoría de los canales de televisión y de paquetes sustantivos de acciones en la prensa escrita!

¡Todos los intentos previos que hicieron en el Congreso Nacional para llevarse los bienes públicos fallaron, porque aunque compraron voluntades nunca obtuvieron los dos tercios de votos de diputados para esa infame y atracadora reforma! ¡Obtenían más de la mitad más uno de los votos, pero nunca alcanzaron a los dos tercios!

¡Para eso convocaron a una Asamblea Nacional que se "autorreguló" aprobando una mayoría simple para sus decisiones del empuñe ilimitado! ¡Ahora debemos aplicarles idéntica medida! ¡Sólo que antes fue para robar, y ahora es para recuperar el patrimonio del pueblo! ¡Antes sólo pudieron ser candidatos los miembros o militantes agachados a los dirigentes de los partidos legales privatizadores; hoy deberían abrirse las puertas para que el pueblo participe y recupere sus bienes!

Cabe destacar que el Art. 181 del texto constitucional vigente hasta el 10 de agosto de 1998 (norma que se soslayó en la Asamblea Vendepatria con complicidad del Congreso encabezado por el PSC y Moeller) establecía respecto a las reformas constitucionales: "Requerirá del voto favorable de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros, en cada debate."

¡Norma que, por supuesto, jamás se aplicó en la Asamblea Nacional de mayoría vendepatria de 1997-1998, y donde las privatizaciones se aprobaron con mayoría simple, con el escandaloso y cómplice silencio de los demás asambleístas! ¡El referido artículo 181 fue letra muerta cuando se trató de despojarle de la riqueza a nuestra nación!

El reconocimiento expreso que los privatizadores no pudieron obtener los dos tercios de los votos de la Asamblea consta en el artículo titulado "Una reflexión final sobre la reforma constitucional", de Osvaldo Hurtado Larrea, Presidente de esa Asamblea, publicado en El Comercio el viernes 29 de mayo de 1998, pág. 3A, así como en las Actas de dicha Asamblea Nacional, que en estricto rigor semántico y cívico debería llamarse Antinacional (porque a esa práctica se ajustó); artículo en el que admite que estos cambios o simples reformas "económicas", "sólo pudieron reunir la mitad más uno de los votos".

¡Para ello convocaron a esa Asamblea Nacional vendepatria! ¡Para quitarle y legalizar el despojo al pueblo del petróleo, gas, minas, telefonía, electricidad, agua potable y de riego, puertos, aeropuertos, carreteras, recursos ictiológicos y pesqueros, entre otros bienes de la nación! ¡Y por el terror de que el pueblo recupere su riqueza se oponen ahora, con los argumentos y pretextos más inverosímiles, a una nueva asamblea nacional!

¡El texto de la supuesta "nueva" Constitución de 1997-1998 se publicaría en el Registro Oficial el 10 de agosto de 1998, día en que ingresó al poder el binomio conformado por los "líderes cristianos" y "orientadores espirituales" Jamil Mahuad Witt y Gustavo Noboa Bejarano; fórmula apoyada precisamente por la alianza de los partidos Democracia Popular Unión Demócrata Cristiana y Partido Social Cristiano, y, según muchas denuncias, con fraude!

¡Había llegado para la antipatria la hora de, aliados como en la Asamblea y como siempre, repartirse la riqueza del país como un pastel! ¡Para ello habían fraguado la Constitución privatizadora y se pusieron de acuerdo con el binomio ungido para repartirse los bienes públicos que todavía no habían devorado por entero en su codicia y gula insaciables!

