Es hora de un balance parcial de la gestión del Presidente Álvaro Uribe, al cumplirse el primer año de su segundo mandato, y el balance de cinco años de aplicación de una política de seguridad y de tratamiento del conflicto armado.

Frente a lo primero, este gobierno tiene logros parciales. Hay mayor sensación de protección y un ambiente propicio para el desarrollo de negocios, de circulación por las vías principales, de cierta imagen de que hay un Estado apersonado en la protección del ciudadano. Pero esto tiene también otra cara: poblaciones confinadas en las que no pueden entrar alimentos ni medicinas, que padecen los rigores de las enfermedades y la desnutrición, pueblos indígenas y afrocolombianos que siguen sufriendo en sus territorios, el atropello y la criminalización, y la acción de las organizaciones sindicales sigue teniendo como respuesta el asesinato.

Tema preocupante que ha saltado con mucha fuerza en este año es la acción de la fuerza pública, los cuestionamientos a su desempeño, los vínculos con ilegales, el trabajo conjunto con narcotraficantes en el Valle (escándalo de los últimos días), la crisis en la policía por el tema de las interceptaciones a miembros del mismo gobierno, la oposición política y hasta el cuerpo diplomático, situación que fue resuelta con la salida de la institución de gran parte de la cúpula, doce generales, en una acción presidencial, que resiente el funcionamiento de una institución tan clave como lo es la policía. Este conjunto de temas colocan sobre la mesa el control del poder civil sobre el desempeño y formas de actuación de la fuerza pública, tema que ha sido recurrente en la historia contemporánea de Colombia, donde Fuerzas armadas y en menor medida la policía son instituciones con sus propias agendas y énfasis de actuación que no pocas veces van en contravía con las directrices del gobierno civil –-o que otra cosa fue la retoma del Palacio de Justicia, con sus actos criminales, que luego de 22 años están siendo juzgados-- lo cual coloca como tema vigente el aconductamiento de la fuerza pública a unas prácticas normadas por el respeto de los derechos humanos, de la primacía del poder civil y el acatamiento a un ordenamiento jurídico, respetando el estado social de derecho. Este es un punto en el que está por verse el desempeño del gobierno Uribe.

Frente al desmonte del paramilitarismo, luego de una negociación con las AUC, la acción de grupos armados, con presuntos vínculos con la fuerza pública campea por todo el territorio nacional. Son muchas las voces que afirman que hay un proceso de rearme en curso, que la acción conjunta con la fuerza pública es más que evidente –-caso Nariño--. Hecho que coloca como realidad la continuidad de la acción paramilitar, transformada y ajustada a nuevos contextos, pero que aún estamos lejos de afirmar que el capítulo del paramilitarismo está concluido. Además por otra parte, hay crisis en el proceso con la dirigencia paramilitar recluida en la cárcel de Itagüi por que el proceso de justicia y paz está en entredicho, debido a que las posibilidades de lograr verdad, justicia y reparación son precarias, y la intimidación y una operación de encubrimiento de los crímenes y de las propiedades usurpadas está en marcha, hechos que no dan credibilidad ni legitimidad a una negociación parcial y llena de cuestionamientos, todos con asidero. Hay que repensar las formulaciones pertinentes para que se concluya una negociación con la dirigencia paramilitar y lo que representan, pero ajustada a estándares aceptables de la normatividad internacional en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición y está en mora una política para enfrentar este nuevo ciclo de acción paramilitar, que conserva mucho de la tradición de permisibilidad, articulaciones y acción conjunta con instituciones del Estado Colombiano.

Frente a las Farc no hay nada nuevo, se mantiene en la negativa del Presidente a avanzar en la suscripción del acuerdo humanitario que permita el retorno a sus hogares a ciudadanos colombianos que van a completar, algunos de ellos, casi diez años en poder de esta organización. La acción ciudadana se ha revitalizado en los últimos meses como respuesta a los trágicos hechos de la muerte de los diputados del Valle y la formidable iniciativa de un maestro de pueblo, que de manera ejemplar y digna emprendió una travesía que despertó el sentimiento y la solidaridad de la sociedad colombiana frente a este drama, pero la respuesta de gobierno es la misma, hay razones de Estado para no ceder en lo que pretende la guerrilla y lo que ésta pretende es “tomarse una foto”, que la muestre ante Colombia y ante el mundo como una fuerza que sigue allí. Lo que hay de fondo es la pregunta de si luego de cinco años de aplicación de una gran ofensiva contra las Farc, mas allá de contenerlas en sus iniciativa y confinarlas a sus zonas de retaguardia más profundas, lo cual quizás sea un argumento muy cuestionable si se ven las cifras de operatividad de las Farc, se está logrando una derrota estratégica que las lleve a una mesa de capitulación en los próximos tres años. La respuesta que sugiero es que la derrota de las Farc sigue siendo un deseo, una ilusión y una convicción de muchas élites colombianas, respaldadas por millones de colombianos y colombianas, los mismos que han votado masivamente en dos oportunidades por el presidente Álvaro Uribe, pero este deseo, ilusión y convicción está lejos de hacerse realidad porque las Farc son una fuerza organizada, perseverante, con capacidad de actuación, acceso a importantes recursos financieros, y ha mostrado en su ya larga historia una capacidad formidable de adaptación a los cambios, es más, con excesivos niveles de pragmatismo que le han permitido crecer, expandirse y sobrevivir a múltiples operaciones que han buscado su derrota. Entonces, el tema con las Farc está plenamente vigente y ojala, por lo menos sea posible, lograr el acuerdo humanitario.

Y el ELN que quiere ir a una mesa de negociaciones se encuentra con un gobierno que le pide tres condiciones que hacen inviable el desarrollo del proceso: que se concentre, que identifique a la totalidad de sus efectivos, es decir cuántos y quiénes y que afirme y se comprometa con que va a dejar las armas. Tres pretensiones que se asemejan como cuando uno va comprar un carro y el vendedor le dice al cliente que si se quiere sentar en el concesionario a tramitar su compra por favor gire un cheque por el 75% del valor de un vehículo indeterminado y que cuidadito con chistar algo de color, aditamentos y modalidad del contrato, que si está de acuerdo con los requisitos previos, muy bien se puede sentar y que si no, pues difícil sentarse a la negociación.

Estamos lejos de la paz y de la seguridad, pues depende, para unos mucha, para otros alguito y para la mayoría, más bien poco o nada.

Bogotá, agosto 10 de 2007

- Luis Eduardo Celis

Corporación Nuevo Arco Iris

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas
Corporación Viva la Ciudadanía.
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