I ¿El turno del saqueo minero?

 El Ecuador ha sido un país al que en la división internacional del trabajo han pretendido asignarle, por turnos, distintas tareas de monoproductor. Es así como ha sido, por épocas, desde generador de metales valiosos (obtenido sobre todo en lavaderos en los ríos) y la cascarilla, en la colonia, hasta arroz, cacao, balsa, banano y petróleo, en la República.

 Por supuesto que también han estado presentes grandes multinacionales en la conducción y el usufructo de estos negocios. La United Fruit Company siempre estuvo presente en el negocio de la fruta, la Texaco Gulf y otras en el manejo petrolero. Incluso ha existido minería a espaldas y sin beneficio para el país, como por ejemplo en la primera mitad del siglo XX la gran usufructuaria de las minas de Portovelo y Zaruma, con nulos beneficios para la República, fue la South American Development Co.

Siempre ha sido así. Nuestra nación ha sido la dueña teórica de la riqueza, pero la oligarquía, aliada y cómplice de las multinacionales, han entregado a éstas el usufructo y la ganancia indispensable para nuestro desarrollo, vigorizamiento productivo y bienestar social. Como señala Eduardo Galeano, hemos sido los dueños de la vaca pero la han ordeñado otras manos que no son las de su dueño..

 Igual ha sucedido con el Perú, que también ha llegado a la minería luego de pasar desde el guano en el siglo XIX hasta el pescado y harina de pescado en el XX. Brasil ha tenido una experiencia semejante, desde el caucho, el azúcar, la madera y el café. Chile tiene ahora, como elemento básico, el cobre, como Colombia ha privilegiado el café. Es el mercado internacional y los intereses de codicia insaciable de las grandes corporaciones los que deciden la explotación por turnos de nuestra riqueza, donde quienes jamás han visto ningún beneficio son las poblaciones dueñas de semejante patrimonio que es administrado y concesionado por el poder político oligárquico de turno, a espaldas de los intereses nacionales y populares.

 Pero ¿por qué ahora existe la premura y frenesí por la minería a cualquier costa, privilegiado métodos extractivistas y una explotación irreparable a cielo abierto, altamente contaminante? Porque las reservas del petróleo han disminuido a tal extremo que el propio informe sobre la materia ordenado por el vicepresidente del EEUU Dick Cheney sugiere que, con las actuales existencias probadas, seríamos exportadores de crudo por un lapso que podría no superar, a ritmos crecientes de extracción, los diez años. ¿De dónde extraer entonces más dinero y en muy apreciables volúmenes? De la minería, ahora a explotarse en forma intensiva, como se está impulsando en los países vecinos. Ante un apetitoso, jugoso y colosal bocado (como les interesa presentar a los interesados las reservas de nuestro país), las mismas multinacionales, con el entusiasta empeño oficial, han “echado el ojo” a estos recursos muy importantes y que han permanecido millones de años en sus entrañas de nuestro territorio nacional.

 Es más, respecto a este panorama, así lo reconoció de manera expresa el entonces ministro de Minas y Petróleo Galo Chiriboga, en la revista Vistazo, del 3 de abril del 2008, pág. 18, cuando él afirmó, al parecer de modo muy optimista: “La vida útil del petróleo no superará los 25 años y la bonanza de los precios es una boya peligrosa para sustentar el gasto fiscal … el país apuesta a la extracción minera como la nueva fuente de riqueza post petrolera.”

 La misma publicación indica: “Según Galo Chiriboga, el país ha recibido apenas 25 millones por concepto de patentes y regalías del sector minero desde 1999. Actualmente, el 12 por ciento del territorio ecuatoriano (tres millones de hectáreas) está concesionado. Las primeras concesiones datan de hace 17 años.”

 Es pues la necesidad del régimen de disponer de recursos, asociada a los anhelos desembozados de inmensas ganancias de las grandes corporaciones de la minería, a cualquier costo ambiental, los ejes de esta desaforada codicia anunciada, cuyo mayor propagandista y vocero es el propio Presidente de la República, cuando incluso su propia voz es utilizada en las propagandas de cuñas radiales en todo el sur del país, en frases en las que advierte amenazante a los “seis pelagatos” que, según él y las compañías transnacionales, “se oponen al desarrollo nacional”, en cuñas patrocinadas por los interesados en el usufructo de este negocio.