(¿Creerán estos "seudocristianos", respaldados como siempre por la mayoría de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que es cierta la enseñanza doctrinaria de que "Sin restitución no hay salvación"? ¿Por qué la Iglesia Católica no excomulga a todos los gobernantes atracadores del pueblo que dicen ser parte de su grey? ¿No excomulgarlos no los hace cómplices? ¿O sólo esperan sus diezmos y primicias, que nunca les darán? ¡Tremenda responsabilidad moral, ética y religiosa, al haberlos apoyado políticamente, aunque ahora lo quieran negar! ¿Alguien puede creer que siguen los pasos del Cristo que prefirió y defendió a los pobres? ¿No decían que no se puede servir a dos señores? ¡Algunos arzobispos y obispos van a tener que revisar o aprender el Evangelio!)

¡He allí el origen y la verdadera esencia de la "asamblea nacional" de mayoría vendepatria de 1997-1998, donde unos asambleistas organizaron el más grande atraco de la vida republicana, mediante la privatización y despojo de toda la riqueza nacional, empezando por los bienes no renovables como el petróleo, las minas y el gas!

¡Frente a esa Asamblea Nacional del atraco y del robo de la riqueza del pueblo, debemos pelear para ser mayoría absoluta en una nueva asamblea, pero esta para recuperar el patrimonio social y nacional! ¡Por ello resulta indispensable derrotar a todos los partidos y políticos privatizadores y vendepatria!

¡El pueblo debe comprender que recuperar la riqueza nacional significa disponer de escuelas, colegios, universidades, hospitales, bien dotados y gratuitos! ¡Entraña tener recursos para el desarrollo productivo, para cultura, para deporte, para vivienda y carreteras, para desarrollar una red de ferrocarriles e impulsar la creación de una flota pesquera nacional, disponer de dinero para impulsar el desarrollo de la investigación, la ciencia y la técnica entre otras tantísimas posibilidades!

¡Para ello solo deben ser electos los candidatos comprometidos de manera pública y solemne para recuperar la riqueza nacional! ¡Solo por reservas petroleras ya entregadas a las multinacionales, en cálculo de 30 dólares por barril, se calcula que el país habría perdido más de 200.000 (doscientos mil) millones de dólares en transferencias ya realizadas! ¡El petróleo debe nacionalizarse como lo hizo Venezuela y Bolivia, y deben ser enjuiciados los responsables de este infame atraco concertado! ¡No puede haber ciudadano sin ley! ¡El que la hace la paga, sin excepción alguna! ¡Los delincuentes comunes son niños de seno al lado de los privatizadores de cientos de miles de millones de dólares del pueblo! ¡No cabe inmunidad para los saqueadores y traidores a la patria!

¡Deberían desaparecer de la faz de la república los partidos privatizadores y saqueadores de nuestra pobre nación, pues este proceder depredador de la riqueza nacional fue otro de los preludios de la diáspora de millones de compatriotas que se fueron de la tierra de sus mayores -quedando sus hijos en el abandono-, para no morirse de hambre, a países ajenos donde los segregan y maltratan!

¡Todas estas infamias tienen culpables y los irredentos de la tierra y sangre de Rumiñahui, Atahualpa, Quisquis, Calucuchima, Duma, Eugenio Espejo, Manuela Sáenz, Manuela Cañizares, Abdón Calderón Garaicoa, Fernando Daquilema, Juan Montalvo Fiallos, Eloy Alfaro delgado, Luis Vargas Torres, José Peralta, Nicolas Infante Díaz Alejo Saes, Manuel Guamán, José Morocho, Dolores Cacuango, Pío Jaramillo Alvarado, Nela Martínez Espinosa, Manuel Agustín Aguirre Ríos, Telmo Hidalgo Díaz, Eduardo Flores Torres, Milton Reyes, Rafael Brito Mendoza, José Moncada Sánchez, Luis Roberto Bravo González, de las víctimas del 15 de noviembre de 1922, del 28 de mayo de 1944, del 18 de octubre de 1977, y miles y miles de patriotas insignes, claman justicia al cielo por tanta iniquidad!

