“Un político piensa en la próxima elección; un hombre de Estado piensa en la próxima generación”. A dos años de la Ley de Justicia y Paz se mantiene el debate sobre sí delitos políticos (sedición) o delito común. Se conserva el enigma que ha marcado estos dos años y este proceso denominado equívocamente “de paz”. La verdad alrededor del proceso de desmovilización de las AUC está tan confusa que ni siquiera sabemos cuáles fueron los compromisos del gobierno nacional con los comandantes de la AUC para lograr su desarme y sometimiento a la justicia. ¿Pactos y negociaciones por debajo de la mesa? O qué explica que ni paramilitares ni gobierno acepten la jurisprudencia que sobre el marco jurídico para la desmovilización promulga la Corte Suprema de Justicia. Qué ratifica y profundiza lo ya sentenciado por la Corte Constitucional en su momento a propósito de la Ley 975.

El gobierno no podía asumir compromisos que no estaban en sus manos sino en el aparato judicial. Es a los jueces a quienes corresponde calificar y pronunciarse sobre la ley. Extralimitación de funciones. Más grave aún, este es un asunto profundo y para entenderlo no hay que olvidar el recorrido y trasegar del debate y sus diversas posturas y protagonistas. Hoy tenemos una Ley de Justicia y Paz que se debatió en contraste con un proyecto de ley de verdad, justicia y reparación que fue ampliamente derrotado en el Congreso de la República por las mayorías uribistas. En su paso por la Corte constitucional la llamada “ley de impunidad” retoma algunos elementos de la propuesta del proyecto de ley de verdad, justicia y reparación que había sido rechazado en el Congreso.1

Alrededor de esta discusión se debatieron dos posturas, una desde el gobierno que afirmaba que en este país no existe un conflicto armado interno y en cambio lo que caracteriza son acciones terroristas y otra que si reconoce no sólo el conflicto armado, sino sus causas históricas, sociales y estructurales, y sus consecuencias. Reconocerle estatus político (Sedición 2) a los paramilitares es reconocer la existencia del conflicto. Son evidentes las contradicciones y los acomodos a las circunstancias políticas y a los compromisos privados. Los paramilitares demuestran nuevamente que con el desarme y desmovilización no ha desaparecido la cultura de la ilegalidad. Se burlan de la ley y de las sentencias de las cortes. El gobierno nacional es complaciente con esa actitud frente a la normatividad. El proceso no se ha regido por la ley, sino por el afán de evadir la verdad, la justicia y la reparación. El tire y afloje ha sido un recurso permanente en sus manos.

La cultura de la ilegalidad continúa al frente del proceso como si nada hubiera cambiado con la desmovilización. Persiste la actitud delincuencial y en últimas criminal. Ello, no genera confianza en la sociedad frente al proceso, que no tiene, por tanto, acompañamiento social. Gran vulnerabilidad.

¿Será que a los paramilitares les interesa más, por conveniencia, un pacto con Estados Unidos que con el gobierno de Colombia? Con el gobierno del norte se negocian rutas, conexiones y plata. No es necesario confesar la verdad sobre crímenes atroces, ni reparar a las víctimas. ¿Los comandantes paras le han perdido el miedo a la extradición? ¿Le temen más a la verdad y a la reparación? Sobre todo adportas de un debate electoral, ¿Será que hay que proteger de la opinión pública a algunos amigos políticos con aspiraciones electorales que han tenido y mantienen vínculos y compromisos? Todo esto debilita la capacidad de negociación del gobierno frente a los comandantes desmovilizados. Pierde autoridad y el camino que le queda para no reconocer el fracaso del proceso es la complacencia y la complicidad que conducen indudablemente a la impunidad y a que se continúe privilegiando a los victimarios y sacrificando y/o invisibilizando a las víctimas.

El proceso está en una encrucijada porque la justicia cojea, pero mucho. Al ritmo que llevamos será imposible ejercer la justicia por incapacidad de la misma: de alrededor de 2400 desmovilizados pendientes de judicialización tan solo 24 han rendido versión libre. O sea que la impunidad es una seria amenaza no solo por la actitud despreciativa de la ley por parte de los comandantes, sino también por la impotencia de la justicia para actuar. La nueva crisis de quiebre del proceso ocurre en momentos en que se reconoce el rearme de nuevos o viejos grupos emergentes, orientados fundamentalmente a asumir el control de territorios y de corredores para el tráfico y el narcotráfico. Grupos compuestos en un alto porcentaje por desmovilizados incumplidores de compromisos y por paramilitares que jamás se desmovilizaron. Con la complacencia y complicidad de un gobierno que no asume responsabilidades políticas. O sea que el agrietamiento del proceso ocurre cuando se demuestra que con la desmovilización no se acabó el paramilitarismo, es decir, no se desmontaron las estructuras económicas y militares. Por lo tanto en esas condiciones ¿Se justifica sacrificar el ordenamiento jurídico del país, soporte de la cohesión de la sociedad colombiana, por garantizarle impunidad a un grupo de personas, sin exigirle garantías de no repetición, reparación integral, verdad y algo de justicia? Lo mínimo es acatar las reglas de juego establecidas en la Ley 975, que debe entenderse como la ley tal como salió de la Corte Constitucional ¿O es que no son públicos los acuerdos reales?

Notas

(1) Me refiero al proyecto presentado por el Senador Rafael Pardo y los congresistas Gina Parody, Luis Fernando Velasco, Wilson Borja y Andrés González.

(2) Sedición, delito contra la seguridad interior del Estado consistente en una sublevación o levantamiento público y tumultuario dirigido a lograr una transformación en el orden interno.


Patricia Fernández Correa
Directora Regional Antioquia, Corporación Viva la Ciudadanía

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Viva la Ciudadanía

 

http://www.vivalaciudadania.org

semanariovirtual@vivalaciudadania.org