 No hace falta ser brujos refinados, poseer singulares dones proféticos, estar dotados de los misteriosos poderes insondables de famosas profecías, ni disponer de los sobrenaturales dones de los clarividentes, para nombrar a las principales multinacionales interesadas en “hacer el favor” de llevarse esta “riqueza ociosa” cuyo volumen parecería inflado de modo previsible y por evidentes motivos justificatorios: Ecuacorriente, Dinasty Metals & Mining, Goldmarca, Internacional Minerals Corporation, IAMGold, Cornestone Elipe, Ascendant Cooper, Aurelian Resources y Kinross. Es más, el proyecto de Ley de Minería está orientado, de manera básica, a regular sus actividades. Pueden camuflar con todos los adornos jurídicos inimaginables e incorporar sugestivas redacciones en varios artículos, pero lo medular será precautelado a toda costa: garantizar el acceso, explotación y usufructo del patrimonio minero a favor de las grandes multinacionales!

 ¡Esa ha sido la manifiesta voluntad del régimen, e incluso antes de presentar el proyecto de ley en forma oficial ya tronaba como Júpiter tonante ante el surgimiento de eventuales opositores!

 Lo que la mayoría de ecuatorianos desconoce, por ejemplo, es que la antigua Ley de Minería, precedente y soporte de la que se está discutiendo, se realizó con un préstamo del Banco Mundial, de código PRODEMINCA-BIRF-3655, por cerca de 14 millones de dólares, que los pagó el pueblo ecuatoriano como parte de su deuda externa, y que serviría para desarrollar normas “para permitir actividades mineras a gran escala en áreas protegidas y territorios ancestrales”, así como para impulsar reformas que atropellaran los derechos colectivos de los pueblos indígenas (Acuerdo 169 de la OIT y reconocidos por la Constitución de 1998), como sucedió además, con reformas o refuerzos establecidos en la Ley para la Promoción de la Inversión y la Participación Ciudadana (Trole II), y el Reglamento Ambiental Minero, que transgredían expresas normas y garantías constitucionales, conforme incluso consta una relación breve en el Informe Final de la Auditoría Integral de la Deuda Externa (CAIC), en su pág. 96.

 Debemos recordar, así mismo, de cómo en el régimen de Mahauad, como parte de una estrategia global de rapiña ilimitada de recursos naturales, por presión del mismo Banco Mundial, prácticamente desapareció el CODIGEM, en función de “modernizar” el Estado, y que tenía a su cargo el catastro minero nacional, y cuyos sensibles datos se entregaron de manera escandalosa a las multinacionales mineras para precisar sus espacios de mayor codicia y depredación dentro del territorio nacional.

Las multinacionales han hecho siempre su auténtica y regalada gana en el país. Lo que llama cada vez menos la atención es que ahora se lo hace, con bombos de ilusión y platillos de disimulo, a nombre de una “revolución ciudadana” inexistente, de un “socialismo del Siglo XXI” de esencia antisocialista y procapitalista, de continua entrega de recursos naturales no renovables a favor de las multinacionales, caso del petróleo y de la minería.

Pero no solo se entregan los recursos nacionales no renovables sino los servicios públicos más rentables y lucrativos, como sucede con la telefonía celular, que se vuelve a entregar a las mismas multinacionales que han manejado semejante negocio tan lucrativo desde lustros atrás (con ingresos que fácilmente podrían superar los 1.500 millones de dólares al año) con tres diferencias: la primera, que en 1993 ni Sixto Durán Ballén ni Alberto Dahik Garzozi sabían el monto a obtenerse de las ganancias de su manejo, como ahora si se lo conoce; segundo, que ahora disponen en forma adicional de la banda de 1.900 MHz que permite la transmisión no solo de la voz sino de imágenes, de sistemas audiovisuales, entre otros aspectos, todo ello a cambio de derechos de uso o regalías que quizá podrían llegar al un treintavo de los beneficios a obtenerse; y, tercero, que esa misma conducta entreguista, antes definida como parte de “la larga y triste noche neoliberal” por el Presidente Correa, ahora, resultando idéntica, se la bautiza como “revolución ciudadana”!