¡Esa es la verdad y el pueblo tiene todo el derecho a saber el origen de su tragedia! ¡Sus mares de angustia y los ríos de lágrimas de nuestra gente humilde, sangre de nuestra sangre, carne de nuestra carne, huesos de nuestros huesos, nostalgia de nuestras nostalgias, no pueden quedar en el olvido y en la impunidad! ¡Nadie puede tener corona menos para robar el patrimonio público y matar con las políticas genocidas del fondo monetario internacional y del banco mundial a una nación entera!

¡El peor castigo para todos estos verdugos es recuperar para el pueblo su riqueza y el derecho a manejar el país sin las mafias organizadas para saquearla y someterla al dominio colonial extranjero! ¡Por eso ahora existen perversos que buscan impedir el avance de los pobres y excluidos que suman millones incontables dentro y fuera de este ecuador crucificado pero que anhela resucitar!

¡Tiempo habrá para juzgar a quienes actuaron infamemente en contra de nuestra patria o se silenciaron ante la monstruosidad que se estaba fraguando y se había cometido! ¡los nombres y apellidos de los despojadores, así como los partidos políticos a los que pertenecían, deben ser divulgados en campos y ciudades, calles y plazas, selvas y sabanas, montañas y collados, ríos y mares, cielo y tierra, en todo sitio, dentro y fuera de la historia, para el cabal conocimiento ciudadano!

¡Ese también debería ser el mayor castigo para los encubridores silenciosos, corresponsables por omisión de la tragedia y el genocidio de una nación humilde que perece de necesidad y mira adolorida el destino triste de sus hijos en todos los confines de la tierra donde son segregados y humillados!

¡Cristo decía que se debía mostrar la otra mejilla, pero no se puede mostrar otra alma, y el mismo tomó el látigo para sacar a los mercaderes del templo! ¡A pedro no le dijo en Getsemaní, cuando le cortó la oreja a Malco, el siervo de Poncio Pilatos, que arroje la espada, sino que la guarde, y solo se guarda lo que puede ser útil y necesario! ¡Ningún perdón para los verdugos de la patria, responsables de la mayor diáspora que ha conocido la humanidad, salidos de un país que dispone de todas las maravillas y riquezas para ser un paraíso!

3. Oligarca que no roba peca: "empuñen lo que puedan"

No sólo que eliminaron el texto del artículo 61 referido, y que aprobó masivamente el pueblo en las urnas el 15 de enero de 1978, sino que se confabularon para autorizar en forma expresa el mafioso atraco del petróleo, al autorizar que vaya a manos privadas según consta ahora en el artículo 247, inciso segundo, de la actual Constitución, donde determinaron que su explotación, refinación y comercialización, pueden hacerlo las compañías privadas "de acuerdo a la ley".

¿De acuerdo a qué ley? A la Ley de Modernización del Estado (publicada en el Registro Oficial 349, del viernes 31 de diciembre de 1993), en cuyo Art. 6 se permitía y permite inconstitucionalmente que la exploración, explotación, refinación y comercialización del petróleo y sus derivados sea entregada a empresas PRIVADAS! Así, con este nuevo texto "constitucional", mandaron la mayor parte de las reservas petroleras de la República, a manos privadas, sobre todo de las multinacionales, "de acuerdo a la ley". ¡Para eso eliminaron, en forma planificada y concertada, el texto del Art. 61 de la Constitución, al que hacíamos referencia!

¿Y en qué parte de la Constitución reformada en 1998 se permite la apropiación de servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento, fuerza eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, facilidades portuarias, esto es puertos, aeropuertos, carreteras y otros bienes nacionales?

En el Art. 249 de la actual Constitución, en cuyo primer inciso existe una parte "propositiva", para "dorar la píldora" y que dice:

"Será responsabilidad del Estado la provisión de servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento, fuerza eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, facilidades portuarias y otros de naturaleza similar." Hasta allí todo en aparente regla.

