Colombia

El paramilitarismo sigue vivito y matando

Luís Eduardo Celis Méndez

07/12/2008

Opinión

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El presidente Uribe, ganó la presidencia en el 2002 con el compromiso de combatir todas las ilegalidades, de desmontar el paramilitarismo, de sancionar sus crímenes y no permitir nunca más la arbitrariedad, ni de derechas ni de izquierdas armadas.

El país vivió con expectativa la negociación con las AUC, la organización criminal que campeo en ciudades y campos entre los años de 1997 al 2006, se le adjudicaron dos mil masacres, treinta mil crímenes, haber desplazado dos millones de colombianas y colombianos, haber controlado inmensos territorios; un tercio del Congreso de la República; haberse aliado con políticos para manejar una cuarta parte de las entidades territoriales en las elecciones desde el año 97, ser el mayor cartel de narcotraficantes, en fin, todo un expediente de barbarie, arbitrariedades e ilegalidad.

Supuestamente el paramilitarismo era cosa del pasado, según el compromiso del presidente Uribe cuyo Gobierno adelantó una negociación entre finales del 2002 y mediados del 2006 que dio como resultados la entrega de 30 mil combatientes, 22 mil armas y una Ley, la denominada Ley de justicia y paz, para tramitar graves violaciones a los derechos humanos todo en medio de una expectativa nacional y un seguimiento internacional. Pero un reciente informe presentado por la Corporación Nuevo Arco Iris, y elaborado por el investigador Mauricio Romero, titulado “Bandas criminales: Seguridad Democrática y corrupción” da cuenta de la existencia de 102 grupos que pueden contar con alrededor de 10.200 combatientes y que hacen presencia en 246 municipios de la geografía nacional, realizando cosas muy parecidas a las AUC: matan, roban, intimidan, controlan comunidades, son fuerzas de coerción y por supuesto están ligadas al narcotráfico, entonces, podemos concluir que el paramilitarismo en nuevas expresiones, sigue ahí vivito y matando.

El informe al precisar una caracterización de estos 102 grupos identificados señala: “Los grupos registrados por el Observatorio del Conflicto Armado de la Corporación Nuevo Arco Iris, con base en información del Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, son mucho más pequeños que los antiguos frentes de las AUC, varían significativamente en tamaño de una región a otra, ya no utilizan los nombres de aquellos y no constituyen una organización nacional. Pero son núcleos armados que intimidan y están haciendo daño. Por esto se han constituido en poderes de facto, al igual que sus antecesores de las AUC. Así, mantienen influencia en vías, cruces de carreteras, corredores entre regiones y vigilan flujos de mercancías legales e ilegales, para sólo citar las actividades relativas al narcotráfico. Además, estas agrupaciones ejercen control social y político con diferentes grados de intensidad en una cuarta parte de los municipios del país. Esta situación es contraria a un ideal de sociedad liberal y democrática, derecho de todos los colombianos, como lo promete la propuesta de seguridad del Gobierno.”

En el Gobierno nacional, hay el argumento de que estos grupos ya no son paramilitares, sino meras bandas de narcotraficantes, que en muchos casos están aliados con la guerrilla para trabajar conjuntamente en el narcotráfico, lo cual es cierto, pero como lo señala el informe de Arco Iris: “Este argumento es un sofisma de distracción, no porque no sea cierto. Sino porque oculta una realidad más grave: la corrupción de las instituciones del Estado en los niveles local y regional, incluidos sectores de las Fuerzas Militares y de la policía. La Seguridad Democrática es la propuesta bandera de la actual administración, enfocada hacia la derrota militar de las FARC. Pero no tiene como prioridad fenómenos ilegales como los descritos que están causando tanto daño y dolor. No de otra forma se explica la extensión territorial alcanzada por las actividades de estas redes ilegales durante 2007 y 2008”.

El texto también tiene una reflexión sobre el Estado local, donde ubica una connivencia y complicidad con estas bandas de criminales , lo cual es negado por el Gobierno nacional tratando de “tapar el sol con un dedo”, hay y se mantienen alianzas entre agentes estatales y estas bandas, lo cual es explicado en el informe: “Esa connivencia con la ilegalidad por parte de autoridades locales es, en general, resultado de la pasada colaboración con las AUC, la permanente exposición de los funcionarios de esos niveles a la corrupción de los narcotraficantes; los réditos económicos y de poder que ofrece la tolerancia de fuerzas ilegales y privadas de coerción, tanto para sus operadores directos como para las autoridades que permiten esa situación irregular. De esa ilegalidad no se salvaron ni las elites regionales, como lo han demostrado las investigaciones de la parapolítica. Para el Presidente, esas redes mafiosas regionales asociadas con las AUC y la parapolítica no existieron, desaparecieron con la desmovilización de los frentes paramilitares o se convirtieron por arte de magia en aplicados ciudadanos uribistas”, nuevamente confundiendo la retórica con la realidad.

Este informe es un aporte a un debate nacional en curso, el paramilitarismo no es cosa del pasado, sigue actuando en nuevas realidades nacionales e internacionales, pero lo peor es que actualmente sigue matando, amenazando y controlando muchas funciones de Estado, al igual que ayer.

Las personas interesadas en conocer el informe completo sobre el estado actual del paramilitarismo, al igual que los otros informes que hacen parte del especial “2008 en qué esta la guerra”, pueden consultarlo a partir del 10 de diciembre en la pagina: www.nuevoarcoiris.org.co

Tabla 1: Municipios con actividades de grupos rearmados/emergentes o “bandas criminales”, según departamento y subregión 2007-2008