Pero acto seguido vuelven a colocar el cianuro en el condimento, al agregar en forma textual: "Podrá prestarlos directamente o por delegación a empresas mixtas o privadas, mediante concesión, asociación, capitalización, traspaso de la propiedad accionaria o cualquier otra forma contractual, de acuerdo con la ley."

¿De acuerdo a qué ley? ¡A la misma Ley de Modernización del Estado, que permite, en su mismo artículo 6, que la generación y distribución de electricidad, las telecomunicaciones y el agua puedan ir a manos privadas!

En el año 2000, estas permisibilidades privatizadoras se reforzarían, con la expedición de las leyes Trole 1 y Trole 2, en la gestión de los hermanos Gustavo y Ricardo Noboa Bejarano, con el apoyo de los mismos partidos encabezados por el PSC, DP-UDC, FRA, conservadores, y algunos diputados de la llamada "centro izquierda". (Leyes que analizaremos en un artículo especial, y donde también reforzaron las privatizaciones "de acuerdo con la ley", en base a la frase que consta en los artículos 247 y 249 de la Constitución Política de la República.)

Pero además ¿qué significa "traspaso de propiedad accionaria"? ¡Venta, cambio de dueño, transferencia de dominio! ¡Para el pueblo eso significaba y entraña la pérdida de su propiedad y patrimonio más valioso y rentable!

¡Por ello ese puñado de asambleístas vendepatrias, agazapados en gavilla como delincuentes y truhanes refugiados en Sangolquí, jamás aceptaron que sus reformas para el despojo y el latrocinio sean ratificadas por el pueblo! ¡Es que sabían que la nación entera, si se percataba de sus mañoserías, les iba a decir alto despojadores, alto ladrones, alto atracadores, alto miserables, alto traidores, alto vendepatrias, alto atrasapueblos!

¿Y cuál es la forma contractual más común en la legislación ecuatoriana, como también reza el misma artículo 249 ya transcrito? ¡La compra-venta! Se compra y vende un carro, una casa, una villa, un solar, y ahora, con esta Constitución de 1998 alabada sólo por sus beneficiarios y aprovechadores, se autoriza la entrega y transferencia de todos los bienes públicos que antes eran "patrimonio EXCLUSIVO del Estado" a manos privadas y de las multinacionales con estas modalidades establecidas en la misma Constitución!

Recordemos que solo en el caso de la transferencia de reservas petroleras, y cuando el precio del barril de crudo estaba en 30 dólares, se estimaba que sólo en cesión de reservas hidrocarburíferas el Ecuador perdería más de 200.000 millones de dólares. ¡Esto es cuarenta veces los 5.000 millones de dólares del salvataje bancario en su monto inicial! ¡Y sólo por reservas petroleras y a ese precio!

¡Todo esto sin contar el monto de pérdidas fiscales en telefonía fija, móvil o celular (mil trescientos millones de dólares al año, según los ingresos de las telefónicas en el año 2006, conforme lo publica diario El Comercio, del lunes 1 de enero del 2007, pág. 7, cuarta columna), empresas generadoras y distribuidoras de electricidad, agua potable y de riego, puertos, aeropuertos, carreteras, entre otros aspectos, que serán analizados en esta serie de formación popular!

Y como si aquel entreguismo escandaloso no fuese suficiente, para asegurar bien el robo, en ese mismo artículo 249, al final del mismo primer inciso, agregaron una frase o puñalada artera por la espalda del pueblo: "Las condiciones contractuales acordadas no podrán modificarse unilateralmente por leyes u otras disposiciones."

Es decir que aunque se descubra que las condiciones contractuales de dichas transferencias, privatizaciones o concesiones, fueron dolosas y son lesivas al país, y que incluso se demuestre que constituyen un verdadero atraco descarado a la República, nadie, absolutamente nadie, podría cambiar las condiciones de ese eventual latrocinio, porque las "condiciones contractuales acordadas no podrán modificarse unilateralmente por leyes u otras disposiciones"! ¡Una prescripción constitucional para el pillaje garantizado! ¡Y todavía tienen la desvergüenza de haberse llamado "representantes populares" estos viles traidores, alfiles de las multinacionales, auténticos representantes ANTIPOPULARES, a quienes se les debería despojar de la nacionalidad ecuatoriana!

¡A este entreguismo infame y complicidad de empuñe delincuencial espantoso llamarían seguridad jurídica!

Pero ¿Qué se podía esperar de partidos y políticos vendepatria? ¡Que vendan la Patria! Bien dice el Evangelio que no se pueden sacar peras del olmo, higos de los abrojos, ni rosas de los espinos! "¡Por sus obras los conoceréis!", lo manifiesta el propio Cristo!

¡Allí el origen para que en la actualidad, desde el régimen de Jamil Mahauad Witt, Gustavo y Ricardo Noboa Bejarano, Lucio Gutiérrez Borbúa y Alfredo Palacio González cerca del 65% de todas las reservas probadas del petróleo y otros bienes públicos se hayan transferido a manos de compañías extranjeras! No olvidemos, por ejemplo, que el campo 15, de la provincia de Orellana, que estuvo en manos de la Occidental Petroleum Company (OXY), de la que extraían 110.000 barriles diarios que pertenecen a nuestro pueblo, se entregó el 21 de mayo de 1999, esto es después de las reformas de la Asamblea Constituyente de 1997-1998.

¡En el ecuador los peores delincuentes no llegan a la planta del pie de sus políticos oligarcas! ¡Las privatizaciones son el más colosal robo que se ha consumado contra nuestra pobre nación desamparada, al quitarle todo su patrimonio social y nacional! ¡Por eso hemos sostenido y estamos convencidos que oligarca que no roba peca! ¡Así se están llevando el petróleo, las minas, el gas, el agua potable y de riego, los puertos, los aeropuertos, las carreteras, la riqueza ictiológica y pesquera! ¡ni las temibles langostas bíblicas asolaban los campos de Palestina con tanta fiereza y apetitos tan insaciables y desenfrenados como lo hace la oligarquía ecuatoriana en asocio de los grandes círculos financieros nacionales y extranjeros y las multinacionales!

Recordemos que en Iraq, para intentar robarse su petróleo, actuaron las aviaciones y marinas piratas de varios países encabezados por los regímenes ladrones de EE. UU. e Inglaterra, esto es de George W. Bush y Tony Blair, desatando un genocidio espantoso, que la propia ONU calcula ya en 655.000 iraquíes asesinados! ¡En el ecuador no hace falta un solo tiro con la clase política oligárquica y ratera que nos agobia! ¡La lacayuna casta dominante de este país es tan rastrera que hasta intenta adivinar que quisieran llevarse sus amos para entregarla a cambio de una propina, una migaja caída de su mesa o una palmada servil en sus espaldas pletóricas de indignidad y traición!

4. ¡Un candado para robar!

En todo el mundo el candado es sinónimo de seguridad. Se coloca un candado en una puerta, en un edificio, en un baúl, o en una cadena, para que los ladrones no dispongan de facilidades para el robo. Eso en cualquier rincón del planeta, pero no para la oligarquía ecuatoriana o sus sirvientes que controlaron la mayoría de la Asamblea Nacional Vendepatria de 1997-1998, donde se puso un candado pero para garantizar el despojo y atraco de los bienes nacionales. ¡Aquí se inventaron un "candado jurídico", para inviabilizar e impedir durante varios años cualquier reforma a su "Constitución" que pueda intentar frenar el saqueo y la privatización! ¡Un candado para que nadie cambie las normas jurídicas constitucionales hasta consumar el pillaje y la depredación!

¡El Ecuador dispone del único candado del mundo que sirve para robar! ¡Un candado que impide que el dueño, el pueblo ecuatoriano, pueda recuperar su patrimonio social y nacional sustraído! ¡Y a los hechores de esta fechoría de la peor calaña ciertos medios de comunicación los presentaron como "grandes constitucionalistas"! ¡Delincuentes que afrentarían hasta las peores mazmorras del planeta!

¡Por eso decimos y lo proclamamos públicamente a la conciencia de la república que frente a la asamblea nacional de mayoría vendepatria es indispensable convocar sin trampas a la asamblea nacional constituyente de mayoría popular para recuperar la riqueza y soberanía de la nación! ¡Y si este gobierno traiciona las esperanzas populares habrá que pasar sobre él y sus eventuales inconsecuencias para seguir luchando en forma indeclinable hasta recuperar la riqueza nacional!

¡Grande es la responsabilidad histórica del ciudadano Rafael Correa que ofreció trabajar para la realización de una Asamblea Nacional Constituyente con plenos poderes y con auténtica representación del pueblo, motivo central para haber ganado las elecciones y ser el actual presidente de la república, si acaso no cumple su palabra empeñada! ¡El pueblo quiere el cambio y lo apoyará generosa y abnegadamente en este empeño específico, del mismo modo que jamás perdonaría una nueva traición a sus anhelos y esperanzas! ¡La nación entera está en expectativa de un eventual cambio en forma pacífica, seguro, además, que cambio habrá con cualquier método si acaso una vez más le defraudan!

El nuevo gobierno no debe impedir la participación del pueblo con requisitos y condiciones difíciles de cumplir. Se necesitan siquiera 70 asambleístas de extracción popular si se va a conformar una asamblea de 130 miembros. Lo ideal sería disponer de cuando menos 100 de los 130 asambleístas, para cuyo efecto se necesitará, en forma probable, tener al menos 150 candidatos populares con posibilidades de triunfo.

¡Si se pretende imponer el uno por ciento de firmas de apoyo para cada candidato (con el absurdo e idiota argumento que no deben haber muchos candidatos) no habrán ni 50 candidatos del pueblo y la Asamblea será abortada para los intereses populares y nacionales! ¡Toda maniobra antidemocrática el pueblo lo entendería como una traición! ¡Impedir las candidaturas del pueblo es garantizar el triunfo de la plutocracia cleptómana!

¡Convocar a una Asamblea Nacional sin asegurar los mecanismos idóneos y democráticos para obtener en forma transparente una mayoría popular y anticolonialista absoluta sería la más grande ingenuidad e irresponsabilidad histórica!

¡El verdadero punto crucial que definirá los tipos de asambleístas será su apoyo o no, sin mediatintas, a la recuperación absoluta de los bienes públicos y al patrimonio social y nacional de la república! ¡Este es el aspecto central que definirá el Ecuador del porvenir! ¡O su riqueza maneja el pueblo, su único y auténtico dueño, o se deja que un puñado de gángsteres colonialistas asociados a las multinacionales prosigan en el ilimitado saqueo de la patria y entrega de su soberanía nacional!

Sería ideal, además, que la coordinadora patriótica, o como se llame (constituida con la convergencia de varias fuerzas limpias y honestas) esté conformada por todos los candidatos que están de acuerdo con desaparecer las privatizaciones y recuperar el patrimonio social y nacional, restablecer la soberanía nacional y fumigar a la mafiocracia partidocrática, mediante el compromiso público y notariado de su palabra empeñada para apoyar textos concretos para que esos objetivos sean alcanzados dentro de la Asamblea!

¡Ya no más trampas ni subterfugios! ¡Basta de robos y de candidatos embusteros y farsantes! ¡El que no desea apoyar ni comprometerse en esta lucha titánica del pueblo para recuperar la riqueza social y la soberanía nacional quedará develado ante las masas y la historia! ¡Así de simple!

Recordemos lo que decía el libertador Simón Bolívar: "no seamos más tiempo la burla de estos miserables que sólo son superiores a nosotros en maldad; si ellos nos parecen grandes es porque estamos arrodillados."

5. ¿Qué hacer? ¡Propuestas concretas!

Los miembros del Movimiento Socialista Bolivariano, MSB, proponemos a la conciencia nacional, en esta materia y con estos antecedentes, los siguientes textos de artículos constitucionales, entre otros, que merecerían ser discutidos o aprobados:

Primero:

A la vez que deberían eliminarse los actuales artículos privatizadores 247 y 249, entre otros, de esta Constitución Vendepatria (en el marco de elaborar otra Constitución que reivindique la Soberanía Nacional y la recuperación del patrimonio social y nacional), deberían aprobarse otros cuyo borrador para la discusión sugerimos:

"El pueblo ecuatoriano recupera para sí la propiedad absoluta y exclusiva, así como la titularidad patrimonial inalienable e intransferible del petróleo, minas y gas ubicados en el territorio de la República y en sus aguas territoriales, así como la electricidad, telefonía, biodiversidad, agua potable, agua de riego, ríos, vertientes, riberas y playas, puertos, aeropuertos y carreteras de todo el país. El pueblo ecuatoriano proclama y reivindica para sí toda la riqueza ictiológica y pesquera ubicada en sus aguas territoriales y la declara patrimonio alimenticio irrenunciable y exclusivo de su nación."

Segundo:

Los partidos políticos legales deberían perder de manera definitiva su personería jurídica (desaparecer) si se verifica que dirigentes de los mismos se han beneficiado con la privatización o concesión de bienes patrimoniales fiscales. En otras palabras, si los dirigentes de los partidos políticos, usufructuaron o lucran de las privatizaciones o concesiones apoyadas por sus diputados o asambleístas subordinados. La propuesta jurídica o constitucional podría decir (quizá como transitoria):

"Los partidos políticos cuyos dirigentes, o sus parientes en cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hubiesen adquirido por si mismos o por interpuesta persona natural o jurídica, la propiedad de todo o una parte de cualquier bien público privatizado, o entregado en concesión, perderán sin más trámite su personería jurídica, la misma que no podrá recuperarse por ninguna acción legal y ni siquiera con la interposición de un recurso de amparo."

Tercero:

Los muy "vivos" o "vivísimos" no deberían ser candidatos a ninguna representación de elección popular; para cuyo efecto un posible texto podría decir:

"No podrán ser candidatos a ninguna representación popular quienes se hubiesen favorecido o lucrado del proceso de sucretización, dolarización, atraco o salvataje bancario, privatizaciones o concesiones del patrimonio público, así como hubiesen sido sancionados por peculado, representen o hubiesen representado a empresas multinacionales o se hubiesen desempeñado como funcionarios de organismos multilaterales de crédito o supervisión financiera del país. Si algún ciudadano incurso en estas circunstancias anotadas se hallase en funciones de elección popular dentro del Estado perderá dicha representación de manera inmediata, debiendo la Contraloría glosar los recursos de quienes por acción u omisión hubiesen autorizado o consentido el pago o pagado haberes a quienes se encuentren incursos en la situación antes determinada."

¡El pueblo tiene la palabra!

Quito, febrero del 2007.

Diego C. Delgado Jara
Profesor de Derecho Económico de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Cuenca, y del Instituto Superior de Ciencias Internacionales de la Universidad Central del Ecuador; colaborador de Altercom; ex legislador; autor de 26 publicaciones y dirigente del Movimiento Socialista Bolivariano, MSB.

NOTA: Este artículo forma parte de una serie que busca armar de argumentos al pueblo ecuatoriano. Todos los análisis, sustentados en la verdad desenmascaradora de la colosal desinformación a la que se ha sometido al pueblo ecuatoriano en los últimos lustros, tienen propuestas de artículos específicos para la expedición de una NUEVA Constitución Política. Se encarece brindar la más amplia difusión posible por obvios motivos.